Los españoles prefieren que el bloqueo de contenidos web sea por orden judicial y no por algoritmos automáticos
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21/12/2018 06:15
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Actualizado: 20/12/2018 20:24
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La nueva regulación sobre propiedad intelectual en España y Europa está generando muchas dudas entre la sociedad civil.
En España, el texto fue aprobado en el Senado hace unos días, con la modificación pactada en el Congreso por PP, PSOE y Ciudadanos. Entre otros aspectos establece que «la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa».
Esto quiere decir que el cierre de las páginas reincidentes recae en manos de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, la conocida como ‘Comisión SINDE’ por la exministra Ángeles González Sinde. Así, este órgano administrativo podrá requerir al operador un segundo bloqueo de una web ya bloqueada, sin necesidad de volver a acudir a un juez.
En este contexto y en el de la Directiva del copyrigth se acaban de hacer públicos los resultados del estudio “Los españoles y la libertad de expresión en Internet ante la reforma del copyright en España y Europa”, realizado por GAD3 para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
Se trata de un sondeo de opinión entre los españoles de 18 a 65 años, con el objetivo de conocer qué opiniones tiene la sociedad sobre la libre expresión en Internet.
Presentación de las conclusiones del estudio con el presidente de GAD3, Narciso Michavila, y la secretaria general de la PDLI, Yolanda Quintana.
Entre los principales datos, la encuesta concluye que los españoles prefieren que la decisión de bloquear contenidos de la web sea tomada por jueces en lugar de hacerlo filtros automáticos o algoritmos. Y tres de cada cuatro encuestados (el 74%) se muestran contrarios a que el Gobierno pueda cerrar webs sin autorización judicial.
Los derechos valorados como más importantes para la salud democrática son la libertad de expresión y el libre acceso a la información, por encima del derecho de parodia, crítica, cita o mención académica. El de menor importancia, la remuneración por derechos de autor.
Siete de cada diez (69%) españoles opinan que los políticos utilizan la propiedad intelectual como coartada para recortar la libertad de expresión en Internet. Los entrevistados más jóvenes (18 a 44 años) son los que opinan esto en mayor medida.
En cuanto a la responsabilidad sobre los contenidos de Internet, la sociedad considera que debe recaer en quien los suba: que en las redes sociales son los propios usuarios, y no hacer a las plataformas de Internet el responsable primero de lo que hagan, digan o compartan los usuarios. Así lo consideran tres de cada cuatro españoles (76%).
Plataformas digitales convertidas en «policías de internet»
Esta opinión de la ciudadanía coincide con la preocupación de la PDLI y otras organizaciones europeas y blogables en defensa de los derechos digitales sobre la posibilidad de que las redes sociales y otras plataformas de Internet se conviertan «en órganos privados de control de contenidos».
La PDLI, junto con otras 53 ONGs , envió una carta al Consejo de la Unión Europea sobre la nueva Directiva de derechos de autor, antes de una reunión crucial que mantuvo a finales de noviembre.
En el escrito, las entidades firmantes llaman la atención sobre las preocupaciones que comparten ante la posible aprobación de esta reforma, como las consecuencias para la libertad de expresión del filtrado automático de contenidos (artículo 13) o los derechos de los editores (artículo 11).
“La aplicación de los derechos de autor no debe convertirse en una censura preventiva, arbitraria y privatizada de contenidos legales”, advierten en el documento.
También los españoles comparten la valoración negativa de la PDLI y estas organizaciones hacia lo que se ha llamado ‘máquina de la censura’, según se desprende de la encuesta. La mitad de los entrevistados (49%) prefiere que sea un juez quien decida sobre qué es el ilegal publicar en Internet, y no las plataformas que son empresas privadas. Esta opinión se presenta mayoritaria entre los hombres.
El 57% de los españoles no ve razonable que la garantía de remuneración por los derechos de autor esté por encima de derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Dos de cada tres (68%) creen que si las redes sociales son obligadas a revisar todos los contenidos bajo la amenaza de ser multadas, recurrirán al borrado masivo de aquel contenido que genere dudas, aunque muchos no contengan propiedad intelectual.
La mitad (48%) de los españoles se muestran contrarios a que los vídeos de los usuarios que contengan algún elemento con derechos de autor sean bloqueados y borrados por un algoritmo.
El estudio que acaba de presentarse forma parte de un conjunto de iniciativas promovidas por la PDLI contra las reformas del copyright en España y Europa, entre otras, un Manifiesto contra la Ley de Propiedad Intelectual suscrito por organizaciones de periodistas, empresas de Internet y editores o una web especial con testimonios de expertos, análisis legal y contenidos divulgativos explicando el alcance de estas normas.
Hay que recordar la polémica a cuenta de la Directiva de copyright, en concreto en dos artículos: el 11 y el 13. El primero permite a los editores de prensa autorizar o prohibir a los agregadores de noticias online (como Google News) que reproduzcan las publicaciones de sus medios, y decidir si quieren exigir un cobro por ello. Y el artículo 13 establece un canon que deberían pagar las plataformas como Google, Facebook o YouTube a medios de comunicación y autores de contenido cuando lo reproduzcan.
Además también contempla acordar un filtraje de contenido que deberían desarrollar las plataformas y redes sociales para asegurarse de que se ha pagado el copyright por el contenido digital que los usuarios quieren subir a la red.
Esto exige a plataformas tipo YouTube que se responsabilicen del contenido que suban los internautas, actuando como «policías», tal y como señaló a Confilegal el experto jurista Pablo García Mexia sobre esta cuestión cuando ahora solo tienen que ejercer un control a posteriori si se les alerta de violación del copyright.
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