Rafael Blasco ha sido recibido al grito de "ladrón" a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se sentará en el banquillo por el 'caso Cooperación' por el que ya fue condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo en la primera de las piezas y está en régimen de semilibertad desde febrero. Foto: EP
Arranca el juicio al exconsejero valenciano Rafael Blasco por el presunto desvío de fondos destinados a cooperación
Hay otros 23 acusados, entre ellos su excúpula en la Consejería, los empresarios Augusto César y Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder
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15/4/2019 11:21
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Actualizado: 15/4/2019 11:22
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La Audiencia Provincial de Valencia juzga a partir de hoy al exconsejero valenciano de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts Rafael Blasco y a otras 23 personas por el presunto desvío de millones de euros destinados a proyectos de cooperación internacional.
Están acusados por irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo.
Se trata del segundo juicio del ‘caso Cooperación’. El de las piezas 2 y 3, sobre las que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dio por concluida la instrucción en 2017.
Al exconsejero se le atribuyen los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal.
En la primera de las piezas del caso, Blasco fue condenado por un fraude de ayudas al Tercer Mundo. Desde el pasado febrero está en régimen de semilibertad, tras acceder al tercer grado después de su paso por prisión.
El caso será juzgado por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia.
Además de Blasco, se sienta en el banquillo de los acusados su excúpula en la Consejería: la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares.
También los empresarios Augusto César (condenado en el primer juicio), Arturo Tauroni, y el presidente de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, entre otros.
Asimismo, se incluyen trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas, y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.
El exconsejero ha sido recibido a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia al grito de «ladrón» por un grupo de ciudadanos y miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que había convocado una concentración.
Los congregados portan pancartas con los lemas «Que devuelvan el dinero de la cooperación»; «Que devuelvan el dinero de la cooperación»; «Menos corrupción, más cooperación» y «Dónde está el dinero», en valenciano.
La presidenta de la Coordinadora, Lourdes Miró, y el responsable de esta campaña, Carles Xavier López, han leído un manifiesto en el que han concretado que en este caso se juzga el presunto desvío de fondos para 23 proyectos de cooperación a diez países, entre los que ha citado Perú, Guinea, Senegal, Mauritania, más el caso del fallido Hospital de Haití, tras el terremoto de 2010 que causó 300.000 muertos y medio millón de personas sin hogar.
«No es un caso más, es el caso de una de las tramas más indignas de los últimos años», han dicho, y han apuntado a Blasco como «máximo responsable» de una trama desde su departamento y con el empresario Augusto César Tauroni, también acusado, como principal «cerebro», y que «aprovechó el sufrimiento de miles de personas» para comprarse viviendas, yates e, incluso, una avioneta.
Por ello, reclaman 154 años de prisión para Blasco, Tauroni, Felip y la cúpula de la extinta Consejería con el PP.
«Reivindicamos Justicia sin impunidad; que la corrupción no salga gratis», han reclamado, así como respeto a la dignidad del trabajo de las ONGD internacionales, que desarrollan su cometido de manera «honrada y con responsabilidad desde hace más de 30 años».
Además, exigen la devolución de «hasta el último céntimo defraudado».
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