La Fiscalía ha rebajado cinco años la petición de pena de prisión que solicita para el expresidente del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell, acusado de liderar una organización criminal que acabó blanqueando más de 19,9 millones de euros del que fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) entre 1989 y 2012, Ricardo Terra Teixeira.
Inicialmente solicitó 11 años de cárcel, que ahora se quedan en seis años y multa de 59,9 millones de euros por los delitos de blanqueo de capitales y grupo criminal.
Así lo ha anunciado el fiscal de la Audiencia Nacional José Javier Polo este jueves en la fase de conclusiones del juicio, que arrancó el pasado 25 de febrero. El representante del Ministerio Público ha adelantado que modifica parte de las conclusiones provisionales, pero mantiene la acusación para las seis personas que se sientan en el banquillo.
Además del expresidente del equipo ‘blaugrana’ están acusados su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de éste, Antonio Ramos; su amigo personal José Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian.
Los cambios que ha hecho la Fiscalía, que benefician a todos los encausados, se sustentan en supresión del carácter presuntamente continuado del delito de blanqueo y que la estructura que formaron se debe calificar como grupo criminal y no organización criminal, como se atribuía al principio y que agravaría la condena.
El fiscal pedía seis años de cárcel por el presunto blanqueo de capitales y cinco por organización criminal
Así, el fiscal pedía para Rosell seis años de cárcel por el presunto blanqueo de capitales y otros cinco por el de organización criminal, que ahora baja a cuatro y dos años, respectivamente a cada delito.
No obstante, la multa que considera que debe pagar sí se ve incrementada casi un millón de euros –de 59 millones pasa a ser a casi 60 millones de euros– al recalcular el importe que presuntamente habría blanqueado.
En cuanto a Joan Besolí, interesa la imposición de una condena de cinco años de cárcel por los mismos delitos, más 40 millones de euros de multa. El socio de Rosell también ve una disminución de cinco años en la petición de pena, además de una rebaja de unos 15 millones de euros en la sanción económica.
Para la mujer, el cuñado y el presunto testaferro, el Fiscal pide un año y 11 meses de cárcel para cada uno de ellos por el delito de blanqueo y grupo criminal; mientras que para Colomer se solicita un año y medio de prisión.
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO ACUSATORIO
Por su parte, las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones y han pedido la absolución de sus clientes.
Tras tomarse unos minutos para analizar el escrito definitivo de conclusiones de la Fiscalía, los abogados han denunciado ante el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel, que la modificación del fiscal, aunque supone una petición más benévola para sus defendidos, causa indefensión y vulnera el principio acusatorio, ya que se «introducen hechos que no están en el escrito inicial».
El Ministerio Público afirma en el escrito de acusación definitivo que los seis acusados, liderados por Rosell y Besolí «conforme a las capacidades de cada uno aportaba», estaban guiado por el «común propósito de obtener importantes beneficios económicos como contraprestación a su ilícita actividad».
Para ello, al menos desde el año 2006, «formaron una agrupación delictiva de intereses comunes, reforzada por vínculos de amistad y parentesco, dedicada al lavado de capitales a gran escala, a sabiendas de su ilícita procedencia», añade.
El expresidente del Barça y, especialmente, su socio –que ambos quedaron en libertad provisional el pasado 27 de febrero, tras casi dos años encarcelados— se sirvieron de sus conocimientos sobre operativa bancaria para la creación y uso de sociedades.
«Muchas de ellas, puramente instrumentales, sin infraestructura y radicadas en paraísos fiscales», para permitir a otros «la realización de determinadas operaciones cuya finalidad era la incorporación al tráfico legal de los beneficios obtenidos en actividades penalmente relevantes o ilícitas, con independencia del país de comisión», explica el fiscal.
De este modo, el fiscal subraya que Texeira –investigado que no se juzga en este procedimiento– se benefició de Rosell con la ocasión de la firma de contratos deportivos relacionados con la compraventa de los derechos audiovisuales de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil realizada por la citada CBF en favor de la sociedad International Sports Events.
