El Tribunal Supremo (TS) ha revocado el sobreseimiento libre de las causas abiertas contra tres personas –R.F.P., M.F.E.M. y J.B.B.- por la publicación en Twitter de unos mensajes, acompañados de fotografías, en los que se identificaba a la letrada de la Administración de Justicia (LAJ, antes denominados secretarios judiciales) que había declarado como testigo protegido en el juicio del ‘procés’, Montserrat del Toro, la secretaria judicial que dirigió el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017.
Del Toro, que era entonces letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, comandó la comisión judicial y tuvo que salir del edificio por los tejados y el teatro aledaño, el Coliseum.
El tribunal de la Sala de lo Penal ha estimado los recursos de casación interpuestos por la Abogacía del Estado, en representación de Del Toro, como acusación particular, contra los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 7ª) que en marzo de 2020 acordaron el sobreseimiento libre de las causas por considerar que los hechos no eran constitutivos de delito alguno.
Las sentencias, dictadas el 7 de julio y conocidas hoy, las firman los magistrados Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (presidente), Vicente Magro Servet, Susana Polo García, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y Ángel Luis Hurtado Adrián.
El tribunal ha declarado de oficio las costas causadas en estos recursos.
En los autos recurridos, la Audiencia Provincial corrigió al Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona que en noviembre de 2018 había dispuesto la continuación de las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado por considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia y/o injurias.
El Tribunal Supremo considera que la decisión de sobreseer libremente las actuaciones es prematura, por lo que la revoca y confirma las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción.
En tres sentencias -688/2022, ponencia de Polo; 697/2022, ponencia de De Porres, y 700/2022, ponencia de Colmenero- concluye que, en el actual momento procesal, “resulta razonable considerar que los hechos atribuidos» a los imputados «presentan, provisionalmente, carácter delictivo tal como entendió el juez de Instrucción, por lo que el motivo debe ser estimado, casando y anulando el auto impugnado y manteniendo la resolución acordada por el instructor”.
El tribunal añade que la valoración jurídica de los hechos dependerá de las calificaciones provisionales de las acusaciones, sin perjuicio del control que corresponde al instructor al dictar, en su caso si procede, el auto de apertura del juicio oral.
QUERÍA PRESERVAR SU IMAGEN PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE REPRESALIAS
Montserrat del Toro fue interrogada en marzo de 2019 en el juicio del ‘procés’ en el Tribunal Supremo y narró los detalles de cómo tuvo que abandonar la Consejería de Economía. Confesó que tuvo «miedo» de salir cuando vio lo que había fuera y que llegó a pedir un helicóptero para hacerlo, pero los agentes le dijeron que no era viable porque estaba lleno de antenas.
Del Toro solicitó al presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, que las cámaras no tomaran su rostro durante el interrogatorio al que fue sometida, a lo que éste accedió y sus declaraciones fueron cubiertas, en imagen, por planos de la sala y de las partes.
La letrada judicial argumentó que quería preservar su imagen para evitar cualquier tipo de represalias contra su persona, una vez que volviera a Barcelona, donde entonces seguía sirviendo en el Juzgado de Instrucción 13.
Sin embargo, al poco rato de estar declarando separatistas comenzaron a publicar su foto en redes sociales, principalmente Twitter, acompañada de mensajes ofensivos.
Del Toro presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona por aquellos mensajes que incitan de forma expresa al ejercicio de la violencia física sobre su persona, además de ser ofensivos y vejatorios, recayendo en el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona.
En octubre de 2019, la Guardia Civil, dirigida entonces por Félix Azón, condecoró a Del Toro con la medalla al mérito con distintivo blanco.
También condecoró a título póstumo con la Cruz de Plata al exmagistrado titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer, fallecido en noviembre de 2018, a quien la exministra de Justicia Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, también impuso a título póstumo la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.
