La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto recurrir ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez de este órgano Santiago Pedraz de archivar provisionalmente la causa en la que se investigaba al expresidente de Banesto, Mario Conde, por supuesto blanqueo de 13 millones de euros que habría repatriado entre 1999 y 2014, por considerar que su investigación no ha podido acreditarlo.
Fuentes del Ministerio Público han señalado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 no se les pidió informe sobre su intención de proceder a este archivo, a lo que se habrían opuesto.
Por ello, tienen previsto presentar su recurso directamente en apelación antes del próximo viernes.
El archivo de la causa contra Mario Conde supone uno de los grandes fracasos de la Fiscalía Anticorrupción después de dos años y medio de instrucción; dos de esos meses los pasó el exbanquero en prisión preventiva.
La Fiscalía Anticorrupción le atribuía un delito de blanqueo de capitales, ocho delitos contra Hacienda Pública por cuotas defraudadas del Impuesto de Sociedades de tres de sus empresas, un delito de organización criminal y un delito continuado de frustración de la ejecución por esa responsabilidad civil que no había abonado.
Sobre el delito de blanqueo, Pedraz señaló en su auto de sobreseimiento que era «fundamental» probar que el dinero aflorado en las cuentas de Conde entre 1999 y 2014 procedía de los fondos que sustrajo de Banesto, como denunciaba la Fiscalía.
Concluyó que no fue así, y que «el dinero no tiene un origen relevante para el proceso pues sería anterior a Banesto».
La instrucción de la denominada ‘Operación Fénix’ se inició en 2016 por un supuesto blanqueo de 2,2 millones de euros, por una parte -a través de ingresos en efectivo- y de 10,7 millones de euros de transferencias en cuentas en el extranjero, por otra.
EL DINERO NO ERA DE BANESTO
En concreto, el auto señala que «no se acredita el origen ilícito del dinero», los 2,2 millones de euros transferidos, al no demostrarse además que proceda de apropiaciones indebidas de las arcas de Banesto», como «tampoco se acredita que el dinero se utilizara para fines distintos de ‘gastos ordinarios de consumo’ (autoblanqueo), como así mantiene la defensa».
En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública, el juez señala que «tampoco puede apreciarse la comisión de delito alguno contra la Hacienda Pública» porque «la documentación remitida por Suiza no puede utilizarse para perseguir delitos tributarios» y porque el perito «afirma categóricamente» que «no se aprecia defraudación tributaria alguna» que supere los 120.000 euros, límite a partir del que se incurre un delito.
Además, los fondos proceden de años cuyos ejercicios fiscales están «superprescritos», como también advirtió el perito, las regularizaciones practicadas a Conde son firmes, así que la Administración no podría modificarlas. Pedraz indicaba también en su auto que los datos de patrimonio de los años 1988 a 1994 «son inamovibles» de modo que no se podría entrar en ninguna consideración «sobre los fondos aflorados posteriormente procedente de tales ejercicios o anteriores».
