El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reaccionado con firmeza al auto dictado hoy por el Tribunal Supremo, en el que se acuerda la apertura de causa penal contra varios investigados por hechos que, según el Alto Tribunal, podrían vulnerar derechos fundamentales estrechamente ligados al ejercicio de la abogacía.
El Colegio ha recordado que este procedimiento parte, entre otras iniciativas, de la querella presentada por su Junta de Gobierno en defensa del secreto profesional, una pieza clave del derecho de defensa y del debido proceso.
La decisión de acudir a los tribunales fue adoptada como acto de responsabilidad institucional, ante indicios de una posible intromisión ilegítima en las comunicaciones abogado-cliente.
“El secreto profesional no es un privilegio del abogado, sino una garantía del ciudadano”, señalan desde el ICAM, que subraya su compromiso inquebrantable con los valores esenciales de la profesión: independencia, confidencialidad y defensa efectiva.
La corporación colegial anuncia que está preparada para adoptar todas las medidas necesarias, tanto en el plano colegial como institucional, para proteger el secreto profesional y asegurar el respeto a los derechos y libertades más fundamentales de cualquier sistema democrático.
“El respeto a la abogacía no es una concesión: es un requisito del Estado de Derecho”, concluye.
