Los médicos forenses han definido al exprofesor de gimnasia del Colegio Maristas Sants-Les Corts de Barcelona Joaquín Benítez, acusado por cuatro casos de presuntos abusos sexuales, como una persona narcisista y con poca empatía al considerar que «no reconoce el sufrimiento ajeno».
En la comparecencia de tres médicos y un psicólogo como peritos en el juicio en la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona, las partes han preguntado a los forenses si el acusado tiene rasgos de una psicopatía o de tener una parafilia como la pedofilia, pero lo han descartado.
Sobre la pedofilia, han argumentado que si bien reconoce haber tenido actos sexuales con menores, no tienen constancia de que hubiera relajación posterior o una impulsividad y un deseo «que si no se satisface» pudiera generar ansiedad.
También han detallado que no es una persona con un trastorno cognitivo o mental que le impida entender la realidad, pero que, en relación a los casos de abusos por lo que le están juzgando, «niega la existencia de falta de consentimiento».
Además, los técnicos han apuntado que si bien Benítez verbaliza que se arrepiente de los hechos, no hay una «expresión externa» que corrobore el arrepentimiento.
«Incertidumbre sobre su identidad sexual»
La sesión de este martes ha empezado con la declaración de una testigo que, como psicóloga, ha explicado las secuelas que sufrió una de las víctimas a la que trató: problemas con relaciones de autoridad y en los estudios, inseguridad, desconfianza hacia hombres adultos e «incertidumbre sobre su identidad sexual».
Y ha declarado que «los depredadores sexuales» son hábiles a la hora de detectar jóvenes vulnerables de los que abusar.
Benítez está acusado de abusar sexualmente de cuatro alumnos de 13 y 14 años en los cursos entre 2006 y 2010, en dos casos de forma reiterada, aprovechando que estaban solos en su despacho y valiéndose del «temor» que le causaba a las víctimas la posición dominante del profesor, según el escrito de acusación de la Fiscalía de Barcelona.
Se enfrenta a unas peticiones de penas que van hasta los 36 años de cárcel por cuatro delitos de abusos sexuales, según los diferentes escritos de acusación, ya que además de las acusaciones particulares están personadas la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona como acusación popular.
