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El fotógrafo Clemente Bernad, condenado a un año de cárcel por grabar con cámara oculta en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona

La juez destaca que el derecho de libertad de expresión y de libertad de información no es un derecho absoluto y tiene su límite en el derecho de los otrosEl juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona lo condena por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
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La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha sentenciado a un año de prisión al fotógrafo y documentalista Clemente Bernad, por colocar una microcámara y un micrófono en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona con la intención de grabar a los miembros de una hermandad.

Lo ha condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

También le ha impuesto una multa de 2.880 euros.

La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra.

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Clemente Bernad, a la derecha, y a la izquierda su esposa, Carolina Martínez, que ha sido absuelta al estimar la juez que no se ha probado su participación en la colocación de la cámara. Foto: EP

SU MUJER HA SIDO ABSUELTA AL ESTIMAR LA JUEZ QUE NO SE HA PROBADO SU PARTICIPACIÓN DE LA CÁMARA

El fiscal había solicitado dos años de prisión y una multa de 12.000 euros para el encausado y su esposa, Carolina Martínez, también procesada, mientras que la acusación particular había pedido para ambos dos años y seis meses de cárcel, así como 10.800 euros de multa.

La defensa de los inculpados, por su parte, había reclamado la absolución.

Para la juez, “no ha quedado acreditado” que la mujer del fotógrafo colaborara en la instalación de las cámaras y micrófonos, por lo que la ha absuelto en aplicación del principio ‘in dubio pro reo’.

La magistrada destaca en la sentencia que la cripta “no es un lugar abierto al público, sino que su uso es de carácter privado, con el acceso al interior restringido, ya que solo están autorizados a entrar los miembros de la Hermandad de Caballeros voluntarios de la Santa Cruz y las autoridades eclesiásticas”.

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EN LA REJILLA DE VENTILACIÓN

Considera probado que el condenado, vecino de Pamplona y que alegó en el juicio que “solo quería grabar las controvertidas misas que allí se celebran”, “grabó de forma indiscriminada, hasta que la cámara fue descubierta y retirada, más de 29 horas seguidas”.

La magistrada señala que Clemente Bernad “atentó contra la intimidad de los miembros de la Hermandad”.

A uno de ellos, el secretario que denunció los hechos, el condenado tendrá que indemnizar con 1.200 euros por los daños morales.

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La sentencia recoge que Clemente Bernad, y su mujer, Carolina Martínez, gestora cultural y editora, son miembros del colectivo cultural ‘ZER Dilemas Urbanos/Derivas ciudadanas’, que organizó en enero de 2017 unas jornadas de reflexión en el Palacio del Condestable de la capital navarra con el título ‘¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?’.

Ambos estrenaron en esas jornadas un documental, elaborado por el acusado con la colaboración de su esposa, sobre el Monumento a los Caídos con vídeos y fotografías del mismo.

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Clemente Bernad y su esposa, durante el juicio, en el que aseguró que con la colocación de los dispositivos de grabación tras una rejilla “sólo” quería “denunciar las actividades” de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz, “una hermandad formada por criminales”. Foto: EP

La magistrada indica que el Monumento a los Caídos es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona desde el 19 de mayo de 1998, y que el Arzobispado de Pamplona tiene el derecho de usufructo a perpetuidad de la cripta, de todos los elementos inmuebles que la integran, así como de las dependencias religiosas y del corredor del sótano que comunica con el templo parroquial de Cristo Rey.

El uso de la cripta, a la cual se accede desde la calle Aoiz, en la parte trasera del monumento, está autorizado a los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz, así como a las autoridades eclesiásticas. La cripta no es accesible al público, su uso es de carácter privado, y las llaves de acceso solo las tienen la citada hermandad y el Arzobispado.

Según la sentencia, con ocasión de la producción del documental, y tras haber cumplimentado las solicitudes en el Ayuntamiento de Pamplona, los inculpados accedieron el 18 de marzo de 2016 al interior del monumento.

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La magistrada expone que el condenado, “con ánimo de atentar contra la intimidad de los miembros de la Hermandad de Caballeros voluntarios de la Santa Cruz y con ánimo de comprobar el tipo de actos de culto que por parte de los mismos se realizan en la cripta y poder, asimismo, obtener evidencias videográficas de lo que en la cripta se hace y practica”, colocó una microcámara de vigilancia, un grabador de vídeo y un micrófono de grabación y una grabadora digital en el interior de la rejilla de ventilación del interior de la cripta, ubicada a la derecha del altar.

Este sistema de grabación de imagen y sonido fue encontrado por un miembro de la Hermandad al día siguiente.

SE REQUERÍA AUTORIZACIÓN PARA FOTOGRAFIAR O GRABAR Y ÉSTA TENÍA QUE DARLA LA HERMANDAD O EL ARZOBISPADO

Respecto a la intencionalidad, la magistrada asegura que el acusado “conocía perfectamente que no había acceso libre a la cripta y que se requería autorización para fotografiar o grabar” y que ésta tenía que darla la Hermandad o el arzobispado.

Para la magistrada, la intención real que tenía el procesado a la hora de colocar los micrófonos y la cámara “se deduce de lo manifestado por él al ejercitar su derecho a la última palabra, cuando entre otras cosas vino a decir que la sociedad tiene derecho a saber los actos de apología y de exaltación del golpismo y de humillación a las víctimas que se llevan a cabo en ese lugar”.

“Y esa era claramente la intención y voluntad, además de la de grabar una misa”, apostilla.

Para la juez, “no se trata aquí de determinar ni enjuiciar si se pueden o no llevar a cabo reuniones o capítulos de la Hermandad, o si se trata de una actividad que se tenga que llevar a cabo o no, o si deben de dejar de hacerse o no los actos tanto religiosos de culto, misas o cualquier otro que se haga, como reuniones de los miembros de la Hermandad, ya que éste no es el procedimiento al efecto”.

Al respecto, la magistrada resalta que “ni siquiera la sospecha, en su caso de que pudieran llevarse a cabo en el interior actos ilícitos, autorizaría ni permitiría al acusado, en el ejercicio como periodista de su derecho fundamental de expresión e información, colocar un micrófono y una cámara para grabar e interceptar la actos y las conversaciones entre terceros particulares que se llevan a cabo allí.

“Como tampoco lo podría hacer la policía si no contara con autorización judicial ni allí, ni en la sede de ninguna otra organización o grupo de personas, ni ante la sospecha de hecho ilícito”, añade.

“Y ello porque ese derecho de libertad de expresión y de libertad de información no es un derecho absoluto y tiene su límite en el derecho de los otros”, sentencia.