La defensa de Rull, Turull y Sànchez pide ahora que el juicio por el ‘procés’ se aplace tres semanas

Y también reclama su puesta en libertad "para que se pueda garantizar su derecho a la defensa"

5 / 02 / 2019 10:35

Actualizado el 05 / 02 / 2019 11:17

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Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y del diputado de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha pedido ahora un aplazamiento de tres semanas del inicio del juicio por el ‘procés’, para poder estudiar las pruebas aceptadas.

Asimismo, ha solicitado en otro escrito su puesta en libertad para que «se pueda garantizar su derecho a la defensa», y ha denunciado que en la cárcel de Soto del Real se les está impidiendo el acceso a los ordenadores donde tienen almacenados los miles de folios del sumario, pese a la autorización expresa del Alto Tribunal para poder utilizarlos.

El juicio arrancará el próximo 12 de febrero. Las cuestiones previas y los interrogatorios de los procesados tendrán lugar las dos primeras semanas, entre el 12 y 21 de este mes.

El pasado 28 de enero, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzgará el ‘caso procés’, ya rechazó las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas por la defensa de los 9 líderes separatistas presos a las puertas del juicio.

Los separatistas equiparaban su situación a la del exjefe del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) Selahattin Demirtas, a quien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dado la razón en una reciente sentencia dictada en noviembre de 2018, que instó a Turquía a dejarlo en libertad.

El tribunal, que preside el magistrado Manuel Marchena, destacó que el riesgo de fuga es “intenso” y rechazó la comparación entre la situación de los políticos catalanes presos y la del opositor turco.

DICE QUE LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO SE LES HA FACILITADO EN FORMATO DIGITAL Y QUE SE LES ESTÁ ‘IMPIDIENDO’ ACCEDER A LOS ORDENADORES

La defensa de estos tres procesados pide el aplazamiento del inicio del juicio alegando que no se ha recibido íntegramente «la abundante prueba anticipada que ha sido admitida mediante auto de 1 de febrero de 2019».

El letrado Jordi Pina reclama que se dé ese plazo de tres semanas a las partes, desde que dispongan de la totalidad de los documentos, «para que puedan instruirse del contenido de dicha prueba» y garantizar «el efectivo ejercicio de defensa» de sus representados y del resto de partes.

El abogado Andreu Van den Eynde, que representa al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva también presentó ayer un escrito ante el Supremo pidiendo al tribunal que les diera un margen de tres semanas para organizarse, entre la fecha del señalamiento del juicio y el inicio de la vista oral, «a la vista del contenido del auto de admisión» de prueba dado a conocer el viernes pasado.

Además, la defensa de Junqueras y Romeva ha impugnado el auto del pasado viernes “por la denegación de medios de prueba pertinentes solicitados por esta defensa”, porque considera esto vulnera los derechos fundamentales de sus mandantes.

Jordi Pina también ha asegurado que desde hace cuatro días se «está impidiendo» a los acusados el acceso a los ordenadores en cuyo disco duro tienen grabados los miles de folios y archivos videográficos que integran el presente sumario, además de «abundantes documentos de trabajo confidenciales», y ello pese a que el Tribunal Supremo lo autorizó en una providencia el 30 de enero

Ha dicho que compraron los ordenadores estando privados de libertad y que ya los usaban en el centro penitenciario de Lledoners (Barcelona).

Ha indicado que «son equipos que cumplen con todas las medidas de seguridad que la legislación penitenciaria exige», y que han sido trasladados directamente de un centro penitenciario a otro y sin que terceras personas hayan podido manipularlos.

La defensa también ha detallado que no se les ha facilitado la documentación de la causa en papel, sino únicamente en forma digital, y ha dicho que «impedir que los acusados accedan a estos archivos informáticos a una semana del juicio comporta una evidente y ya efectiva vulneración de su derecho de defensa».

Pina también ha requerido que los responsables de la prisión de Soto del Real (Madrid), donde se encuentran ahora, «se abstengan de hacer cualquier tipo de manipulación» del material electrónico que contienen los ordenadores.

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