José María Ruiz-Mateos insiste en que su padre era el que "mandaba" en todo y que "siempre confiaron" en que tributaban los impuestos conforme a la ley./ EP
Un hijo de Ruiz-Mateos se libra del juicio por estar prescrito el delito y otro niega el presunto fraude
José María-Ruiz Mateos hijo ha asegurado que "desconocía absolutamente" esa operación de compra-venta y que él, en la empresa familiar, solo se dedicaba a "vender chocolates y yogures"
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06/11/2018 17:29
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Actualizado: 06/11/2018 17:36
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Zoilo Ruiz–Mateos, uno de los hijos del empresario fallecido José María Ruiz-Mateos, se ha librado de ir a juicio por un presunto delito fiscal por el que iba a ser juzgado hoy, junto a otro de sus hermanos, José María, al advertir la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid que los hechos de los que le acusaba la Abogacía del Estado están prescritos.
La Abogacía del Estado pedía 3 años y seis meses de prisión.
Zoilo y José María Ruiz-Mateos han compartido banquillo durante algo más de una hora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.
En las cuestiones previas, su abogado ha alegado que el delito correspondiente al ejercicio de 2004 estaba prescrito para ambos, una cuestión que el tribunal ha aceptado sólo respecto a la acusación ejercida contra Zoilo.
Sí ha sido juzgado José María Ruiz-Mateos, que está acusado de presuntamente defraudar junto a su padre 3,3 millones de euros en el ejercicio de 2004.
El fiscal solicita dos años y tres meses de cárcel para José María, una multa de 6.720.000 euros y el pago de una indemnización a Hacienda de 3.360.00 euros.
En su declaración, José María Ruiz-Mateos ha explicado que en 2004 trabajaba en el área de comercialización de las empresas del grupo de su padre, quien metió a sus hermanos en las empresas para que se fueran formando a lo largo de los años.
«Nunca, jamás, hemos sido propietarios ni hemos tenido facultad… Sí aparecemos de administradores es porque él nos nombraba. Pero él no aparecía. Mi padre era el que mandaba», ha dicho al ser preguntado por la fiscal sobre quién llevaba la gestión de las mismas.
Sobre la acusación, ha señalado que no recuerda si participó en la compra venta de unos inmuebles en el marco de una operación sobre la que no se tributó.
«Desconocía absolutamente esta operación. No podía aportar nada, me dedicaba a vender chocolates y yogures», ha subrayado al tiempo que ha señalado que pudo estar en alguna reunión como oyente.
«La confianza de todos mis hermanos hacia mi padre era absoluta. Jamás pensamos que no se pudiera tributar conforme a la legalidad. Siempre pensé que cumplía con todos los impuestos, sino no hubiera aceptado el trabajo», ha zanjado.
ENAJENACIÓN DE 318 INMUEBLES
El escrito su escrito de acusación, la Fiscalía relata que los acusados en aquella época eran administradores de la mercantil Edificio Novosur S.A., domiciliada en la calle Modesto Lafuente 58 de Madrid, y llevaban la dirección efectiva de la sociedad al formar parte del entramado de entidades de Nueva Rumasa.
Los acusados decidieron y negociaron, según el fiscal, la enajenación de 318 inmuebles a la entidad Sotohenar S.L. por 21 millones de euros y una cuota de IVA repercutido de 3.360.000 euros, venta que se formalizó ante notario el 15 de abril de 2004.
Según el fiscal, los encausados «incumplieron sus obligaciones tributarias y no presentaron declaración por el Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio de 2004 pese a constar que realizaron la operación inmobiliaria citada sujeta y no exenta a IVA y que repercutieron y cobraron al comprador».
Recientemente, el Tribunal Supremo ha condenado a seis hijos de Ruiz-Mateos -entre ellos Zoilo y José María- a dos años y medio de cárcel por un delito de estafa agravada en relación a la compra de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).
Se trata de Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero. Los dos últimos ya están en prisión por otras causas, aunque ya disfrutan de permisos.
Su madre, Teresa Rivero, expresidenta del Rayo Vallecano, también fue sentenciada a finales de septiembre a siete años de cárcel por fraude fiscal.
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