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El término ‘disminuido’ desaparecerá de la Constitución

El artículo 49 se referirá a "personas con discapacidad", un cambio que hoy recibirá luz verde del Consejo de MinistrosEl anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Carta Magna también persigue dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de lograr la igualdad real y efectiva de este colectivo./ EP
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El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de lograr la igualdad real y efectiva de este colectivo, y eliminar el término «disminuido», que será sustituido por «personas con discapacidad».

Con este cambio, que tendrá que ser aprobado en el Congreso de los Diputados, el artículo 49 se actualiza para adaptarse a la Convención de 2006.

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Es una vieja demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

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También lo ha reivindicado la periodista Vicky Bendito, que emprendió una campaña de recogida de firmas en Change.org bajo el lema «Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución» para denunciar que dicho artículo se refiera a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” y criticar que la Real Academia de la Lengua defina disminuido de la siguiente forma: “Que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal”.

«Esta descripción no me define, como tampoco me considero inválida o impedida», expresa. «Firma para pedirle a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que deje de referirse a nosotros como disminuidos», reclamaba en su inciativa.

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El pasado octubre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia e Igualdad, Carmen Calvo, encargó a la Comisión del Congreso para políticas integrales de la Discapacidad una nueva redacción de este artículo para adaptarlo a la realidad actual y recoger el sentimiento de las personas con discapacidad.

Actualmente recoge que «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

La comisión ha escuchado en comparecencia en la Cámara a asociaciones y organizaciones de discapacidad, entre ellas Cermi, así como a expertos en derecho constitucional, para poder elaborar el nuevo texto, que queda así:

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Queda así:

1) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

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2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad.

3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

El pasado martes a la ministra.

Ya no se especifica si la discapacidad es física, sensorial o psíquica, para que todo el colectivo pueda estar representado; se han incluido los acuerdos internacionales sobre esta materia, que España debe cumplir; y se ha eliminado el carácter de paternalismo que, algunas asociaciones criticaban del actual artículo de la Constitución.

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En él se prevé expresamente que los poderes públicos desarrollen políticas encaminadas a conseguir su autonomía personal y su inclusión social, y se reconoce por primera vez la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado.

Su aprobación se produce el día después de la conmemoración de los 40 años de la Constitución, y el mismo día en el que también ha entrado en vigor una reforma de la Ley Orgánica Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que garantiza el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual, del que estaban privados más de 100.000 españoles.