La Fiscalía ha pedido el ingreso «inmediato» en prisión del exdiputado de CiU Oriol Pujol, para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por haber cobrado comisiones de empresarios afines del sector de las ITV a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios.
El pasado 24 de julio, el hijo del expresidente autonómico catalán Jordi Pujol ratificó que aceptaba dos años y medio de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Un pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2017 con el que eludía la celebración de un juicio popular del que podría haber salido peor parado.
La Fiscalía pedía cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado y 310.000 euros de multa, y para su esposa, Anna Vidal, 3 años y 4 meses. Con dicho pacto, Oriol Pujol consiguió, además, que su mujer eludiera la cárcel a cambio de una multa.
El fiscal Anticorrupción, Fernando Maldonado, ya dijo hace un año que una vez la condena fuese firme pediría el ingreso en prisión de Pujol, pese a que la última reforma del Código Penal le permitiría beneficiarse de una suspensión de la condena al no superar los dos años ninguno de los tres delitos cometidos.
Pujol solicitó no ingresar en la cárcel porque las penas, por separado, no son superiores a dos años.
Además, alegó que su ingreso en prisión «perjudicaría gravemente» a su entorno familiar y su arraigo laboral y social en plena recomposición.
Dijo que tiene tres hijos, dos de ellos mayores de edad de los que costea los estudios universitarios, los pagos de una hipoteca, los gastos sanitarios.
Además, argumentó que ha reconocido los hechos, ha renunciado a la actividad política y pública, y está intentando rehacer su vida, trabajando como agente comercial de una empresa e incluso haciendo labores de voluntariado.
EL ESCRITO DE LA FISCALÍA A LA AUDIENCIA DE BARCELONA
La fiscal anticorrupción Teresa Duerto recuerda en su escrito que Oriol Pujol -el único hijo del expresident Jordi Pujol que se dedicó a la política- fue condenado por «aprovecharse» entre 2010 y 2012 de su posición política «privilegiada», su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general del partido, para cometer delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con la corrupción política y económica.
Además, manifiesta que ni las circunstancias personales ni la conducta de éste tras la comisión de los hechos «pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue».
Recuerda que este tipo de beneficio tiene «naturaleza discrecional» pese a que concurran los requisitos previstos por la ley, y que en este tipo de casos, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción, se tiene en cuenta la necesidad de mantener la confianza de la población en el Derecho, y evitar que se perciba el beneficio como una injustificada indulgencia.
Además, argumenta que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación «se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia».
La fiscal también rechaza el resto de argumentos de Oriol Pujol. Indica que la esposa de Pujol, también condenada, tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares.
Respecto a los gastos sanitarios mensuales contratados, la fiscal apunta que, en todo caso, en España «rige el sistema de sanidad pública gratuita, a la que el penado y su familia tienen derecho».
Resalta, además, que disponen de una segunda residencia en la Cerdanya (Gerona), que pertenece a la familia Pujol-Ferrusola y «es de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos».
Sobre su situación laboral, el Ministerio Público expresa que Oriol Pujol está trabajando como autónomo, «por lo que no existe riesgo de despido o pérdida de puesto de trabajo a consecuencia de su ingreso en prisión».
«Luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo, por cuanto la corrupción es una lacra de la sociedad y supone un ataque a la estructura democrática de cualquier estado. De tal modo que, precisamente en casos como el que ahora nos ocupa, es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de defender el orden jurídico», concluye la fiscal.
