La Asociación Española de Médicos Integrativos (AESMI) ha presentado una denuncia, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo y contra Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, de un supuesto delito de malversación de fondos públicos por poner en marcha una campaña publicitaria contra las pseudociencias.
Además, señalan que la lista de las 73 pseudoterapias denota un «gran desconocimiento y falta de rigor, mezclando muchos conceptos y generando mucha confusión y desprestigio en el sector».
En palabras del abogado, Luis de Miguel Ortega “el hecho de recurrir a la vía penal es porque se omite la diligencia debida de transparencia y justificación de los proyectos, resultando patente que estamos ante una mala praxis administrativa que excede de la mera infracción o el descuido”.
El colectivo de AESMI integra a todos los médicos que se dedican a la Medicina Integrativa, que incorpora tratamientos complementarios con probada eficacia científica a su práctica médica habitual.
Y señalan que más de 55.000 puestos de trabajo estarían en juego si el Gobierno de Sánchez sigue en su empeño de desprestigiar tratamientos de probada eficacia científica.
Subrayan que no entienden “las motivaciones del Gobierno de Sánchez para ejecutar con tanta intensidad una campaña mal construida, confusa, y plagada de mentiras, en contra de las directrices europeas que regulan la salud y el consumo».
UNA CAMPAÑA QUE GENERA CONFUSIÓN Y ALARMA SOCIAL
La denuncia ante el Tribunal Supremo –dada la condición de aforados de ambos ministros–, previsiblemente será archivada por no presentarse en modo de querella, con el abogado y procurador preceptivo.
De acuerdo con el letrado, en la denuncia se afirma que el plan de comunicación contra prácticas legales no tiene ninguna justificación.
«Se ha pedido información sobre la campaña y sobre la ejecución al Ministerio de Presidencia que no ha contestado», dice la misma.
AESMI también se refiere en su escrita a Media Sapiens, la agencia de medios.
«El contrato recae en una empresa multada por la autoridad de competencia de España (CNMC) por conducta colusoria y que, a pesar de ello, tiene una posición dominante en la contratación pública».
Y añade: «La campaña lejos de cumplir con su objetivo de informar y prevenir posibles abusos, genera una mayor confusión y alarma social, dado que el único documento que presenta y sobre el cual genera la campaña publicitaria es una lista de pseudociencias confusa y plagada de errores, que no resuelve ninguna duda a la población y que la confunde aún más. No se ha trabajado con el rigor que exige el cuidado de la salud de los ciudadanos».
Desde el punto de vista de AESMI, «No cabe veracidad en la exposición de contenidos que por una parte emplean términos ambiguos e indefinidos –pseudoterapias y pseudociencias- y por otra parte no cuentan con la participación de los agentes afectados –profesionales de terapias no convencionales y consumidores».
INCITAN A LA VIOLENCIA
La citada Asociación se queja del «trato discriminatorio» y de haber «sido excluidos de cualquier tipo de consulta». Por ello, esta campaña es contraria a los valores constitucionales.
También creen que con ella «incitan a la violencia contra quienes practican cualquier técnica ni convencional que pueda encuadrarse arbitrariamente en ‘pseudociencia’ o ‘pseudoterapia'».
«La campaña contradice las normas españolas y europeas donde se expone que la homeopatía es un medicamento y en la campaña del gobierno se manifiesta que es agua con azúcar. Por lo tanto, la cuantía gastada en la campaña, no se justifica con un objetivo tan poco definido y confuso», señalan.
«Solicitamos en su día, la cesación de las campañas arriba mencionadas, por las razones arriba expuestas y siendo evidente que dicha campaña puede causar daños irreparables”.
Cabe recordar que AESMI ha creado una Plataforma de Defensa de la Medicina Integrativa y Complementaria de España abierta a todas las personas que, por motivos profesionales o como usuarios, quieran unirse para contrastar la campaña de acoso que están sufriendo por parte del Gobierno.
