El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado hoy por unanimidad admitir a trámite la impugnación del Gobierno contra la reprobación del Rey aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 11 de octubre.
El TC ha dado un plazo de veinte días a la Cámara catalana para que formule sus alegaciones.
La admisión a trámite por parte del Constitucional no implica la suspensión cautelar de la resolución, al no haber invocado el Ejecutivo el artículo 161.2 de la Constitución.
El Gobierno presentó su recurso contra dos epígrafes concretos de esta resolución que salio adelante en la Cámara catalana con los votos de Catalunya en Comú Podem -que fue quien la presentó-, JxCat y ERC (69), la abstención de la CUP (4) y el rechazo de PP, PSC y Cs (57).
Uno de los puntos impugnados señala expresamente que el Parlamento de Cataluña, en defensa de las instituciones catalanas y las libertades fundamentales «rechaza y condena el posicionamiento del Rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia por los cuerpos policiales el 1 de octubre de 2017».
En el otro apartado el Parlamento catalán reafirma su compromiso «con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía».
El Gobierno considera que se habrían podido vulnerar los artículos 1.2, 1.3, 2, 9.1 y 168 de la Constitución, así como los artículos 2.4 y 4.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
El artículo 1.2 de la Carta Magna establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado y el 1.3, que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
El artículo 2 dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».
El Ejecutivo también invoca al artículo 9.1., que señala que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», y el 168, que establece los requisitos para reformar la Carta Magna a través del Parlamento.
Para el Gobierno, la resolución también vulneraría el artículo 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fija que «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen» de acuerdo con la Constitución y el propio Estatuto, y el 4.1, que establece que los poderes públicos catalanes deben promover los derechos y libertades recogidos en la Constitución.
LO IMPUGNÓ PESE AL CRITERIO EN CONTRA DEL CONSEJO DE ESTADO
El mismo día que fue aprobada la resolución, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que el Ejecutivo adoptaría “todas las medidas legales a su alcance” en defensa de la legalidad.
Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado. Este #Gobierno adoptará las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de octubre de 2018
El Gobierno subraya que esta resolución es inconstitucional porque “supone un nuevo intento del Parlament de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética República”.
Considera que su “intento de abolición de la Monarquía” y su “ataque injustificado al Rey” es inadmisible, y representa una “extralimitación de sus funciones”.
La impugnación ante el Constitucional se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 26 de octubre.
La formalizó pese a que el Consejo de Estado no vio base suficiente para el recurso, al considerar la resolución del Parlamento catalán es “netamente política, no jurídica”.
En su dictamen, el Consejo de Estado señalaba que dicha resolución supone un “grave atentado al principio de lealtad institucional” y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una “total falta de respeto” a la más alta magistratura del Estado.
También indicó que el debate político «no está sujeto a límites materiales que impidan manifestar opiniones contrarias a la Constitución».
De cualquier modo, los informes del órgano consultivo no son vinculantes para el Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cuando que el Ejecutivo anunció que presentaría un recurso, ya dijo que “esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política”.
El PDeCAT también pretendía que el Congreso reprobara al Rey y pidiera la “abolición” de la Monarquía con una trámite una proposición no de ley. La Mesa del Congreso rechazó admitirla a trámite.
Por su parte, IU pretende que la resolución del Parlamento catalán se extienda por toda España.
“Más del 1.000 municipios van a ver cómo registramos mociones de reprobación a la Monarquía”, anunció el pasado octubre coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Aquí lo tiene:
Anunciamos la moción que presentaremos @iunida en más de 1.000 ayuntamientos para reprobar a la corona, exigir un referéndum sobre la monarquía y la investigación de los posibles delitos fiscales del ciudadano Juan Carlos de Borbón. #RepruebaLaCorona pic.twitter.com/HPMxHS3J8O
— Alberto Garzón? (@agarzon) 27 de octubre de 2018
