Los representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales, que lo llevan reclamando desde 2015, enviaron el pasado 30 noviembre una carta a Sánchez pidiéndole su “inmediata derogación por un Real Decreto ley, como había hecho con el impuesto de las hipotecas.". Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El Gobierno dice que no descarta revocar el 324 de la LECrim por un Real Decreto Ley
Tiene por delante dos Consejos de Ministros para poder hacerlo
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22/2/2019 10:56
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Actualizado: 05/5/2021 11:53
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El Gobierno ha asegurado que «adoptará todas las medidas que el ordenamiento permita», sin descartar un Real Decreto ley, para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
Así lo ha anunciado en una respuesta escrita al senador de Podemos Joan Comorera, que preguntó al Ejecutivo por este asunto y le instó a usar los instrumentos legislativos necesarios para derogar dicho artículo.
Tiene dos Consejos de Ministros para hacerlo antes de que se disuelvan las Cámaras el próximo 5 de marzo. El de hoy y el del próximo viernes, cuando, según la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se aprobará un Real Decreto para la prórroga de los PGE que recogerá las mejoras pactadas con jueces y fiscales.
El artículo 324 de la LECrim establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, que se podrán extender hasta los 18 meses en caso de instrucciones complejas.
El grupo parlamentario socialista presentó el pasado 10 de octubre una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a su “derogación inmediata” para “acabar con una situación que ha provocado importantes disfunciones en nuestra Administración de Justicia y ha multiplicado el riesgo de impunidad sin que se haya podido comprobar una agilización de la justicia penal”.
En un principio trascendió que iba a votarse su derogación el pasado 13 de noviembre, pero no se hizo.
Las asociaciones de jueces y fiscales enviaron una carta el pasado 30 de noviembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su derogación porque el pasado 6 de diciembre vencía el plazo máximo de 36 meses para la instrucción de las causas declaradas complejas a raíz de la entrada en vigor de la reforma del artículo 324 de la LECrim.
Le reclamaron la “inmediata derogación” para “evitar la impunidad que, sin duda, provocará el archivo de las indicadas causas” y le solicitaban que utilizara para ello un Real Decreto Ley, “dadas las razones de urgencia indicadas”.
La Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que se encuentran adscritas la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, María José Segarra– también avisaron de este asunto a los portavoces de Justicia y a los grupos parlamentarios PSOE, PP, CS y Unidos Podemos instándoles a adoptar los acuerdos necesarios o a dirigirse al Ejecutivo para reclamarle su derogación de forma urgente.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, manifestó entonces a Confilegal que la PNL del PSOE no era más que «un brindis al sol” y que si de verdad había voluntad política, habida cuenta de las razones de urgencia alegadas, que lo derogara por un Real Decreto Ley, como ha hecho con el impuesto de las hipotecas.
“Si no lo hace es que no hay voluntad política de derogarlo”, señalaba.
El plazo venció y no hubo derogación.
La UPF volvió a advertir el pasado 21 de diciembre que la reforma en 2015 por el PP del artículo 324 de la LECrim fijó unos plazos máximos de instrucción de las causas penales que, además de otros defectos, “puede ser una vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción”.
Hizo este llamamiento tras conocerse el día anterior la absolución en un presunto caso de corrupción en Murcia, que afecta al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez (PP), por haber excedido el plazo de investigación.
La UPF instó de nuevo al Gobierno y al resto de partidos a que cumplieran su «anunciado compromiso contra la corrupción» y procedieran «ya» a «iniciar, y a no paralizar indebidamente, el procedimiento legislativo oportuno para la derogación de este dislate procesal”.
El senador de Podemos Joan Comorera, preguntó por escrito al Ejecutivo por este asunto y le instó a usar los instrumentos legislativos necesarios para derogar este artículo.
El Gobierno le ha respondido por escrito que reconoce que «con la pretendida justificación de la agilización de la justicia» se estableció un estricto control de los plazos de instrucción en los procedimientos penales que «ha merecido numerosas críticas por haber dado lugar a resultados injustos».
Incide en que ese acortamiento de plazos, que quedó reducido a seis meses de máximo, genera un riesgo de impunidad o absolución en procedimientos tan relevantes como los dirigidos a la lucha contra la corrupción.
Señala que puede conllevar sobreseimientos «ante el transcurso de los plazos sin haber podido obtener fuentes de prueba relevantes», o que acaben en juicio oral procedimientos que no tienen un sustento probatorio suficiente.
El Ejecutivo añade que esto puede generar «indefensión para las víctimas de los delitos y para el sistema penal en su conjunto».
Además, asegura que el Grupo Socialista, antes y después de llegar a La Moncloa, ha impulsado en todo momento la derogación del precepto desde la promulgación del mismo hace tres años.
El senador de Podemos Joan Comorera recuerda al Gobierno en su escrito que hasta tres grupos parlamentarios han propuesto la derogación de ese precepto, y recalca que los plazos de enmienda a la última de las proposiciones de ley se ha ampliado en más de 50 ocasiones «inexplicablemente».
Denuncia que tal hecho revela «una exigua voluntad» de algunos grupos por poner fin al riego de impunidad que acarrea este sistema de plazos.
Tras conocer el anuncio del Ejecutivo de que no descarta revocar el 324 de la LECrim por un Real Decreto, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha manifestado a Confilegal que han pedido en reiteradas ocasiones su derogación a todos los gobiernos, incluido el del exministro de Justicia Rafael Catalá (PP), al que se quejaron por esa reforma.
«No la entendíamos y desde el minuto 1 dijimos que era una barbaridad«, añade.
«Después, hemos pedido a los distintos grupos parlamentarios que se pusieran de acuerdo para su derogación, se ha interesado en el Ministerio que se haga por Real Decreto ley, escribimos una carta anunciándoles que vencía el primer plazo de 36 meses…», prosigue.
Dexeus celebra el anuncio, dice que es optimista y no pierde la esperanza en que así sea, y hace hincapié en que no trasciendan, «todos los días se archivan causas por este artículo».
«Es una cuestión de voluntad política; hasta ahora poco se ha demostrado en este sentido, pero hay que esperar», concluye.
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