El diputado Toni Cantó y la portavoz de Educación de Cs en Las Cortes, Mercedes Ventura, fueron ayer a la Consejería de Educación valenciana a entregar un informe editado por el partido y elaborado por un filólogo "independendiente" que detalla el "adoctrinamiento" detectado en dos libros de texto de 1º de Bachillerato. Foto: Cs
Cs denuncia ‘adoctrinamiento’ pancatalanista en libros de texto de Bachillerato de la Comunidad Valenciana
Informa que "todo lo que tiene que ver con España tiene una connotación negativa" y “únicamente se quieren centrar en los países catalanes y alterar la historia de esa comunidad y la de España"
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07/2/2019 11:43
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Actualizado: 07/2/2019 11:54
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El diputado de Ciudadanos (Cs) por Valencia Toni Cantó ha denunciado que en la Comunidad Valenciana, presidida por Ximo Puig, (PSPV-PSOE), «de la misma manera que en Cataluña y Baleares, hay libros de texto que incurren en adoctrinamiento».
Así lo advirtió ayer, en declaraciones a los medios el futuro candidato de la formación a la Generalitat. Informó que Ciudadanos ha detectado que en dos libros de texto de Lengua y Literatura Valenciana para 1º de Bachillerato, «todo lo que tiene que ver con España tiene una connotación negativa».
«Se evita incluso mentar o nombrar la palabra España y todo lo que tiene que ver con la monarquía institucional tiene connotaciones negativas», ha detallado Cantó.
Ha explicado que este dossier, que ha editado su partido, ha sido elaborado por un filólogo «independiente», el profesor de Educación Secundaria Julián Ruiz-Bravo.
El diputado y la portavoz de Educación de Cs en Las Cortes, Mercedes Ventura, fueron ayer a la Consejería de Educación valenciana a entregarlo “para ver si tiene a bien hacer algo al respecto».
El diputado y la portavoz de Educación de Cs en Las Cortes, además de entregar el informe a la Consejería, han pedido acceder a las actas de consejos escolares donde constan los proyectos lingüísticos de 204 centros escolares que «enseñan mayoritariamente en valencian». Foto: Cs
«Nuestros hijos deben tener una educación no politizada», ha reivindicado Cantó, y ha reclamado al consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà (PSOE), que “tome cartas en el asunto».
Mercedes Ventura ha destacado que «llama mucho la atención» que los libros son de valenciano, pero “no se habla de valenciano».
Según ha explicado, «dicen que la comunidad fue repoblada por los catalanes, y se olvidan de los aragoneses y de otros reinos que vinieron aquí, de la riqueza de la comunidad”.
“Únicamente se quieren centrar en los países catalanes y alterar la historia de la comunidad y la de España», ha denunciado.
La portavoz de Educación de Cs en Las Cortes, Mercedes Ventura. Foto: Cs
Los diputados han reclamado el acceso a la información de los proyectos lingüísticos de 204 centros escolares, así como las actas de los consejos escolares en las que fueron aprobados.
Según Cantó, desde Ciudadanos han pedido esta documentación «varias veces», pero afirma que el consejero Vicent Marzà no se «lo ha querido dar».
Ha explicado que han pedido amparo a la mesa denunciando esta situación, y que ayer iban a ver a Marzà, “que guarda estas actas como si fueran el tesoro de Golum, a ver si de una vez hace caso de lo que le está diciendo la ley, la transparencia, el sentido común”, y entrega “la información”.
✅ Tras la negativa de darnos documentación de las actas y proyectos lingüísticos. @CsCValenciana solicitó amparo a la mesa y a fecha de hoy aún falta parte de la información solicitada pic.twitter.com/Q6UKOuxt13
— Mercedes Ventura (@mventuracs) 6 de febrero de 2019
EL ‘NÚMERO DOS’ DE LA CONSEJERÍA ASEGURA QUE ‘LO DEL ADOCTRINAMIENTO ES UNA CANTINELA’: ‘SON POLÉMICAS INVENTADAS’
El secretario autonómico de Educación, Miguel Soler (PSOE), ha respondido a Cantó, en declaraciones a los medios, que «no hay libros de texto oficiales, son lo que cada claustro decide», que la Generalitat no «publica» y que «no hay ningún tipo de autorización por parte de la administración».
Ha apuntado que este procedimiento responde a una «una normativa estatal, que además se introdujo por primera vez con el Gobierno del PP en 2002, la Ley de Calidad de la Educación», y que bajo esta normativa, «simplemente las editoriales deben cumplir con el currículum escolar, y a partir de ahí publican sus materiales y el profesorado de cada centro elige lo que considera».
Soler ha señalado que, en caso de que «haya un libro que se considera que atenta contra principios fundamentales de la Constitución o valores básicos de la sociedad», «tiene que producirse la denuncia de alguien» y «frente a eso ya la administración envía a la inspección educativa» y lo «analiza».
Ha asegurado que «lo del adoctrinamiento es una cantinela» que escucha «desde hace tiempo» y no sabe «a qué viene», porque esta «polémica dentro de los centros no existe».
«Son polémicas inventadas, hay gente que está trabajando en política educativa para intentar resolver los problemas reales, hay otros que parece que les gusta más el circo u otro tipo de historias y no realmente resolver los problemas de los valencianos, que como en cualquier punto de España todos tenemos problemas de educación y todos tenemos que trabajar para mejorar la educación y no para inventarse cosas que no existen», ha zanjado.
Sobre la petición de Ciudadanos de acceder a las actas de consejos escolares, ha asegurado que «cualquier diputado que pide una documentación escrita tiene que hacer una tramitación» y que Cs la hizo el pasado julio.
Ha indicado que en septiembre, la mesa de las Cortes determinó que las actas no se podían entregar por escrito porque «aparecía el nombre de las personas que hablan en el debate», y que «acordó lo que figura en el reglamento de Les Corts», que los diputados podían ir a la Consejería y “comprobar, mirar y leer todas las actas que quisieran, tomar notas, sin hacer fotocopias ni difundir esa información».
«La diputada que lo pidió ya vino en septiembre a mirar una serie de documentación, desde el 26 de septiembre estábamos esperando a que volviera, porque está a su disposición. Cumplimos lo que tenemos que cumplir, que es facilitar siempre a cualquier diputado la documentación que pide», ha asegurado.
❌ FALSO (por segunda vez hoy)@Tonicanto1 insiste en tener acceso a una documentación declarada de carácter no público por un diputado de su propia formación.
El Conseller @VicentMarza afirma que en la jornada de hoy la diputada de C’s @mventuracs si ha tenido acceso. pic.twitter.com/eXGspUCfXp
— Fact Check CV (@FactCheckCV) 6 de febrero de 2019
“Si en algún momento quieres dejar de crear incendios y rescatar fantasmas, estaré encantado de escucharte”, ha sido la respuesta del consejero de Educación, Vicent Marzà, a esta denuncia de «adoctrinamiento» por parte de Ciudadanos.
Si en algún momento quieres dejar de crear incendios?y rescatar fantasmas?, si quieres hablar de modelo educativo o de renovación pedagógica y tienes alguna propuesta estaré encantado de escucharte 😉
— Vicent Marzà (@VicentMarza) 6 de febrero de 2019
Ciudadanos critica que el tripartito se gaste «más de 50 millones de euros» en una Consejería de Transparencia, pero «son incapaces de darnos unas actas que teóricamente son públicas».
El tripartito se gasta más de 50 millones de euros en una Consellería de Transparencia pero son incapaces de darnos unas actas que teóricamente son públicas.
¿Por qué @VicentMarza no quiere enseñarnos cómo se ha decidido la lengua en la que estudian los niños valencianos? pic.twitter.com/ntzGMQDbCc
— Toni Cantó (@Tonicanto1) 6 de febrero de 2019
Ciudadanos ha informado que seguirá insistiendo en su denuncia para evitar el «adoctrinamiento» en las aulas valencianas, y que el siguiente paso será llevarle el informe al Defensor del Pueblo valenciano.
HABLAMOS ESPAÑOL: ‘LA IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA ESTÁ MÁS QUE ASENTADA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EN LAS ISLAS BALEARES’
La asociación Hablamos Español, creada en el verano de 2017 para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, nació alertando de que hasta el momento eran Cataluña, Galicia, Islas Baleares y País Vasco las comunidades perjudicadas” y ha denunciado recientemente en Confilegal que “ahora se suma también la Comunidad Valenciana a la lista de lugares de España donde la imposición lingüística se acelera”.
Muy al contrario de lo que asegura el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, de que «lo del adoctrinamiento es una cantinela», la presidenta de Hablamos Español ha manifestado a este diario que “en la actualidad la imposición lingüística está más que asentada en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares”, y ha informado que “empieza a haber también inquietud en Asturias”.
Esta asociación también denunció el pasado diciembre que en la Comunidad Valenciana se estaba llevando a cabo una campaña dirigida a niños, denominada “Bus de la Llengua”, con la que “apelando a un falso bilingüismo amable”, “se trata de sustituir el español por la lengua autonómica con el mensaje de que esa es la lengua que debería ser la propia”.
Hablamos Español destaca que “en Cataluña o Galicia se asocia sin rubor la identidad de las personas a hablar catalán o gallego, y que aunque esta campaña es “aparentemente más suave”, “al final siempre se trata del mismo proyecto de ingeniería social, con los niños como principal objetivo”: “sustituir el español por la lengua autonómica con el mensaje de que esa es la lengua que debería ser la propia”.
También ha alertado de que el gobierno vasco y otras instituciones han puesto en marcha una campaña para “marcar con una chapa a las personas según su conocimiento del euskera”. Se llama ‘Euskaraldía’, y «también llegado a los colegios».
EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NO EVITAR ESTA SITUACIÓN EN LAS AULAS
La senadora popular Salomé Pradas también advirtió el pasado martes en el Senado que «los separatistas están utilizando los colegios para hacer ingeniería social, manipulación ideológica a través de la inmersión lingüística o la manipulación de la historia», y acusó al Gobierno de no evitar esta situación en las aulas.
La respuesta de la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, fue instar al PP a trasladar a los tribunales «las pruebas que tengan de adoctrinamiento en las escuelas catalanas, valencianas y baleares».
Celaá ha dicho que entre 2017 y 2018 el Defensor del Pueblo ha estudiado 28 casos de adoctrinamiento de 70.000 libros de texto que se utilizan en el territorio nacional, lo que supone un 0,2 % del total.
Además, ha señalado que es imposible que se de esta situación en democracia, y ha indicado que el Ejecutivo «tiene la obligación de aplicar todos los procedimientos legales y constitucionales para evitar cualquier invasión en la igualdad de oportunidades».
El pasado 24 de diciembre, la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundúa, remitió al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, un informe en el que denuncia casos de “persecución de los niños que no asumen los preceptos del nacionalismo” en aulas de Cataluña, y pidió a esta institución que “proteja” a estos escolares de “entornos tóxicos de manipulación y fanatismo”.
En él, enumera casos de padres y madres “estigmatizados, excluidos o acosados” por cuestiones ideológicas, y alerta de que dicha situación se agrava para los hijos de guardias civiles o policías nacionales en Cataluña.
“Se han registrado casos de docentes que recriminan a los niños ser hijos de miembros de las fuerzas del orden españolas, tachando a sus progenitores de fascistas, matones e incluso asesinos”, ha explicado Pagazaurtundúa.
Y ante el ‘acoso’ independentista, «muchos» guardias civiles han cambiado de colegio a sus hijos y «varias decenas» se han ido de la región, según ha informado a Confilegal la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
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