El Tribunal Supremo revisará en vista pública el próximo miércoles la condena de 2 años de cárcel impuesta al exconsejero madrileño Francisco Granados por la Audiencia Nacional, por un delito agravado de aprovechamiento de secreto relacionado con el «chivatazo» que le dio un guardia civil sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido en la denominada ‘Operación Púnica’.
El soplo le permitió ocultar un millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros como luego se comprobó en los registros judiciales.
El agente que dio el aviso, José Manuel Talamino, fue condenado a dos años de cárcel, y José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excendecia, a año y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
El único que ha recurrido en casación ha sido el exalcalde de Valdemoro y exconsejero de Presidencia e Interior madrileño.
La Fiscalía reclamaba tres años de prisión para él.
La Audiencia Nacional lo condenó en diciembre de 2017 al entender que la revelación que Talamino hizo al exmandatario madrileño produjo «un intenso» daño a la investigación vigente en el marco de la trama Púnica.
El tribunal consideró probado que Talamino conocía de la existencia de una investigación de la UCO sobre el socio de Granados, David Marjaliza, y así se lo hizo saber a Granados en las fiestas patronales de Valdemoro en 2014.
Como resultado, los investigados pudieron destruir pruebas y ocultar dinero, según la sentencia.
Granados comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, una versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral.
Dijo que su exsocio le mandó quemar «en un día de niebla» todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto. Entre estos documentos citó una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.
Tras el soplo, hubo dos «consecuencias inmediatas»: la retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y la «adopción de cautelas» por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación.
La sentencia de la Audiencia Nacional precisaba en este aspecto que se frustró la posibilidad de grabar a «concejales, asesores y exconcejales» que acudieron a su despacho.
El juicio fue el primero de la trama Púnica. En él, tanto el expolítico popular como los dos acusados negaron que se filtrara esa información.
Granados dijo que Rodríguez Talamino le había hablado de una operación de la Guardia Civil de carácter económico, pero en ningún momento le nombró a Marjaliza ni le desveló el contenido de la misma.
UN VOTO PARTICULAR
La sentencia contó con un voto particular, del magistrado Nicolás Poveda, que aunque considera probada la responsabilidad penal de los acusados, pone en tela de juicio el contenido de unos documentos que estaban en posesión de Marjaliza y que al parecer fueron quemados por orden de Granados ya que «nada se sabe de dicha documentación», salvo la descripción que hizo de ella el constructor en su declaración testifical.
Poveda consideraba que «no existe dato alguno que acredite la preexistencia» de estos escritos sobre licitaciones de mesas de contratación de la Comunidad de Madrid y facturas de regalos ni tan siquiera en soporte informático ya que la información contenida en el disco duro del ordenador del empresario fue borrada.
Granados ya cumplió dos años y medio de prisión preventiva por el caso ‘Púnica’, que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional.
