El exdecano del Colegio de Terrassa y portavoz del PdeCat en el Ayuntamiento alentó a la gente contra la Guardia Civil, según un testigo
Los magristrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Ana María Ferrer, son cinco de los siete miembros del tribunal.

El exdecano del Colegio de Terrassa y portavoz del PdeCat en el Ayuntamiento alentó a la gente contra la Guardia Civil, según un testigo

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21/3/2019 14:51
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Actualizado: 21/3/2019 16:06
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El portavoz del grupo municipal del PdeCat en el Ayuntamiento de Terrassa, Barcelona, Miquel Sàmper, alentó a la gente que protestaba contra los agentes de la Guardia Civil que fueron a registrar la sede de Unipost en Terrassa el 19 de septiembre del 2017, según afirmó uno de los 5 agentes que participaron en ese operativo, ante el tribunal que está enjuiciando a los independentistas procesados en el Tribunal Supremo.

«Gritaban desde fascista, desde hijos de puta, dirigidos a nosotros, fuera las fuerzas de ocupación. Nos tiraban claveles. Votarem», explicó el agente de la Benemérita, quien afirmó que él no lo vio sino su compañero.

Estaba «dentro de la gente aglomerada», «estaba alentando a la gente que estaba allí». 

Otro agente, el quinto en declarar, también identificó a Miquel Sàmper. 

«Es el portavoz del PDECat -explicó al tribunal- y estuvo con ellos [con los manifestantes] alentándolos, animándolos, cantando y provocando esa actitud para nada pacífica con respecto a la actuación que estábamos haciendo nosotros dentro del local». 

Sàmper ha reaccionado a través de su cuenta de Twitter: “Un gran honor que este Guardia Civil me acuse falsamente de incitar a las masas”. Y avanzó que “hoy mismo comenzaremos a estudiar las correspondientes acciones criminales para aclara los hechos y ayudar humildemente a la causa de la verdad”.

Sàmper era el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana el 14 de octubre de 2013, cuando esa entidad suscribió el «Pacto Nacional por el Derecho a Decidir» que después fue tumbado por sentencia de 1 de diciembre de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por vulnerar “la libertad ideológica, de expresión y de asociación” de los colegiados.

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