Sobre estas líneas, Juan Carrau, el fiscal anticorrupción contra quien se ha ampliado la querella. Diario de Mallorca.
Diario de Mallorca y Europa Press amplian la querella contra el juez Florit al fiscal anticorrupción Carrau
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01/2/2019 11:54
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Actualizado: 01/2/2019 12:48
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Diario de Mallorca y la agencia Europa Press han presentado una ampliacion de la querella, interpuesta previamente contra el magistrado Miguel Florit, al fiscal anticorrupción de las Islas Baleares, Juan Carrau Mellado, al que consideran «inductor» de las decisiones de Florit, quien ordenó la incautación de teléfonos y ordenadores de dos periodistas de ambos medios y la interceptación de sus comunicaciones con el fin de descubrir quién les estaba filtrando información en el «caso Cursach».
Dicha ampliación ha sido presentada ante Felisa Vidal, magistrada instructora del caso, perteneciente a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, por ser Florit aforado.
«El examen de las actuaciones permite constatar que la actuación arbitraria del Magistrado querellado ha sido instada por el Ilmo. Sr. Juan Carrau Mellado, Fiscal que con su actuación antijurídica ha estimulado la grosera conculcación de los derechos fundamentales que se ha producido en el Juzgado de instrucción número 12 de Palma de Mallorca, obviando la existencia del derecho fundamental al secreto profesional también ha hecho el Magistrado querellado en sus resoluciones), en su informe de fecha 27 de noviembre de 2018, y, después, negándo expresamente la necesidad de respetar el referido derecho fundamental, al manifestar en su informe de 11 de diciembre de 2018″, se puede leer en dicha ampliación de querella, a la que ha tenido acceso Confilegal.
En su forma original había sido dirigida contra el magistrado Florit por los supuestos delitos de prevaricación (artículo 446 del Código Penal), interceptación ilegal de las telecomunicaciones (artículo 536 del CP) y contra otros derechos cívicos (artículo 542 del CP).
De acuerdo con el nuevo texto legal, del que es autor el catedrático de derecho procesal Nicolás González-Cuéllar, en representación de ambas empresas y de los dos periodistas, el fiscal anticorrupción Carrau tenía clara» la finalidad indagatoria de las medidas de investigación, incautación y registro que solicitaba«.
«Observamos que el mencionado fiscal instaba la práctica de actuaciones judicales en las que planeaba la supresión del derecho fundamental al secreto fundamental periodístico», añade.
«El Ilmo Sr. Fiscal traicionó la misión que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal le encomendaba en su artículo 1 (de defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos), así como la función que le asigna su artículo 3.3 (‘velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa’) y se colocó en la posición de inductor de las actuaciones del Magistrado querellado, que hemos calificado como delictivas».
La ampliación de querella resalta especialmente la «insólita actuación» del fiscal anticorrupción.
Y lo sustancia en: «consentir la investigación de un presunto delito de revelación de secretos mediante la incautación de móviles de periodistas, el registro de sus lugares de trabajo y la interceptación de los datos de tráfico de sus comunicaciones, que ni siquiera la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pareció comprender qué finalidad perseguían tales actuaciones, como demuestra el hecho de que, en una extraña nota de prensa, dicha Fiscalía especial comunicó al públicó el día 19 de diciembre de 2019 que las incautaciones de móviles y los registros habían tenido como objetivo, no lograr el esclarecimiento del hecho o recoger fuentes de prueba, sino incautar los efectos del hecho punible».
Una manifestación institucional «del todo absurda» en el plano jurídico que ha quedado desmentida por «la finalidad expresada en las resoluciones prevaricadoras y en los escritos presentados en solicitud de las mismas por el Fiscal Sr. Carrau».
En la misma se solicita que se admita y que se llame a declarar tanto al magistrado Florit como al fiscal anticorrupción Carrau además de que se recaben todas las actuaciones realizadas, incluyendo los autos de interceptación de comunicaciones que se hayan adoptado, comprendiendo los de incorporación de datos de tráfico y/o localización.
Recientemente la Fiscalía de Baleares presentó un escrito ante la magistrada instructora solicitando el sobreseimiento de la querella contra Florit.
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