La Coalición de Creadores en una reciente comparecencia para pedir procedimientos judiciales más ágiles.
Los creadores esperan que se logre un «pacto de Estado» contra la piratería en Internet
La Coalición de creadores e industrias de contenidos valora muy positivamente el amplísimo consenso alcanzado en el Congreso de los Diputados
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07/3/2019 06:15
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Actualizado: 06/3/2019 21:20
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El consenso implica a los principales partidos políticos en torno a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que introduce importantes mejoras en materia de lucha contra la piratería digital de contenidos.
Carlota Navarrete, directora de la Coalición, señala: “Todos los afectados por la piratería digital queremos mostrar nuestro sincero reconocimiento público a todos los que han apoyado la tramitación y a cada uno de los diputados del PSOE, PP, Ciudadanos, PDeCAT…».
«Hace unos días han votado sí, para seguir caminando en favor de erradicar la lacra de la piratería digital de contenidos, cuestión esencial para los creadores y el mundo de la cultura pero también para nuestra economía, empleo y competitividad internacional», explica.
La Coalición destaca el paso adelante que suponen el respaldo rotundo y transversal de los principales partidos a las mejoras introducidas, porque permite albergar serias esperanzas de alcanzar, muy pronto, un Pacto de Estado contra la oferta ilegal de contenidos en internet.
VENTAJAS DE LA REFORMA
La principal ventaja técnica de esta reforma es que cada mejora tiene una justificación en la dinámica misma del procedimiento y, por tanto, va a suponer en la práctica avances cualitativos muy relevantes. Concreta con mayor precisión quienes están llamados a participar en el procedimiento como principales interesados.
Al mismo tiempo, permite actuar ante los infractores anonimizados, aquellos que ocultaban su identidad para eludir la aplicación de la ley; facilita la actuación de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, para hacer menos complejo el régimen sancionador contra los infractores reincidentes.
También potencia la autorregulación, a través de la figura de los códigos de conducta, para favorecer la colaboración entre los titulares de derechos y los prestadores de servicios e intermediarios bajo el impulso del ente público.
Con todas estas mejoras se ha ganado seguridad jurídica en la actuación de la Administración y mayor eficiencia en el procedimiento.
Mejoras que permitirán, al igual que en países de nuestro entorno como Portugal o Italia, una mayor y mejor protección de la propiedad intelectual en el entorno digital, imprescindible para disfrutar de un ecosistema de contenidos diverso, sano y competitivo
Para este colectivo todo esto hace que esta reforma, además de muy necesaria, sea también beneficiosa para la oferta legal y para todos los intermediarios y prestadores de servicios en internet, que verán, junto a los creadores, mejor protegidos sus derechos frente al expolio de las empresas y organizaciones piratas que hacen de lo ilegal la base de su fraudulento y pernicioso modelo de negocio.
UNA REFORMA QUE PROVIENE DEL 2010
No hay que olvidar que el texto que introduce el procedimiento de salvaguarda en la Ley de Propiedad Intelectual proviene de una reforma de 2010, retocada, sólo en parte, en 2015 y que a 2019 se había quedado desfasada para afrontar los últimos retos digitales.
Desde que se incorporase en 2011 el procedimiento administrativo de lucha contra la piratería a nuestro ordenamiento jurídico, los tiempos de su aplicación han sido más lentos de lo esperado, y los creadores e industrias de contenidos han sufrido año tras año graves perjuicios y un constante deterioro de su potencial a causa de la piratería digital.
Según el Observatorio de piratería y hábitos de consumo digitales, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos digitales ilegales a contenidos por valor de 21.899 millones de euros, ocasionando un perjuicio al sector de 1.857 millones, y afectando, a su vez, a las arcas públicas, que dejaron de ingresar un total de 575 millones de euros.
Esto hace que se sume un acumulado desde 2012 de 3.347 millones de euros, impidiendo la posibilidad de crear más de 142.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Por ello, se hacía urgente y necesario proteger con eficacia a un sector que facilita 458.000 empleos, un 2,6% del total en España, y supone el 3,5% del PIB.
La Coalición entiende que el amplio respaldo obtenido en las Cortes Generales es un síntoma claro y contundente de que nuestro país apuesta por enfrentar el problema de los accesos ilegales a contenidos con una sólida y eficiente defensa de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital.
También este colectivo de creadores confía en que pronto se puedan materializar otras medidas como la prometida Fiscalía especializada en materia de propiedad intelectual o el impulso urgente desde el Gobierno de un código de conducta entre titulares de derechos de propiedad intelectual y prestadores de servicios.
“En 2011 valoramos como valiente la aparición de la vía administrativa por incorporar un procedimiento pionero, ágil y eficaz de restablecimiento de la legalidad, y la reforma de 2015 como un importante avance en diferentes cuestiones».
«Una de ellas era la referencia expresa a las webs de enlaces o la previsión de un régimen sancionador complementario, no podemos más que valorar como otro gran paso adelante lo aprobado ahora en 2019” explica Navarrete.
Desde su punto de vista “se ha vuelto mejorar el texto para superar los obstáculos que lastraban la eficacia en la aplicación dejando estéril la voluntad del legislador, además celebrando que se aprueba aún con mayores apoyos».
«Los diputados han demostrado ser claramente sensibles al perjuicio que la piratería causa a la sociedad, al empleo, a las arcas públicas, a los creadores e industrias, y han dicho, rotundamente, tolerancia cero contra la piratería», concluye Carlota Navarrete, directora de la Coalición.
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