El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra.
Torra recurrirá ante el Supremo la decisión de la JEC y se querellará contra el organismo ‘por presunta prevaricación’
Considera "injustas" las resoluciones de la Junta Electoral Central
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22/3/2019 13:05
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Actualizado: 22/3/2019 13:50
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El presidente catalán, Quim Torra, presentará hoy un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) para pedir la suspensión inmediata de sus acuerdos sobre la retirada de los lazos amarillos de edificios públicos, y la semana que viene, una querella contra este organismo «por un presunto delito de prevaricación».
Así lo ha anunciado este mediodía en un comunicado, en el que afirma que las resoluciones de la JEC son «manifiestamente injustas porque son arbitrarias, como se demuestra en la notificación de anoche, donde exigía al presidente hacer cosas que la Ley no le permite».
Torra también señala que la JEC ve una grave vulneración de la ley en un cartel, pero no ve ninguna irregularidad «en que un partido político haga campaña desde el estrado del Tribunal Supremo, donde dos miembros de la JEC están juzgando» a diversos candidatos que se presentan a las elecciones generales y municipales.
DICE QUE NO SE DETENDRÁ, ‘CON TODAS LAS CONSECUENCIAS QUE TENGA QUE ASUMIR’
Torra ha asegurado que «no se detendrá en la defensa de la libertad de expresión, con todas las consecuencias que tenga que asumir», y ha acusado al Estado de vulnerar los derechos civiles de los catalanes, incluido el derecho de autodeterminación.
Además, ha llamado y animado a la ciudadanía a «llenar los balcones de pisos y casas con ‘esteladas’ y lazos amarillos».
Hoy, dos trabajadores de la Generalitat han retirado a las 12.27 la pancarta con el lazo amarillo y la pancarta con el lazo blanco con el lema ‘Libertad presos políticos y exiliados’ de la fachada de la institución pública.
Se produce después de que la JEC abriera ayer un expediente sancionador al presidente catalán por incumplir la orden de retirar los lazos de los edificios públicos y trasladara el caso a la Fiscalía al apreciar indicios de un presunto delito de desobediencia, lo que podría desembocar en una condena por inhabilitación.
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