CSIF pide al Gobierno que tome «medidas rápidas y eficaces» para que «se respete y proteja» a la letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, y en general a todos los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.
Este sindicato, que preside Francisco Lama, ha lanzado hoy un comunicado en el que condena los «ataques» que está sufriendo esta letrada judicial que participó en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 y que tuvo que salir por el tejado.
El pasado miércoles, Del Toro declaró como testigo en el juicio del ‘procés’, y solicitó al presidente del tribunal, Manuel Marchena, que las cámaras no filmaran su rostro durante el interrogatorio, y tribunal atendió su petición.
Sin embargo, los separatistas difundieron su imagen en las redes sociales, principalmente Twitter, acompañada de mensajes ofensivos.
Del Toro presentó ayer una denuncia ante el juzgado de guardia de Barcelona, por la difusión de su fotografía y datos personales.
La Fiscalía Superior de Cataluña y la Fiscalía de Barcelona archivaron entonces las diligencias incoadas ayer por estos hechos, al haberse judicializado el caso.
En el decreto de apertura de diligencias, el fiscal superior, Francisco Bañeres, señalaba que las publicaciones sobre Toro van acompañadas de indicaciones que pueden facilitar su localización y de textos que «incitan expresamente al ejercicio de la violencia física sobre su persona, aparte de otros de naturaleza claramente ofensiva y vejatoria».
Apuntaba a que estos hechos contra la letrada del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga el 1-O, pueden ser constitutivos de un presunto delito de obstrucción a la Justicia, o de otros como descubrimiento y revelación de secretos, e injurias con publicidad a funcionario público.
CSIF informa en su comunicado que valora positivamente la «rápida y clara reacción» de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y dice que «contrasta» con los «titubeos mostrados hace unos meses con el magistrado instructor del ‘caso procés’, Pablo Llarena».
Atacar a testigos cuya imagen debe protegerse es propio de los peores totalitarismos. Todo mi apoyo a la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ante el linchamiento en redes sociales al que está siendo sometida por hacer su trabajo
— Dolores Delgado García (@LolaDelgadoG) 7 de marzo de 2019
Asimismo, este sindicato «aplaude» la «rápida intervención de la Fiscalía en la investigación de los hechos e identificación de los responsables».
CSIF destaca que los empleados públicos contribuyen a que la Administración cumpla con su finalidad constitucional de servir con objetividad a los intereses generales, por lo que es «inaceptable que se vean sometidos a ataques y persecuciones públicas por realizar su trabajo».
«Esta protección cobra especial relevancia cuando se trata del servicio público de la Administración de Justicia que es, esencial para el buen funcionamiento del Poder Judicial», añade.
CSIF señala que hay «compañeros en la Administración de Justicia que realizan las denominadas diligencias de calle (actos de comunicación y de ejecución) en condiciones muy difíciles en algunos casos».
Insta al Ministerio de Justicia a que «de una vez por todas se ponga en serio a trabajar en materia de salud y seguridad en el trabajo» y convoque la mesa de negociación para implantar medidas de protección que «eviten manifestaciones de violencia hacia los funcionarios», y también medidas de acompañamiento y asistencia cuando estos actos desgraciadamente se produzcan.
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