El castigo más grave que puede sufrir la jueza es la suspensión de empleo y sueldo por un plazo de tres años. Aunque las faltas de que le acusan podrían llevar aparejada la sanción de apartarla definitivamente de la carrera judicial, en el pliego de cargos que le acaba de notificar el CGPJ no se alcanza esa pena, según el abogado exmagistrado de Pilar de Lara, Agustín Azparren.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo compareció ante el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, el pasado 21 de noviembre, con un abultado informe para defenderse por la supuesta comisión de una falta muy grave, dos graves y una leve, previstas en los artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 y 418.16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La muy grave, la 417.9, consiste en “La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”.
De las dos graves, la 418.11, está descrita como “El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado“; y la del 418.16 como “Adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial».
Las faltas graves se sancionan con suspensión, traslado forzoso o separación; las graves con reprensión o multa y las leves con advertencias o reprensión.
LA PREPARACIÓN DE SU COMPARECENCIA COLAPSÓ EL JUZGADO
Su comparecencia ante Conde se la preparó a fondo, tan a fondo que en una providencia del pasado 29 de noviembre, reconoció a la procuradora Sabariz García que la preparación «de la documentación e información del servicio de inspección» había colapsado su Juzgado, al que muchos abogados describen como la «mini Audiencia Nacional», por articular enormes macrocausas cuya instrucción se prolonga desde hace un lustro, a diferencia de los otros los Juzgados, el 2 y el 3 de Lugo.
La profesional preguntaba que cuándo iba a elevar a la Audiencia Provincial el recurso de apelación de su cliente, Raúl López, a la Audiencia Provincial.
Y la magistrada le contestó: «el funcionario encargado de la tramitación del procedimiento, además de dicha causa, tramita un elevado volumen de causas y otras macrocausas que, incluso, tienen carácter prioritario al del asunto al que se haya personado por existir presos, al margen del atasco producido tras la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia y el colapso ocasionado por la preparación de la documentación e información del servicio de inspección, por lo que, tan pronto se remuevan los obstáculos existentes, se dará el oportuno impulso procesal».
EXCLUIDA LA SEPARACIÓN DE LA CARRERA, SEGÚN SU ABOGADO
De acuerdo con Azparren, «en este momento» se está en la «fase del pliego de cargos, que se notificó en Navidad, y se notificó con ocho días para hacer alegaciones».
«Y estamos en el momento de elaborar las alegaciones», abundó.
Del pliego de cargos puntualizó que «viene a ser lo mismo, la reproducción de las fechas por los que se inició el expediente, lo único, entre las posibles sanciones queda excluida la más grave que sería la separación de la carrera judicial».
El abogado aseguró que en las alegaciones que se presentarán al pliego «se contestará a cada uno de los retrasos que se enumeran, que se deben a causas ajenas a la responsabilidad de Pilar de Lara».
«Luego se puede solicitar prueba, y una vez que se practique la prueba ya solo quedaría que el promotor acordara el archivo de las actuaciones si ve que no hay responsabilidad por parte de la magistrado o la propuesta de resolución, que es una propuesta que tendría que ir a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial», subrayó.
El abogado aseguró que en las alegaciones que se presentarán al pliego «se contestará a cada uno de los retrasos que se enumeran, que se deben a causas ajenas a la responsabilidad de Pilar de Lara».
«Luego se puede solicitar prueba, y una vez que se practique la prueba ya solo quedaría que el promotor acordara el archivo de las actuaciones si ve que no hay responsabilidad por parte de la magistrado o la propuesta de resolución, que es una propuesta que tendría que ir a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial», subrayó.
Azparren espera que se archive todo el asunto.
«Todo el retraso es debido al ingente número de asuntos que lleva (la jueza), cualquier juzgado de España al que se le haga una inspección exhaustiva de 15 días, va a haber retrasos porque tenemos un número de jueces inferior a la media europea y una litigiosidad de las más altas. Entonces lo normal es que haya retrasos», justificó.
Con todo, estima que en un plazo de «uno o dos meses» puede estar resuelto este expediente disciplinario.
