La Asociación de Fiscales (AF, mayoritaria) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) emitieron ayer un comunicado conjunto en el que reafirman su compromiso con la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio, y denuncian lo que consideran una estrategia del fiscal general del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, para cercenar el ejercicio del derecho de huelga dentro del Ministerio Fiscal.
«El FGE está cercenando el ejercicio del derecho de huelga que la asociación que un día presidió reivindicaba y que, junto al resto de asociaciones de fiscales, tuvo por reconocido en noviembre de 2018», dicen, en referencia a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación profesional que él había presidido hasta 2017 y que secundó aquella huelga.
Ambas asociaciones informan que han presentado un recurso de reposición contra la notificación del FGE que asume el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el cual los jueces no tienen respaldo normativo para ejercer el derecho de huelga, impidiendo por tanto establecer servicios mínimos.
«El FGE describe sibilinamente unos servicios mínimos tan amplios que imposibilitan el ejercicio del derecho de huelga y, sorprendentemente, lo hace depender, en el caso de los fiscales, del ejercicio al derecho de huelga del juez correspondiente, de modo que convierte al fiscal en mera comparsa del juez», precisan.
En su comunicado, la AF y la APIF critican duramente las directrices del fiscal general del Estado hacia los fiscales jefes, a quienes se les exige garantizar la celebración de actuaciones judiciales o fiscales cuya suspensión pudiera perjudicar los derechos de los ciudadanos.
«El Fiscal General exige a los fiscales jefes que se garantice la práctica de todas las actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención del fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos y aquellos señalamientos que, fijados con anterioridad a los días uno, dos y tres de julio, se hayan mantenido por parte del órgano judicial que los acordó», afirman en un comunicado.
La AF y la APIF interpretan como una amenaza velada la exigencia del fiscal general del Estado de que se comuniquen a la inspección fiscal las incidencias que puedan surgir durante los días de huelga. Esta medida, afirman, puede generar un clima de intimidación y desaliento entre los fiscales.
«El FGE describe sibilinamente unos servicios mínimos tan amplios que imposibilitan el ejercicio del derecho de huelga y, sorprendentemente, lo hace depender, en el caso de los fiscales, del ejercicio al derecho de huelga del juez correspondiente, de modo que convierte al fiscal en mera comparsa del juez», precisan. Y le reprochan su actitud restrictiva frente a un derecho que él mismo defendió cuando lideraba la UPF en 2018.
Los presidentes de ambas asociaciones, Cristina Dexeus (AF) y Miguel Pallarés (APIF), tomaron parte en la concentración que tuvo lugar ayer en la Plaza de la Villa de París, frente al edificio del Tribunal Supremo, en preparación de la huelga que tendrá lugar entre el 1 y el 3 de julio próximos para oponerse tanto al Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 (Poder Judicial) y de la Ley 50/1981 (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).
El Anteproyecto «que se avecina» da «más poder al Fiscal General del Estado, al que no separa ni del Ministerio de Justicia ni del Gobierno que lo nombra. No refuerza la autonomía de la institución ni garantiza su independencia. En esas condiciones no es posible que el Ministerio Fiscal asuma la instrucción penal que se pretende», afirmó ayer Dexeus, en referencia a la proyectada reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En la misma línea que Dexeus, Pallarés recordó que «la reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal es un mero maquillaje de cara a Europa. Lo único que ha modificado es que ha prolongado el mandato del fiscal General del Estado a cinco años, lo desvincula del Gobierno, quita competencias al Consejo Fiscal y se las da al Fiscal General».
