Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, y Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Carlos Berbell/Yolanda Rodríguez.
Objetivo de Lesmes: Salvar al «soldado» Luis María Díez-Picazo
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22/10/2018 11:30
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Actualizado: 22/10/2018 14:55
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Hoy a las diez de la mañana el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, el vicepresidente del Alto Tribunal, Ángel Juanes, y el propio Luis María Díez-Picazo, está previsto que mantengan una reunión con los componentes de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
Son los autores de la sentencia, conocida el pasado jueves, que dio un giro de 180 grados a la jurisprudencia de la Sala Tercera, estableciendo que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) debían pagarlo los bancos y no los hipotecados, como venía siendo costumbre hasta ahora.
La reunión, según ha hecho saber Lesmes, se celebrará en la Presidencia del Supremo.
El objetivo del presidente es transmitir tranquilidad a todos ellos y ejercer un control de daños adecuado para salvar a Luis María Díez-Picazo, quien, con la convocatoria de un Pleno de la Sala, compuesta por 31 magistrados, a posteriori, después de que se conociera la sentencia ha creado una crisis interna de consecuencias impredecibles que podrían costarle el cargo.
Porque la Presidencia de Díez-Picazo está en tela de juicio al haber tomado una decisión personal, unilateral y no compartida.
Si ahora desconvocara ese Pleno estaría obligado a presentar irremisiblemente la dimisión.
LA SENTENCIA ES FIRME Y EL CAMBIO DE JURISPRUDENCIA TAMBIÉN
Y es que, según explican fuentes jurídicas a Confilegal, «El Pleno de la Sala no puede alzarse ahora en una suerte de tribunal de apelación que ratifique o rechace la sentencia de la Sección Segunda. La sentencia es firme a todos los efectos y eso no se va a cambiar. Y se ha producido ese cambio de sentido en la jurisprudencia. Y eso tampoco se va a cambiar».
A Díez-Picazo se le reprocha internamente no haber sabido desactivar esta crisis.
Primero, porque presidió la Sala de Admisión que admitió el recurso presentado por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, S.A. por entender que tenía interés casacional sobre un tema en el que había jurisprudencia consolidada.
Segundo, porque parece ser que se desentendió del asunto. No le dio importancia al tema del impuesto en las escrituras notariales de préstamo hipotecario. Prueba de ello es que no presidió el tribunal que falló el caso, cuando forma parte de su prerrogativa.
Tercero, porque al desentenderse, y no valorar lo que tenía entre manos, no consultó a los presidentes de las diferentes Secciones que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo con el fin de prever la convocatoria del Pleno, a priori.
UN PLENO FUERA DE TIEMPO
A Díez-Picazo no le gustan los Plenos de la Sala porque duran mucho y porque son impredecibles, de todos es sabido.
Y cuarto, porque al convocar el Pleno de la Sala a posteriori, como ha hecho, pone a sus componentes en un brete ya que no pueden decidir sobre la validez o no de sentencia.
No lo contempla el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que «Podrán ser llamados, para formar Sala, todos los Magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el Presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia».
La convocatoria de dicho Pleno ha sido hecha a destiempo y Lesmes lo sabe, de ahí que ahora le toque intervenir para salvar a su «soldado» Díez-Picazo, a quien colocó él, precisamente, en ese puesto.
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