El vicepresidente segundo del Parlament de Cataluña, José María Espejo Saavedra (Ciudadanos), y el secretario segundo de la Mesa del PSC, David Pérez, han afirmado este lunes en el juicio por el ‘procés’ independentista que este órgano tenía «la obligación» de inadmitir a trámite aquellas resoluciones de ley relacionadas con la independencia dado a que el Tribunal Constitucional (TC) las había declarado ilegales, contradiciendo así las alegaciones de la expresidenta de la cámara autonómica Carme Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión por rebelión.
Forcadell considera que solo debe entrar en aspectos formales
Forcadell explicó ante el tribunal presidido por Manuel Marchena, durante su declaración, que la Mesa tiene que admitir a trámite todas las propuestas parlamentarias sin entrar en su contenido, sólo estudiar las cuestiones formales. Preguntada por el rechazo años antes de dos iniciativas legislativas populares sobre una ley del referéndum, la expresidenta indicó que en este caso sí estaban obligados por ley a entrar en el fondo, una tesis que también ha sido desmentida por estos dos parlamentarios durante sus declaraciones como testigo.
A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Espejo ha señalado que el deber de la Mesa es «calificar» la admisibilidad de cualquier proposición independientemente de quien la presente. Con respecto a las leyes de desconexión, ha dicho que en reiteradas ocasiones recordó «expresamente» las advertencias del TC y su oposición sobre permitir el debate sobre las leyes independentistas.
La Mesa introdujo de manera «absolutamente irregular» la ley del referéndum
Aún así la Mesa introdujo de manera «absolutamente irregular» la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica –las leyes de desconexión aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017–, ha indicado. «No fue de manera espontánea«, ha añadido.
Posteriormente, Pérez se ha manifestado en la misma línea y ha asegurado rotundamente que los miembros de la Mesa tienen «la obligación de inadmitir cuando se incumple el ordenamiento constitucional». En este contexto, ha apuntado que él también se opuso a la tramitación de dichas propuestas independentistas y que también advirtió por escrito que se podían vulnerar el mandato del tribunal de garantías.
Pérez ha apuntado que pidió hasta en cinco ocasiones informes jurídicos de determinadas propuestas relacionadas con el proceso independentista y que en todas ellas la Mesa se lo denegó. Ha añadido que él también se opuso a la tramitación de dichas propuestas independentistas y que advirtió por escrito que se podían vulnerar el mandato del tribunal de garantías.
De hecho, ha subrayado que su grupo parlamentario, el PSC, «mostró sus quejas» de que la ley del referéndum se tramitara por lectura única y solicitó que se pidiera el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. A preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seonae, ha hecho hincapié –al igual que Espejo– que la dicha ley no fue firmada por el secretario general del Parlament y que por tanto no fue publicada ni en el boletín de la cámara autonómica, ni en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
El diputado del PSC también ha puesto de relieve la modificación del orden del Pleno de los primeros días de septiembre para introducir las leyes de desconexión, que sólo se admitieron enmiendas parciales, y no de totalidad, de los grupos parlamentarios y que la ley de transitoriedad se votó a altas horas de la noche, concretamente más tarde de las doce de la noche. Según su versión, la presidenta del Parlament no dio ninguna explicación de los motivos que llevaron a la urgencia en la tramitación.
