La Abogacía del Estado representará a la letrada judicial que fue amenazada tras declarar ante el Supremo
Esta fue una de las imágenes que se subieron a las redes sociales de la letrada judicial del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Montserrat del Toro,

La Abogacía del Estado representará a la letrada judicial que fue amenazada tras declarar ante el Supremo

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06/4/2019 06:15
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Actualizado: 05/4/2019 21:48
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha autorizado a la Abogacía General del Estado a representar a Montserrat Toro López, letrada judicial del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, para ejercer las acciones penales o civiles que sean necesarias contra aquellos que la amenazaron gravemente tras declarar ante el tribunal que está juzgando en el Supremo a los doce procesados por promover la secesión de Cataluña.

Toro López fue la letrada judicial (secretaria judicial, como antes se la denominaba) que llevó a cabo, junto con una unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, el registro a la Consejería de Economía del gobierno autonómico catalán el 20 de septiembre de 2017, que se vio asediado por una masa que, en determinados momento, llegó a las 50.000 personas supuestamente orquestado por los líderes de ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quienes están entre los imputados.

La letrada judicial solicitó al tribunal que no se tomara imagen de su persona el día de su declaración, el pasado 6 de marzo.

A pesar de ello, a las pocas horas y en días posteriores, se produjeron, a través de las redes sociales, graves amenazas e insultos y la publicación de su fotografía y datos personales. 

Toro López, apenas 24 horas después, presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia que dio lugar a la incoación de Diligencias Previas 198/2019 en el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona.

Tras su testimonio se publicaron en redes sociales su fotografía y datos personales, así como mensajes ofensivos y vejatorios que incitaban a la violencia física sobre su persona.

 El Ministerio de Justicia, tras la aprobación el pasado 3 de abril de un informe previo favorable de la Abogacía General del Estado que es preceptivo y en conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, ha autorizado el ejercicio de las correspondientes acciones penales en nombre de la letrada de la Administración de Justicia Del Toro por parte de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

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