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Desde el 1 de enero el TSJ de Madrid adapta su plan de refuerzo en lo social a la problemática de los despidos

Imagen de la entrada a los Juzgados de lo Social, en Madrid.
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En esta ocasión serán 8 jueces de Adscripción Territorial (jATs) especializados en esta problemática lo que se encarguen de gestionar alrededor de 75 asuntos de despidos al mes

El pasado mes de septiembre la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzó un plan extraordinario de urgencia de los juzgados de lo social en materia de despido para la reducción de reclamaciones de salarios de tramitación al Estado con datos de 30 de junio del 2018.

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La idea era reducir la litigiosidad existente, cuestión que cada Comunidad Autónoma lo está afrontando  según sus medios.

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Dicho plan de choque quiere decenas de juzgados de lo social de todo el país ante las montañas de demandas de despido que desde hace años se amontonan en sus mesas.

La idea es la de enviar a 33 jueces de refuerzo a juzgados de todo el país que tienen más de 250 demandas pendientes cada uno

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El pasado 17 de diciembre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) autorizaba dicho refuerzo en lo social, en materia de despidos y, al mismo tiempo, que al propio Juzgado de lo Social 16.

La litigiosidad de los juzgados de lo social en ciudades como Madrid siempre va a ser elevada.

En el caso de Madrid, existen 42 juzgados de esta jurisdicción en Madrid capital y otros dos en Móstoles.

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De este total, los últimos datos del CGPJ revelan que  hay 16 juzgados  en la capital de España con una pendencia de 7314 asuntos pendientes en materia de despidos.

 Los retrasos en esta materia no sólo afectan a los trabajadores despedidos irregularmente, que tardan mucho más tiempo en ser readmitidos o cobrar sus indemnizaciones, sino que, según fuentes del Consejo sale caro a la administración pública: adeuda casi 40 millones en salarios de tramitación.

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Según informa el TSJM, las primeras medidas de refuerzo que se pusieron en marcha no dieron buenos resultados. Desde el Servicio de Inspección del CGPJ ya se ha alertado del déficit de plantilla existente.

Las necesidades en materia de jurisdicción social pasarían por la creación de diez juzgados nuevos con sus correspondientes magistrados y personal de apoyo.

El problema es el económico de cara a poder financiar este tipo de iniciativas.

Refuerzo para luchas contra el colapso judicial

Al final, desde el TSJM se ha optado por refuerzos con jATs con experiencia en lo social.

En el año 2015 se puso en marcha un refuerzo potente.

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Para ello se aprovechó el poder contar con diez jATs del TSJM y se les dotó de funcionarios y letrados.

Todos especializados en la jurisdicción social.

La plantilla de funcionarios fue de 32, entre los que aportó la Comunidad Autónoma de Madrid y el TSJM. En cuanto a  los letrados, que fueron cinco en comisión de servicio con relevación de funciones y ahora se han pasado a 10 que están en prolongación de jornada.

A estos jueces, especializados se les empezó a repartir de los juzgados que tenían más pendencia.

Se seleccionaron 30 asuntos de cada juzgado.

Esta medida ha provocado una reducción de la pendencia de asuntos sociales en Madrid. De tal forma que el año pasado el número de jATs se pasó de diez a 9, y partir del 1 de enero se contará con 8 jueces de adscripción territorial.

Curiosamente en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ahora en tramitación parlamentaria se modifica el régimen jurídico de estos magistrados jATs, de tal forma que su trabajo fundamental es hacer sustituciones mientras que la posibilidad de realizar refuerzos es residual. Ante esta situación el TSJ de Madrid sacó 8 plazas en comisión de servicio con  relevación de funciones para que se hicieran cargo de este plan de despidos.

Plan que arranca en Madrid el próximo 1 de enero

Este nuevo plan de refuerzo arrancará este 1 de enero y estará operativo en los próximos seis meses. En ese espacio de tiempo se puede plantear su prórroga, como actividad necesaria para evitar el colapso de los juzgados. .

La idea es que esta iniciativa la llevasen magistrado en comisión d servicio sin relevación de funciones pero dotándoles con letrados y experiencia en la materia. Desde el propio TSJ de Madrid se pidió modificar los términos del refuerzo y derivar a los citados jATs a esta labor.

Lo que se ha llevado a Sala es que desde el 1 de enero 8 jueces se repartirán de 24 juzgados de lo social los 25 primeros asuntos de despidos que entren cada mes.

Esto hará que cada jAT, siete mujeres y un hombre, lleven 75 despidos al mes.

El TSJM indica que cada juzgado de lo social recibe unos 40 asuntos de despidos al mes. Y que, sin lugar a dudas, son los asuntos más complicados de llevar, en cuanto a juicio y sentencia.

De los 75 que se van a repartir, los cálculos que hacen desde este órgano judicial es que se puedan resolver 60 por auto o sentencia y el resto sin hay conciliación podrían no acabar en el juzgado.

En Móstoles, hay dos juzgados de lo social y existe un refuerzo específico que hasta ahora lo venia atendiendo un juez en expectativa de destino. Este refuerzo, no tan especializado como los jATs en lo social, lleva asuntos con cierta similitud en la jurisdicción civil. No conocen de todas las materias.

Este juez cuenta con el apoyo de un funcionario que auxilia a ambos juzgados.

El problema es la gran cantidad de asuntos que llevan. Ya se ha solicitado para el año que viene tener un tercer juzgado que ayude a gestionar estos temas.

Desde el propio organismo judicial madrileño se es consciente que cuando se arranca una iniciativa innovadora hay un plazo de transición donde se generan disfunciones que se deben ir resolviendo sobre la marcha.  Cada jAT ya tiene 90 asuntos de todas las materias repartidos en ese mes de diciembre, a los que habrá que añadir los que le lleguen solo de despidos.

Se estima que a partir de abril los resultados mejorarán.

Al mismo tiempo están articulando un refuerzo específico para el juzgado de lo social 16 de Madrid con una comisión de servicio sin relevación de funciones por seis meses para suprimir el cuello de botella de los asuntos actuales.

Este juzgado recibe muchos asuntos de despidos, algunos ya están fijados para marzo del 2020. Con el visto bueno de la magistrada se va a intentar un refuerzo de tal forma que el comisionado pueda ir señalado y celebrado esos juicios. Tendrá el apoyo de los funcionarios del refuerzo de los JAT.

Antecedente más próximo

El trabajo con equipos especializados para resolver asuntos concretos, como ahora los despidos en los juzgados de lo social, tiene como antecedente en Madrid el juzgado 101 creado para la gestión y resolución de las demandas recibidas en cláusulas suelo y otros asuntos hipotecarios. Aquí ya hay 8 jATs, dos jueces comisionados y una plantilla propia de funcionarios con 4 letrados.

Y todo ello se les deriva a ello.

Al parecer, ahora el juzgado podría crecer de espacio porque su actual ubicación se ha quedado pequeña. En estos momentos se estudian sus resultados para saber cómo se afrontará el próximo año. Lo que si acaba de ponerse en marcha es el refuerzo en la sección Mercantil para dar salida a todas las apelaciones que les llegan en materia de cláusulas suelo.

Ese refuerzo esta constituido por 3 magistrados en comisión de servicio y revelación de funciones, 1 letrado y seis funcionarios para poder realizar su trabajo.

En el acuerdo suscrito para este refuerzo, aparece se indico que debería incluirse en el citado refuerzo 6 magistrados en comisión de servicio sin relevación de funciones. La idea es que cuando el refuerzo de comisionado con relevación de funciones tenga un cuerpo jurídico estable de acuerdo con la sección mercantil, les sea más fácil resolver a los comisionados sin revelación de funciones.

En la Comunidad de Madrid, se han disparado los asuntos en materia civil y mercantil junto con la jurisdicción social ya comentada. La civil tiene tras de sí  los asuntos de las preferentes y sus miles de afectados, además de las cláusulas abusivas.

Y en el mercantil, señalan desde el TSJM que se han disparado reclamaciones y demandas por el transporte aéreo y el interés de muchas compañías del sector por judicializar los temas, casi desde el principio.