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La Unión Europea decidida a proteger a los «whistleblowers» o «alertadores» contra la corrupción

La Unión Europea quiere proteger a los "whistleblowers" o "alertadores" a través de una Directiva que, en caso de ser aprobada, tendrá que ser traspuesta a los 28 países de la Unión. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
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La Unión Europea  quiere unificar la actualmente fragmentada protección de los alertadores o whistleblowersen los países de la Unión Europea (UE), a través de un sistema diseñado para proteger y fomentar la denuncia de las infracciones del derecho con plenas garantías ante posibles represalias para los denunciantes de corrupción u otras irregularidades, tanto en el sector público como en el privado.

También se protegerá a los periodistas que publican sus denuncias.

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Estas son las líneas principales de lo que al final posiblemente se convertirá en una Directiva que la comisión de Asuntos Legales aprobó el pasado día 13 de noviembre.

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No sólo se trata de una pérdida de potenciales beneficios en la contratación pública, que se estima entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en la UE, sino que el Comité de Asuntos Legales quiere garantizar que los denunciantes puedan informar de las infracciones en los países miembros en el ámbito de la evasión fiscal, la corrupción, la protección del medio ambiente y la salud pública y la seguridad, sin temor a represalias o intimidación.

Es también importante el detalle de que los diputados acordaron que se apliquen las mismas medidas de protección a los que ayudan a la persona que informa, como por ejemplo, a los periodistas que publican en sus medios de las denuncias de los «whistleblowers», término que se utiliza en inglés; en español se abre camino el de «alertadores», por su significado positivo frente a palabras como «soplones», «informantes» o «delatores», que tienen un sentido claramente negativo.

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El futuro proyecto de Directiva quiere asegurar que los posibles denunciantes se sientan seguros y conozcan los canales de denuncia, por lo que se pedirá a los Estados Miembros que tanto el sector privado como el público pongan en marcha canales de denuncia interna y externa adecuados, para que el «alertador» pueda elegir el más apropiado para informar dependiendo de las circunstancias.

Asimismo los gestores de estos canales deberán asegurar a la persona que su informe se ha recibido en el plazo de una semana y proporcionar información sobre el seguimiento del mismo en un plazo no superior a dos meses.

La ingeniera agrónoma, Azahar Peralta, fue despedida como de obra del proyecto de Acuamed para limpiar la contaminación del río Ebro en Flix -una de las obras clave de la trama de corrupción- por negarse a firmar sobrecostes; la justicia obligó a su readmisión. Youtube.

PROHIBICIÓN DE REPRESALIAS

El texto acordado prohíbe explícitamente las represalias y los Estados miembros tendrán que tomar las medidas necesarias que garanticen la protección de los alertadores contra las mismas.

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Los diputados también instan a los Estados miembros a proporcionar información y asesoramiento de forma gratuita, así como apoyo legal, económico y psicológico que necesiten los denunciantes.

La relatora Virginia Rozier (eurodiputada francesa del grupo Socialistas & Demócratas), impulsora de la futura Directiva, ha declarado que «a raíz de los últimos grandes escándalos, como los Luxleaks, y las grandes dificultades que enfrentan los delatores en Europa, la presente Directiva protege mucho mejor que antes a las personas que denuncian en aras del bien público. El Parlamento ha introducido mejoras significativas al texto de la Comisión. Como la creación de una autoridad pública única y fácilmente identificable en cada Estado miembro, que proveerá asesoramiento confidencial gratuito a los que tocan el silbato (sic. traducción literal de whistleblowers), junto con la asistencia legal y financiera, son los principales pasos para asegurarnos de proteger eficazmente la libertad de expresión».

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El texto fue aprobado por 22 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.

La decisión de entrar en negociaciones pasó con 22 votos, ninguno en contra y 2 abstenciones.

Una vez que el Pleno ha aprobado el mandato de negociación, los ministros de los Estados pueden iniciar las negociaciones con la UE, para ponerse de acuerdo sobre la forma legal final. 

FRAGMENTACIÓN LEGAL

La protección de los denunciantes no está hasta ahora unificada entre los distintos Estados miembros.  

De hecho sólo 10 países de la UE -Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido- proporcionan actualmente una protección legal exhaustiva.

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En España tenemos el dudoso honor de situarnos a la cola de Europa en protección de alertadores de la corrupción, según puso de manifiesto un estudio a nivel europeo de 2017, el “Informe País”, elaborado por la Blueprint for Free Speech y el proyecto «A Change of Direction», coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que analizaba la legislación de los 28 países.

Según este informe, y aunque son Finlandia y Dinamarca las naciones que tienen las deficiencias más graves, España ocupa uno de los últimos lugares de la lista.

Sin embargo, hay que destacar que en comparación con otros países europeos, la sociedad civil es muy activa protegiendo y apoyando a los alertadores españoles.

Algunos de los más conocidos y que han sufrido toda clase de represalias y desdichas a causa de su comportamiento cívico, son Ana Garrido Ramos, Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta y Roberto Macías. También el letrado del Tribunal de Cuentas, Fernando Clemente de Antonio. 

Fernando Clemente, jurista y letrado del Tribunal de Cuentas, se ha visto represalias con un cambio de destino por denunciar el nepotismo en dicho órgano constitucional. Carlos Berbell/Confilegal.

Víctimas de su propia integridad, han tenido que sobrevivir a duras penas, despedidos y acosados en su trabajo y tildados de chivatos por denunciar casos de corrupción que afectan y son lesivos para toda la sociedad.

En el plano legal, el 15 de septiembre de 2016, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, nº 122/000022, que fue tomada en consideración en votación plenaria de 21 de febrero 2017 por 337 votos a favor y cinco abstenciones, pero cuya tramitación efectiva se alarga desde entonces.

Actualmente está en fase de ampliación de enmiendas desde noviembre del año pasado.

En el mismo sentido, la Memoria Anual del Ministerio Público 2017 pedía modificar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales, como han recomendado Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y Transparencia Internacional, recordando que la Comisión Europea, ya en febrero de 2014, dijo que “España no dispone de normas específicas que protejan a los denunciantes” y que “las reformas legislativas previstas no llegan aún a establecer mecanismos de protección eficaces”.

De hecho, en dicha ley no se contempla la posibilidad de incentivar económicamente a los denunciantes, y únicamente se prevén ciertos incentivos laborales a los que pueden optar los funcionarios por el hecho de comunicar alguna irregularidad.

El Ministerio Público hace hincapié en la memoria en el hecho de que quien ha tenido conocimiento de un delito de corrupción, aunque no haya participado en él, no suele denunciarlo.

Ni tampoco quien ha recibido un soborno, “bien por desconfianza en la justicia” o por “la inexistencia de una regulación protectora específica” que hace “muy difícil confiar en una denuncia” por temor a sufrir algún tipo de represalia.

Esta  necesaria reforma de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, está también entre las recomendaciones contenidas en el Informe anual correspondiente al año 2017 del Defensor del Pueblo y es, asimismo, una de las propuestas de la ministra de Justicia Dolores Delgado, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado día 11 de julio, durante la que explicó que es imprescindible actualizar la norma y reforzar las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia.

La ministra también recordó en la Comisión de Justicia que la Cámara Baja está tramitando la Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, porque se hace imprescindible implantar instrumentos que protejan a “aquellos que en un ejercicio de responsabilidad ciudadana se atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción”.

Delgado destacó que es urgente modificar la ley de 1994 que regula la protección de testigos para incluir a los denunciantes de los casos de corrupción a fin de  “frenar el aumento de las intimidaciones o el miedo a sufrir represalias”.

De hecho, algunas Comunidades Autónomas han dado ya pasos en este sentido, como las disposiciones sobre protección del denunciante de las Normas de Actuación de la Oficina Antifrau de Cataluña; una ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que establece garantías para los informantes sobre hechos relacionados con la Administración y, en la Comunidad Valenciana, una ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción que otorga un estatuto particular al denunciante.