Apoyo mayoritario en el Congreso a que la banca asuma la mayor parte de los gastos hipotecarios
Plano general del Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura, cuando el PP estaba en el Gobierno.

Apoyo mayoritario en el Congreso a que la banca asuma la mayor parte de los gastos hipotecarios

Las entidades financieras abonarán los costes de notaría, registro y gestoría, y el cliente pagará la tasación tal y como reflejará la nueva reforma hipotecaria
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14/11/2018 06:15
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Actualizado: 14/11/2018 00:08
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La Comisión de Economía de la Cámara Baja acordó este martes que los bancos asuman la mayoría de los gastos que intervienen en la constitución de cualquier hipoteca.

La mayoría de miembros de la Comisión indicó que las entidades financieras tendrán que hacerse cargo de los costes de gestoría, notaría y registro, mientras que el pago de la tasación lo tendrá que abonar el cliente, que también deberá pagar las copias adicionales de las escrituras que solicite, pero no la primera.

Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario.

Según pudo saber Confilegal, la enmienda al proyecto de ley de contratos inmobiliarios que elaboró el Gobierno anterior ha salido adelante con un apoyo amplio de los grupos parlamentarios, pero no unánime.

Desde el PSOE insistieron en que esta medida pactada y consensuada por una amplia mayoría pretende ofrecer «seguridad jurídica a todas las partes y evitar la litigiosidad» que se ha producido en los últimos años, tanto a nivel de cláusulas suelo, como de IRPH y otro tipo de comisiones reclamadas a las entidades financieras.

Sin embargo, esta postura no fue secundada por Unidos Podemos que no está de acuerdo con este reparto. La formación morada sostuvo en su intervención que sean los bancos los que asuman la totalidad de los gastos, incluido el de la tasación.

La Comisión también negoció este martes una disposición adicional del proyecto de ley para resolver algunas disfunciones del Real Decreto del Gobierno que se publicó en el BOE el pasado sábado y que adjudicaba el IAJD a las entidades bancarias.

Así, Ciudadanos planteó una reforma para que las cooperativas de crédito y la Sareb pasen a estar obligadas a pagar el tributo, al igual que los bancos y las cajas. Por otro lado, la formación de Albert Rivera es partidaria que las entidades sigan estando exentas cuando concedan una hipoteca al Estado, los partidos políticos y la Iglesia, entre otras instituciones. Esta modificación se votará el próximo martes en la citada Comisión de Economía.

Reforma hipotecaria: debate intenso

La futura reforma hipotecaría, Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, contemplará la dación en pago como una alternativa que las partes puedan pactar a la hora de resolver una deuda. Sin embargo, por lo visto en la Comisión de Economía, la posibilidad de que se apruebe es escasa.

Esta es una de las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en su Ley de Vivienda que espera que se debata en el Congreso en los próximos días.

La dación en pago, la entrega del inmueble o de los ingresos obtenidos por su venta para saldar la deuda, hasta ahora utilizada muy escasamente en nuestro ordenamiento jurídico, supondría una posibilidad. Esta medida ya se contemplaba en una anterior Ley Hipotecaria de 1946. Ahora dicho proyecto de ley quiere reforzar las garantías de una mayor transparencia para el consumidor, donde las figuras del notario y registrador parece que serán claves para esa claridad de los préstamos hipotecarios.

No obstante, como Confilegal ya adelantó hace unos días, el debate está siendo bastante intenso. Hay muchos temas abiertos y la multa de Bruselas por haber incumplido la trasposición de esta directiva -ya tenía que estar aplicada en el 2016-, puede ser importante. Sin embargo hay diversos asuntos sobre los que nuestros parlamentarios no se ponen de acuerdo.

La ponencia de la comisión ha logrado cerrar varios acuerdos hasta el artículo 20 del proyecto de ley, pero todavía quedan por negociar otros 27 artículos y varias disposiciones adicionales, transitorias y finales.  La cuestión sobe el vencimiento anticipado que permite al banco ejercer un proceso de ejecución hipotecaria es uno de los puntos donde no hay acuerdo. Además se está a la espera del fallo del TJUE sobre este tema tras una cuestión prejudicial planteada recientemente.

La idea del Ejecutivo de Mariano Rajoy era que las entidades pudieran iniciarlo si el hipotecado no hubiera pagado las cuotas durante nueve meses (hasta el 2013 eran tres) y la cantidad en mora equivalía al 2% del capital del crédito o al 4% si se producía en la segunda parte de la vida del préstamo.

Por su parte, los socialistas proponen elevar esos topes al 3% y al 7%, respectivamente. Otro aspecto pendiente es si finalmente habrá o no sanciones para las entidades que no examinen debidamente la solvencia de su cliente antes de otorgarle el crédito. A este respecto las declaraciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunciando que su departamento estudia sanciones para comportamientos irregulares añade más incertidumbre a este tema.

Otra cuestión que no se sabe cómo se va a coordinar con este proyecto de ley es el anuncio reciente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reforzar la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero.

El Gobierno quiere que se tramite de forma urgente el mencionado proyecto de ley. Acumula un  retraso de más de dos años y medio desde que venció el plazo para su aprobación previsto en la directiva europea (marzo del 2016).

La intención de la citada Comisión de Economía del Congreso es que los parlamentarios de las diferentes formaciones políticas se reúnan el martes de la semana que viene e intenten cerrar la consabida ponencia.

Sin embargo, este asunto está aún por decidir  y no se vislumbra un consenso en los temas pendientes. No obstante,  los partidos políticos también tendrán que decidir sobre la entrada en vigor de la norma, ya que el sector financiero pide que haya un margen de 6 meses frente a los 15 días que plantea el proyecto de ley.

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