Pascual Sala, expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo entre 1990 y 1996, negó ayer que en el órgano de autogobierno de los jueces haya representantes de partidos políticos.
El CGPJ «no refleja mandatarios de los partidos políticos, sino jueces, magistrados y juristas de reconocida competencia que tienen su independencia».
El que fuera también presidente del Tribunal Constitucional cree que es «un exceso» asegurar que los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces no son «independientes ni honrados».
En declaraciones a Radio Euskadi, Sala señaló que el Poder Judicial es un poder del Estado y, «por consiguiente, la intervención de los representantes de la soberanía popular» en las Cortes Generales «tiene que ser importante y no se pueden excluir unas y otras».
«Los jueces pueden proponer. El método actual teóricamente está bien proyectado, lo que pasa es que, luego, en la práctica, no se hace bien y, sobre todo, no se expresa bien», añadió.
A su juicio, «deben primar los requisitos de mérito y capacidad, que se dan en los elegidos, pero que deben expandirse a la opinión pública, que ésta los conozcan».
NO SE EXPLICA BIEN LA VALÍA DE LOS ELEGIDOS A VOCALES
«Estos requisitos para elegir a los vocales de mérito y capacidad, que creo y confieso terminantemente que concurren, sin embargo, no se transmiten adecuadamente», ha insistido.
Pascual Sala opinó que, con «esta intervención del Parlamento en el nombramiento de los doce vocales de procedencia judicial, se da a entender que solo es producto de una negociación meramente superficial y no de fondo, realizada entre partidos mayoritarios».
A su entender, si se examinaran los currículos de estas personas, se observaría que «son personas que tienen un gran curriculum y, por consiguiente, cumplen todos los requisitos de mérito y capacidad».
«Lo que pasa es que no se transmite bien, sino, al contrario se refleja que es un pacto puramente político, y no que atienda precisamente a los más conspicuos representantes de la carrera judicial», afirmó. EP.
