Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), finalmente se ha posicionado publicamente sobre la decisión del Consejo de la Abogacía Catalana de enviar «observadores» para supervisar y verificar al tribunal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que a partir del próximo 12 de febrero va a juzgar a los políticos que impulsaron el proceso de secesión ilegal de Cataluña entre septiembre y octubre de 2017.
La presidenta ha sido rotunda: «En nuestro estado de derecho, en nuestra democracia, no tiene sentido mandar ‘observadores’ a la celebración del juicio del ‘procés’. Ni a este ni a ninguno».
«Y digo esto por dos razones. No ya solo porque, como todos sabemos, se va a retransmitir en directo y todos vamos a conocer cómo se va a celebrar el juicio sino por el íntimo convencimiento y la seguridad de que nuestra justicia trabaja con un gran rigor intelectual y científico y con absoluta independencia«, ha añadido.
El auditorio que tenía ante ella, en el marco del desayuno del Forum de Nueva Economía -celebrado en el Hotel Palace de Madrid-, era nada menos que la cúpula del poder judicial, con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, buena parte de los vocales, el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y algunos de los magistrados de esa Sala, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, muchos magistrados de ese órgano judicial y de los tribunales colegiados y unipersonales de Madrid y muchos decanos de colegios de Abogados, como José María Alonso, de la capital de España, y Javier Lara, de Málaga.
«La Sala de lo Penal tiene demostrada su independencia. Como las otras Salas, también. Pero de forma especial, porque estamos hablando de ella, la Sala Segunda. De todo no me cabe la menor duda. Y, además, considero que es un juego peligroso el cuestionamiento continuo de la independencia de nuestros tribunales. Independencia, insisto, que tiene demostrada«, concluyó la presidenta del CGAE, respondiendo a la pregunta que le planteó Confilegal y que el moderador, José Luis Rodríguez, le planteó segundos después de su conferencia.
Una respuesta que fue contestada con una fuerte ovación por parte de los presentes. Fue la única de sus respuestas que fue aplaudida.
Ortega había evitado pronunciarse hasta ahora sobre este asunto
Justificó su silencio argumentando que no conocía en su literalidad el acuerdo tomado por el Consejo de la Abogacía Catalana, acuerdo que publicamos en Confilegal en su forma original. Y que no era un acuerdo de su pleno sino dos, uno de noviembre y otro de diciembre.
«Han habido diversas informaciones en un sentido o en otro sentido. Personalmente, no he salido a los medios de comunicación por esa circunstancia. No me parecía que debía salir sin tener la certeza de que efectivamente se había dicho», se excusó.
Los decanos de Madrid y de Málaga, Alonso y Lara, sí se pronunciaron públicamente sobre esa decisión del Consell dels Illustres Collegis D’Advocats de Catalunya (CICAC).
El madrileño declaró el 30 de enero pasado que “Decir que hace falta mandar observadores al juicio del ‘procés’ es un insulto a la inteligencia”.
Y el de Málaga hizo lo propio el 1 de febrero: “Con el envío de ‘observadores’ el Consejo de la Abogacía Catalana trata de politizar la justicia y presionar a los jueces”.
El 31 de enero Confilegal publico una información demostrando, con un certificado del propio CICAC, el acuerdo tomado en los dos plenos acordando el envío de observadores, a los que no se había dado publicidad.
El 4 de febrero, el presidente del CICAC, Ignasi Puig, fue más allá, tomando partido, al declarar, en una entrevista a Europa Press, al manifestar que “No hay delito de rebelión” en el juicio del “procés”.
Declaraciones que el pasado miércoles se vieron respondidas por la Comisión de Constitucional del Colegio de Abogados de Barcelona, que censuró a Puig, por abandonar la neutralidad que debía haber respetado al opinar sobre algo que no le tocaba hacer, porque, como presidente del CICAC, estaba representando a los 40.000 abogados de Cataluña.
Ortega, en el curso de su respuesta, recordó que hoy se reunía el Pleno del CGAE, compuesto de 83 colegidos de abogados, «de los cuales 14 son catalanes. No vamos a reunir después de este desayuno. Y si se quiere decir algo, se dirá».
