Vicent Nos, el informático que reveló haber tenido una reunión con Puigdemont, Junqueras, Rovira y Mundó para fabricar un sistema de votación electrónica de cara al referéndum del 1 de octubre que no pagaría la Generalitat sino "terceros". Foto: Poder Judicial.
Puigdemont trató de que se fabricara un sistema de votación electrónica que pagarían «terceros» ajenos a la Generalitat
|
07/3/2019 06:15
|
Actualizado: 07/3/2019 00:02
|
Dos estudiantes informáticos declararon ayer, en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, que el expresidente «procesado prófugo» -según descripción del fiscal Javier Zaragoza– y el exvicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, les ofrecieron entre 400.000 y 500.000 euros para fabricar un sistema de votación electrónica de cara al referéndum del 1 de octubre de 2017.
El dinero no sería abonado por la Generalitat, porque tenían las cuentas bloqueadas, por lo que el dinero les sería abonado por «un tercero», les dieron.
Así les fue explicado a Quim Franquesa y Vicent Nos en el marco de una reunión, en la que también estuvo presente la secretaria general de ERC, Marta Rovira -también fugada-, y el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, según relataron ayer en su comparecencia como testigos ante el tribunal que está enjuiciando la causa del «procés» en el Alto Tribunal.
La reunión se produjo el 16 de agosto de 2017 en el Palacio de Pedralbes.
Los dos informáticos se pronunciaron en los mismos términos durante la comparecencia que prestaron el año pasado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, entonces el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer -recientemente fallecido- donde se investiga la organización del referéndum del 1 de octubre.
LES MINTIERON DICIENDO QUE HABRÍA UNA LEY QUE AMPARARÍA EL 1-O
De acuerdo con Franquesa, su contacto fue el exconseller del tripartito de ERC Xavier Vendrell, que se identificó inicialmente como «Jordi» y que le llamó desde un número oculto para concertar una cita en un bar, a principios de agosto de ese año.
La Guardia Civil identifica a Vendrell en sus informes como una de las personalidades que formaban parte del «núcleo duro» que asesoró a Puigdemont en la celebración del 1-O.
Admitieron que sabían desde el primer momento que esa aplicación se utilizaría para el referéndum independentista, pero les garantizaron que «sería legal» porque estaría «amparado» por una ley que se iba a aprobar en unas semanas en el Parlament.
Franquesa llamó a Nos para pedirle su colaboración y los dos asistieron a la reunión con los dirigentes catalanes.
El encuentro duró poco más de una hora y se habló sobre todo de la propuesta concreta, la seguridad que deben tener ese tipo de aplicaciones y los calendarios que se manejaban para el desarrollo.
Nos explicó que nadie en la reunión les pidió confidencialidad sobre lo que allí se trató y afirmó que, por el desarrollo del proyecto, les pagarían entre 400.000 ó 500.000 euros, aunque la mitad se invertiría en «recursos» de la propia aplicación, como su mantenimiento.
Sin embargo, Franquesa dijo no estar seguro de que se hablara de la retribución, aunque sí recalcó que ni él ni Nos tuvieron nunca claro cómo se iba a pagar el trabajo.
Eso sí, recalcó que le aseguraron que la Generalitat «no iba a pagar nada» porque tenía las «cuentas bloqueadas».
«Nos dijeron que nos pagaría una tercera parte», ha apuntado.
EN EL CTTI NO DIERON EL VISTO BUENO
Franquesa explicó que, después de esa reunión en Pedralbes, él mismo mantuvo encuentros con técnicos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), pero que éstos «no estaban muy dispuestos a desarrollar un proyecto de estas características» y por eso «no dieron su visto bueno».
Según manifestó, así fue pasando el tiempo y finalmente, a principios de septiembre, se echaron atrás y decidieron no desarrollar la aplicación debido a la aprobación de las leyes de desconexión, que «seguramente iban a ser anuladas» por el Tribunal Constitucional, y porque no sabían aún quién les iba a pagar.
Nos, además, señaló que a esas alturas ya no daba tiempo a elaborar la aplicación y tampoco se les había pagado el dinero necesario para hacerlo.
Después de los informáticos compareció Teresa Guix, a quien la Generalitat le encargó el diseño gráfico de la web ‘pactepelreferendum.cat’ debido a que ya había firmado contratos menores con la Administración autonómica.
La mayoría de las contestaciones de esta testigo a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal fueron «no lo recuerdo», lo que llevó al presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, a pedirle que concretara sus respuestas, incluso que justificara esa «desmemoria».
SOBRE UN REFERÉNDUM PACTADO
Guió explicó al tribunal y a la fiscal que ella tan sólo se dedicó a hacer el diseño de dicha página y que no se detuvo en el contenido.
Únicamente recordó que se «daba la información de las asociaciones o individuos» que estaban a favor de «realizar un referéndum pactado», pero nada que ver con el 1-O, dijo.
Asimismo, afirmó que desconocía si se incluyó un registro de voluntarios.
En este sentido, calificó el proyecto que entregó al entonces responsable de Contenidos Digitales de la Generalitat, Roc Fernàndez, de «propuesta» porque lo que finalmente se publicó fue «muy diferente» y que por ello se desentendió por completo de este trabajo.
Guix también explicó que tras ser llamada por la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el marco de la investigación de la organización del 1-O, decidió por «prudencia» devolver los 2.700 euros que le habían pagado por este diseño.
No obstante, fue preguntada por un pago, cuyo destinatario era el informático Ibon Orrantia, a lo que explicó que lo aceptó porque entiende que esta persona no tiene un contrato «abierto» como ella.
Por la tarde también declararon la jefe de la empresa Focus Media, Olga Solanas, la única empresa que hoy todavía reclama a la Generalitat el pago de la compra de los espacios publicitarios en prensa escrita, que se elevan a 130.000 euros.
Solanas explicó al tribunal que su empresa giró dicha factura a la Conselleria de Presidencia, que dirigía Jordi Turull, pero no lo cobraron.
La empresa que tiene firmado un contrato-marco de 2,7 millones de euros con la Generalitat para la difusión de sus campañas.
TAMPOCO COBRARON LOS INTERMEDIARIOS
Su actividad no tiene que ver con el contenido de los mensajes, por lo que Solanas no pudo reconocer el anuncio concreto que se le exhibió en la sala, si bien dijo que, en su momento, pudo ver otras variedades del mismo en prensa.
La Fiscalía le preguntó a esta testigo sobre otra campaña emitida en septiembre, la de ‘Civisme’ cuya creatividad ha dicho que no se encargó a ninguna agencia porque fue realizada directamente por la Generalitat.
En este caso Focus Media también buscó los espacios publicitarios, si bien recordó que algún medio le reclamó tarifa aparte -le advirtió que el anuncio no podía considerarse que entrara como publicidad institucional homologada-, por considerarlo una «campaña política».
La Fiscalía también inquirió a un tercer testigo, el director de El Punt Avui,, por las campañas publicitarias del referéndum.
Para este interrogatorio, el presidente del tribunal, avisó al testigo de que por ser periodista «le ampara el secreto profesional» y podía negarse a responder en caso de que el contenido estuviera relacionado directamente con su labor periodística.
EL TESTIGO PERIODISTA
Xirgo explicó que la campaña publicitaria de las vías del tren se insertó en la página web y en la televisión del grupo «sin ánimo de lucro», algo que, según su versión, se hace a veces cuando se abordan cuestiones de «valores fundamentales» y que así lo consideraron en el mencionado anuncio.
«Aparte de informar y opinar, en algunos temas, si son temas fundamentales, como la discriminación, pues (la publicidad) se inserta de forma gratuita; no es habitual, pero sí para transmitir valores fundamentales, sociales, éticos y democráticos. Con el Gran Recapte o la Fundación Pasqual Maragall lo hemos hecho. La empresa pensó que el derecho a decidir era un valor fundamental», decía´ro.
El testigo dijo que cree que no hubo encargo de la Generalitat para emitir esta campaña, que fue «iniciativa» del departamento comercial de El Punt Avui y que obtuvieron el vídeo de las redes sociales.
También recalcó que en el momento en que recibieron el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ordenando su prohibición, dejaron de emitir.
En cambio, el director de El Punt Avui sí reconoció que la campaña publicitaria sobre el registro de catalanes en el exterior se publicó en prensa y en ese caso sí facturaron un total de 26.000 euros, aunque no concretó si cobraron la factura.
En esta décimo segunda sesión del juicio también estaba citada la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Nuria Llorach, que prefirió no contestar a las preguntas al estar imputada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre. EP.
Noticias Relacionadas:
