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El Comité de Asuntos Legales de la UE respalda a los «alertadores»

El Comité de Asuntos Legales de la UE respalda a los «alertadores»
El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han acordado sacar adelante una nueva Directiva sobre conciliación.
21/11/2018 15:32
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Actualizado: 23/11/2018 00:59
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Ayer 20 de noviembre el Comité de Asuntos Legales votó por una amplia protección de los alertadores en Europa.

El próximo paso será en Pleno, en donde los grupos políticos podrán oponerse a la posición tomada en el Comité. De no darse esta opción, se abrirá el debate entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo.

Siguiendo a partir de allí una discusión triangular entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo. 

El Parlamento Europeo apoya a quienes alerten sobre hechos que atenten sobre el interés público.

Después de serias y profundas negociaciones entre las fuerzas políticas, el Parlamento ha dado pasos enormes para alcanzar una posición común sobre la propuesta de Directiva. 

Entre las medidas acordadas para garantizar la seguridad de aquellos que denuncien incumplimientos o delitos, el Parlamento alienta la creación de mecanismo de información interno y externo, tanto en el sector privado como en el público.

La persona que denuncie será quien escoja la forma más apropiada para dar curso a los hechos, estableciendo una igualdad entre los canales internos y externos, para lo cual dio estaría obligado a optar por los primeros de forma imperativa.

El documento aprobado hace menos exigentes las condiciones en las que serán aceptados las denuncias.  

Una de las resoluciones positivas en el texto es la inclusión de protección para aquellos que asisten a quienes denuncien.

Por una lado, extendiendo dicha protección a aquellos que apoyen al denunciante en su trabajo, pero también a los periodistas que cubran dicha información. Una protección que comprende a trabajadores de ONGs.

La eurodiputada Virginie Roziere, «Rapporteur» del Comité, ha celebrado el resultado de la votación en donde se establece que las represalias a quienes pongan en conocimiento una información que dé cuenta de una evasión de impuestos, corrupción, protección medioambiental y salud pública, serán explícitamente prohibidas. 

Una legislación para España, todavía en falta. 

Hablar es actuar

En el acto de nombrar encontramos la condensación de significado. Una sujeción en la que también interviene la internalización de las normas sociales, a través del lenguaje. Lo que se llama performatividad del lenguaje.

La discusión teórica en torno al tema sigue una larga línea con recovecos ente numerosos autores, que puede ir desde Austin a Butler. 

Lo cierto es que la forma en que nombramos a los actos, son un acto en sí mismo.

Por eso, el desafío de encontrar una traducción del termino sajón “whistleblower”, que pueda actuar no sólo sobre el acto de alertar o informar, sino también sobre la percepción del mismo.

Esto ha sido extremadamente controvertido en algunos países que se han visto inmersos en esta discusión. 

La noción de “Laceur de Alert” en Francia existe desde mucho antes de la aprobación de la Ley Sapin II, utilizada inicialmente por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), y particularmente por el sociólogo Claude Gilbert.

El término fue acuñado no como una traducción de “whistleblower”, sino como una palabra opuesta.

De esta manera, permitía distinguir entre quien intenta detener una acción ilegal o irregular (whistleblower), y quien intenta alertar o advertir al público y las instituciones sobre un peligro o un riesgo que pueda ocurrir (Laceur de Alert).

Ambos términos comenzaron a confundirse, siendo hoy equivalentes.

Al ser consultado al respecto, el doctor Jean-Philippe Foegle, de la Universidad Paris Nanterre, afirma que “Es bastante claro para mí que utilizando la palabra ‘Laceur de Alert’ antes que soplón o informante ayudó a crear una percepción positiva del ‘whistleblowing’.” 

En España falta un debate público sobre cómo llamar a aquellos que alertan, informan o denuncian para promover tanto un cambio cultural como una mejora legislativa. Nosotros nos decantamos por alertadores, por su significado positivo, desprovisto de cualquier sentido peyorativo. 

Una puesta en acción necesaria

La proposición de “Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y protección de los denunciantes” ha introducido en España un debate al respecto de la protección de alertadores, que sigue sin tener un desenlace claro. 

El borrador original presentado por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados presenta graves varias lagunas a la hora de evaluarla con el proceso legislativo que se está llevando adelante en Bruselas, que de verse aprobado, deberá ser implementado en los 28 Estados miembros.

Entre esas diferencias, encontramos que el borrador original sólo protegería a quienes trabajan en el sector público, sin establecer un mecanismo ni una metodología clara a la hora de utilizar los canales de reportes internos y externos para garantizar la protección de quien esté dando a conocer esta información.

Por otro lado, tampoco reconocería la realización de reportes anónimos. 

Es necesario, a la luz de los sucesos recientes, poder avanzar de manera comprometida y contundente en este proceso legislativo. 

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