«Fue el 3 de septiembre pasado. Durante la reunión que mantuvimos las 7 asociaciones de fiscales y jueces con Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Yo le pregunté cuál era su posición sobre el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Casado me contestó que estaba a favor de su derogación. Todos fuimos testigos. Estamos a 13 de noviembre y todavía sigue vigente. Esto es una burla».
De esta forma tan contundente se expresa el portavoz y presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, sobre el contencioso del artículo 324, modificado en 2015, el cual establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas.
Ayer el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Socialista, que instó al Gobierno a su «derogación inmediata», por 206 votos a favor, 129 en contra y 3 abstenciones.
«Sabemos que dicha aprobación tiene un valor testimonial, pero ha hecho que se retraten todos. Por ejemplo, el PP, que ha votado en contra. Ciudadanos votó a favor pero ha pedido, otra vez, la ampliación de enmiendas», añade Fernández.
De acuerdo con el líder de UPF, lo que se pide es un acuerdo que diga: «Este artículo queda derogado. Así de simple».
«Llevan un año y pico para enmendarlo. Pero PP y Ciudadanos han ampliado 53 veces los plazos de enmiendas y esto hace imposible que, hoy por hoy, salga adelante, porque lo bloquean. Lo bueno de la votación de ayer es que las cosas están ya muy claras para todos nosotros», concluye.
