¿Por qué Cospedal, como abogada del Estado, ha sido destinada al Tribunal Supremo?
María Dolores de Cospedal en un acto del Partido Popular. Foto: EP

¿Por qué Cospedal, como abogada del Estado, ha sido destinada al Tribunal Supremo?

A la exsecretaria general del PP le tocará defender la posición del Estado en litigios emprendidos contra la Administración
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14/1/2019 12:40
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Actualizado: 14/1/2019 14:04
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La exministra y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal es abogada del Estado desde el 2 de abril de 1991, fecha en que aprobó la oposición. Como muchos otros funcionarios de carrera, cuando entró en política pidió su pase a la situación de servicios especiales, una condición similar a la excedencia pero que, a diferencia de esa, cuando la persona en cuestión solicita su reingreso, vuelve a la posición que le hubiera correspondido de no haberse marchado.

Cospedal tiene una antigüedad en la carrera de 27 años. Sin embargo, el tiempo efectivo de abogada del Estado han sido 7. Dio su salto a la política en 1996, hasta 2004. Regresó durante dos años, tras la derrota del PP en las urnas, y en 2006 volvió a marcharse otra vez. Hasta el pasado año.

Con todo el derecho, y de acuerdo con la ley, ha solicitado el destino que le correspondía en los servcios jurídicos del Estado, tras formalizar su renuncia al escaño como diputada del PP en el Congreso el pasado noviembre, tras la polémica generada por las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo, en las que le pedía investigar el papel de Javier Arenas en la fundación Asociación de Estudios Europeos.

María Dolores de Cospedal (1991, Madrid) vuelve así a su antigua profesión, en la que ejerció entre 1991 y 1996.

Comenzó como asistente jurídica en el País Vasco, y después estuvo en el Servicio Jurídico del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, hasta que en 1996 fichó como asesora del Gabinete del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Javier Arenas (PP).

Cospedal renunció el pasado 7 de noviembre a su escaño por Toledo, poniendo fin a su carrera política.

En un largo comunicado difundido en Twitter, admitió el «error» de haber encargado a su marido, Ignacio López del Hierro, su interlocución con Villarejo, y subrayó que ella no ha hecho “nada” de lo que se sienta “avergonzada”, sino que procuró conocer, “dentro de los límites de la ley”, la “problemática” que vivía entonces el partido, tras estallar el ‘caso Gürtel’.

Además,  reclamó al PP que defienda a los suyos cuando son “injustamente atacados”.

El 5 de noviembre, tras verse con la dirección anunció que dejaba el Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, creció la presión interna para que renunciara también a su acta de diputada, sobre todo tras los nuevos audios de su marido asegurando a Villarejo que “el jefe” (en alusión a Mariano Rajoy) estaba al tanto de los encargos que iba a realizar al expolicía.

Finalmente, el día 7 comunicó que tras “reflexionarlo más” adelantaba su decisión unas fechas.

“Me marcho agradecida a mis amigos, entre ellos muchos compañeros que tanto cariño y apoyo me han dado siempre”, afirmó, para concluir que el PP es el partido que “necesitan” los españoles y que esté donde esté seguirá trabajando por el futuro del país.

Tras su salida, el exministro de Justicia Rafael Catalá sacó la cara por ella. Explicó que le parecía “muy ingrato y muy injusto” que las grabaciones filtradas de las conversaciones con Villarejo “contaminen una carrera política de treinta años”.

Para Catalá, la exsecretaria general del PP estaba “haciendo su trabajo, ordenando su casa” y, aunque el encuentro con Villarejo le pueda parecer “inadecuado a alguien”, subrayó que «no se puede decir que espiase a ningún compañero”, porque «se limitó a pedir información sobre una fundación en la que participaba” el partido.

También indicó que Cospedal estuvo en la cúpula de la formación en “una época muy difícil” con “casos de corrupción vergonzosos” y que “ella estaba cada lunes en la sede de Génova dando la cara”.

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