El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconsejero, Raül Romeva, reclaman en su escrito de defensa de cara al juicio que comenzará en los próximos días en el Tribunal Supremo por el ‘procés’ independentista en Cataluña la asistencia de un total de 95 testigos, entre los que se encuentran el expresident Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira, ambos huidos de la justicia; además de testimonio del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que los exmandatarios en prisión reclaman su absolución al alto tribunal, se pide citar a Puigdemont «a través de cooperación judicial internacional en la Casa de la República -en Waterloo- para que preste declaración a través de videoconferencia y con las garantía de asistir al acto asistido de abogado.
Se solicita la misma garantía respecto a Rovira, supuestamente en Suiza, aunque no se especifica el lugar donde debe desarrollarse su videoconferencia.
Sobre Cosidó, la defensa del Junqueras y Romeva pide que se le cite para que explique qué intervención o conocimiento tuvo el presidente del tribunal, Manuel Marchena, en las decisiones de configuración del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «y los pactos políticos llevados a cabo al respecto».
También persigue esta prueba que Cosidó relate «qué comunicaciones o reuniones ha tenido con dicho magistrado» a fin de acreditar elementos sobre los que se fundamentarán cuestiones previas «por vulneración del derecho a juez imparcial» que se plantearán al inicio de la vista.
El escrito, de 147 páginas, incluye la petición de citar también al que fuera secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto, diferentes cargos policiales y de la Guardia Civil y, dentro del capítulo de pruebas periciales, la del relator de Naciones Unidad David Kaye y el experto independiente también de la ONU Alfred-Maurice de Zayas, «a fin de que expongan ante el Tribunal el alcance actual y significado del derecho a la autodeterminación de los pueblos».
A lo largo del escrito, la defensa de ambos exmandatarios de ERC impugna varias de las las pruebas presentadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, y argumenta que existe «una causa general contra el independentismo catalán, mantenida en secreto y blindada frente al legítimo ejercicio de derechos procesales de los investigados». Además incide en la licitud de la votación del 1 de octubre de 2017 que dio origen al resto de decisiones adoptadas por sus mandantes.
Otros testigos solicitados por el abogado de los dos exmandatarios, Andreu Van den Eynde, son el letrado mayor del Parlamento, Antonio Bayona; el secretario general de la cámara, Xabier Muro; el delegado del gobierno en Cataluña al tiempo de los hechos, Josep Enric Millo; y el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver.
Igualmente reclaman la asistencia de Diego Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo del 1-O; del que fuera jefe superior de Policía de Cataluña Sebastián Trapote; del comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, Santiago Lubián y del general de la Guardia Civil responsable de la zona Ángel Gozalo.
RUFIÁN Y LLUIS LLACH
Otros testigos solicitados son la secretaria del Juzgado Central número 13 de Barcelona, Montserrat Toro -a quien solicitan que se levante la condición de testigo protegido- y diversos testigos de la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía, que es la que centra las acusaciones de uso de violencia que justifican una pena de rebelión por parte de la Fiscalía, que reclama para Junqueras y Romeva 25 y 16 años de prisión, respectivamente. Entre ellos piden al diputado Gabriel Rufián y al músico Lluis Llach.
Igualmente pide la asistencia de testigos del referéndum independentista en colegios elecotorales, del director del servicio catalán de Salud David Elvira y de participantes europeos en delegaciones parlamentarias de Diplocat.
También reclaman que testifique la imputada por desobediencia en el TSJC y exmiembro de la Mesa del Parlament Anna Simó, la alcaldesa de Sant Viçent dels Horts, presente cuando a Junqueras le fue impedido votar el 1-O, el Síndic de Greuges Rafael Ribó y el periodista Carlos Enrique Bayo.
El escrito de defensa de Junqueras y Romeva hace un relato de los antecedentes a los hechos por los que están acusados en el Supremo, desde la aprobación del Estatut en el año 2006, pasando por la sentencia del Tribunal Constitucional que lo recortó y la consulta del 9 de noviembre de 2014 convocada por el Govern de Artur Mas.
Según los acusados, tras el recorte al Estatut «fue la ciudadanía» la que «emergió como agente político impulsor del proceso de independencia» y hay «distintas regiones de España y otros Estados europeos» en los que han surgido «numerosas iniciativas de apoyo» a la «causa política» independentista para respaldar «la vigencia de los derechos democráticos y promover soluciones dentro de la política».
DETERMINACIÓN COMPARTIDA «CON LA GENTE»
Así, para Junqueras y Romeva, «ni los partidos políticos» ni los acusados «crearon ese sentimiento o determinación, sino que la recogieron y compartieron con la gente, adecuando su actividad política como mínimo desde el año 2012 a hacer efectiva la república catalana siempre sobre la base de los principios que orientaban ese concreto movimiento ciudadano: defensa de los derechos democráticos, incluido el derecho de autodeterminación, y defensa del principio democrático mediante una estrategia política pacífica de acuerdo con la voluntad popular y el respeto a las minorías».
En su opinión, las acusaciones que se dirigen contra Junqueras y Romeva se basan en «hechos penalmente irrelevantes» y aseguran que éstos «siempre han actuado con el convencimiento de que incluso dentro de los límites del sistema constitucional español, el ejercicio del derecho a decidir podía tener cabida».
Asimismo, el exvicepresidente y el exconsejero sostienen que «siempre» han mantenido «un firme compromiso con la no violencia». «No existe alzamiento violento y con ello no existe delito de rebelión, ni nunca fue previsto ni aceptado que la evolución de la actividad política de mis mandantes diera lugar a escenarios de utilización de la violencia que prevé dicho delito», afirma el letrado Andreu Van den Eynde.
«Las conductas atribuidas a mis mandantes se insertan claramente en el ejercicio de derechos fundamentales básicos que, más allá de generar (en la peor de las hipótesis) dificultades en el desarrollo de actuaciones de la autoridad toleradas por cualquier concepción democrática de tales derechos, no estuvieran nunca orientadas a impedir el ejercicio de funciones públicas o de la autoridad», subraya el escrito.
Insiste la defensa en que en aras de facilitar la defensa el juicio debería celebrarse en Barcelona y con Junqueras y Romeva en situación de libertad provisional. Piden también que sus familiares y los ‘observadores internacionales’ que les acompañarán deben seguir el juicio en la misma sala de vistas -y no en salas anexas a través de una pantalla para «que puedan ofrecer un legítimo apoyo emocional».
