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Lesmes quiere saber si los Mossos cumplen con su deber protegiendo los juzgados en Cataluña

Si el CGPJ viera que las medidas no son suficientes, pedirá al Gobierno que la protección corra a cargo de la Policía y la Guardia CivilLa sede del Consejo General del Poder Judicial, en la calle del marqués de la Ensenada de Madrid, fue antes el Teatro Lírico, el cual sufrió un incendio, a principios de siglo, y después el Liceo Francés. Foto: Carlos Berbell/ Confilegal
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy solicitar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, que le informe puntualmente sobre la eficacia de los dispositivos de seguridad de los Mossos d’Esquadra en sedes judiciales, desplegados desde hoy ante los ataques que han venido registrando a manos de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

El presidente del TSJCat le ha trasladado hoy que ha conocido la orden de la Jefatura de los Mossos d’Esquadra para que “en todas las sedes judiciales y en todos los turnos de trabajo haya una custodia permanente de mossos uniformados, dispositivo que –tal y como han verificado los presidentes de las Audiencias Provinciales y los jueces decanos- se ha hecho efectivo esta mañana”.

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El CGPJ ha informado en un comunicado que en caso de que, a partir de esos informes, se concluyese que “la suficiencia y efectividad de los dispositivos ha resultado cuestionable, esta circunstancia se pondrá en conocimiento del Gobierno de la Nación para que articule los medios jurídicos y materiales necesarios de colaboración y coordinación para proporcionar a las sedes judiciales la debida protección con participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

El último ataque tuvo lugar en la madrugada del lunes. Los CDR volvieron a tirar basura y excrementos a las puertas de una veintena de juzgados.

Atacaron la Ciutat de la Justícia de Barcelona, los juzgados de Vic, Mataró, Esplugues de Llobregat, Granollers, Mollet del Vallès, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès (Barcelona), Figueres, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Ripoll, Girona, Santa Coloma de Farners (Girona), Solsona (Lleida), Tortosa (Tarragona) y el Palacio de Justicia de Vinaròs (Castellón).

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Además, en algunos de los edificios judiciales hicieron pintadas contra la Justicia, de lazos amarillos y han lanzado pintura amarilla.

Una muestra de cómo los dejaron:

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El TSJCat informó el lunes que los ataques habían causado “una importante incidencia en la apertura de los edificios judiciales, al punto de obligar el cierre de algunas instalaciones”.

El pasado viernes también fue atacada la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, con pintura roja y amarilla, en el marco de una manifestación cercana convocada por CDR para protestar por el traslado a Madrid de los políticos procesados para su enjuiciamiento en el Tribunal Supremo.

Así quedó la Fiscalía Superior de Cataluña.

En noviembre, la organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, también atacó el domicilio particular del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ubicado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ‘instructor del caso procés’.

Lanzó un cubo de pintura amarilla contra el portal y los telefonillos. 

El magistrado lleva meses sufriendo ataques, que van desde un escrache, a pintadas tildándolo de “fascista” e instándole a abandonar el municipio.

Así quedo el portal del edificio en el que vive el magistrado Pablo Llarena en Barcelona tras el ataque de Arran.

“Por llevar a cabo una instrucción complicada en un ambiente difícil de una forma independiente y firme”, Confilegal distinguió al juez Llarena en los premios Confilegal 2018, en la categoría de Independencia.

El CGPJ ha expresado hoy, como ya hizo el pasado 15 de noviembre y el 7 de diciembre, que los jueces y magistrados destinados en Cataluña realizan “un esfuerzo extraordinario y efectivo, que nunca será suficientemente reconocido, para llevar a cabo su función con absoluta independencia e imparcialidad para que la democracia sea una realidad en Cataluña y en el resto de España”.

Celebra que, “por fin, se estén adoptando medidas que parecen apuntar en la línea correcta, aunque haya tenido que ser tras múltiples requerimientos y, finalmente, órdenes perentorias”.

Respecto a las manifestaciones realizadas el pasado lunes por el fiscal Pedro Rubira, dice que “acepta la explicación proporcionada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y asume que el compromiso de los miembros del Ministerio Fiscal con la independencia e imparcialidad de los miembros del Poder Judicial no es menor que el de este Consejo General y el de todos y cada uno de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña y en el resto de España”.

También asume que “no es menos firme la convicción de los miembros del Ministerio Fiscal en cuanto a la vigencia de esos principios en todos y cada uno de los juzgados y tribunales, cualquiera que sea el rincón de España en el que se encuentren”.

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