Edificio de la Fiscalía General del Estado en su cara al Paseo de la Castellana.
Hoy Consejo Fiscal «calentito» en nombramientos
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13/3/2019 06:15
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Actualizado: 13/3/2019 03:50
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Y no es para menos. El Consejo Fiscal, formado por tres miembros natos -la fiscal general del Estado, María José Segarra, el teniente fiscal, Luis Navajas, y el fiscal de Sala Jefe Inspector, Fausto José Cartagena– y 9 miembros electos, 5 de la Asociación de Fiscales y 4 de la Unión Progresista de Fiscales, tienen que dirimir, al menos, dos «patatas calientes».
Por un lado, el nombramiento del fiscal superior de Justicia de Canarias para el próximo lustro, un cargo que ha venido ocupando Vicente Garrido desde 2003, cuando fue elegido por vez primera como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y en el que ha sido reelegido -o confirmado, como se quiera-, en 2008 y en 2014, ya con el cambio de denominación actual.
Garrido pertenece a la Asociación de Fiscales.
Su «contrincante» es Luis del Río, fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canarias y profesor de Derecho Penal de la Universidad de esa ciudad.
Del Río, miembro de la UPF, fue nombrado para ese cargo por el actual magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, cuando era fiscal general del Estado.
A favor de Garrido, que se conoce la Fiscalía Superior como la palma de su mano. En contra, que aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no establece ningún límite de mandatos, a algunos en el Consejo Fiscal le pueden parecer demasiados tres mandatos que suman quince años.
La otra «patata caliente» es la plaza de fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, que quedó vacante tras el nombramiento de Teresa Gisbert como fiscal superior de la Comunidad.
Aquí los dos aspirantes principales pertenecen a la UPF. Un hecho inédito. Jamás visto antes.
Por una parte, José Antonio Nuño de la Rosa Amores y por otra Dora Cano, miembro del Secretariado Nacional de la UPF y la fiscal que ha llevado a juicio el caso del Metro de Valencia.
Hay otros dos, es cierto, José Ortiz, de la Asociación de Fiscales, que es fiscal delegado de Criminalidad Informática y delegado autonomico de Protección de Datos, y Joaquín Baños, independiente.
La cosa, al parecer, está entre Nuño de la Rosa, a quien su amiga, la consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, fiscal en servicios especiales y exportavoz de la UPF, quiso colocar como magistrado autonómico, a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero la cosa le salió mal, y Cano.
Nuño de la Rosa solicitó la plaza el último día en que finalizaba el plazo después de saber que el CGPJ le había denegado la preciada plaza, en beneficio del ya exfiscal Anticorrupción, Vicente Torres, por ocho votos a tres.
La decisión tomada por Nuño de la Rosa, de aspirar a esta plaza, no le ha caído muy bien a Dora Cano, porque cree que su compañero ha pedido una plaza que no le interesa pero para la que tiene más antigüedad y curriculum que ella.
El problema es que, aunque el voto no es vinculante, la fiscal general del Estado se puede tener que ver entre elegir a uno o a la otra o por un tercer o cuarto candidato.
Toda una incógnita.
También están en juego la plaza de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, vacante tras el cumplimiento de mandato de cinco años de Pilar Fernández Valcarce, la de teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón, vacante por la misma razón y una plaza en comisión de servicio para la plantilla de la Fiscalía Antidroga.
REGLAMENTO DEL MINISTERIO FISCAL
Por último se abordará el plan de estudio de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal, que ha sido muy criticado tanto por la Asociación de Fiscales como por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales porque entienden que favorece a la fiscal general del Estado al otorgarle la máxima categoría, la de fiscal de Sala del Supremo, una vez que cese en su cargo con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Este cambio de categoría sería consecuencia de la modificación del artículo 62 del citado reglamento, que regula las situaciones en caso de que expire los mandatos de los fiscales.
La reforma pretende que cuando el fiscal general del Estado, siempre que éste sea miembro de la carrera fiscal, cese por alguna de las causas previstas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «quedará adscrito, a su elección, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las fiscalías cuyo jefe pertenezca a la categoría primera».
Tanto la Asociación de Fiscales como la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) opinan que este proyecto se ha realizado sin tener en cuenta la opinión de los representantes de los fiscales.
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