La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un año de prisión al exconseller de Solidaridad y Ciudadanía (PP) Rafael Blasco en su segundo juicio por el ‘caso Cooperación‘, relativo a las irregularidades en las ayudas a las ONG y en el proyecto fallido para la construcción de un hospital en Haití.
Así consta en la sentencia de la sección quinta a la que ha tenido acceso Europa Press, en relación con las piezas 2 y 3 del ‘caso Cooperación’ abiertas por delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Según se desprende del fallo, el tribunal ha impuesto un año de prisión a Blasco —ya condenado por la pieza 1 de este procedimiento a seis años y medio de cárcel— por un delito continuado de malversación, otro de prevaricación y falsedad, con la atenuante de reparación parcial del daño y de dilaciones indebidas.
Para fijar la pena se tiene en cuenta el descuento de la anterior condena por los mismos hechos. Se le absuelve de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y grupo criminal.
Según los magistrados, Blasco «favoreció» la concesión de subvenciones a Tauroni, pese a conocer que desviaba para lucro propio buena parte de las cantidades obtenidas para hacer proyectos en el ámbito de la cooperación. Lo que no se ha acreditado es que el exconseller, a cambio, recibiese determinadas cantidades de dinero.
En el anterior juicio por este caso, Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión por el desvío de ayudas a cooperación. Desde febrero del pasado año está en régimen de semilibertad, tras acceder al tercer grado penitenciario después de su paso por prisión.
El Supremo declaró entonces probado que del dinero que la Generalitat Valenciana invirtió en dos proyectos de cooperación (1’6 millones de euros) apenas llegó a su destino la cantidad del 3%, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante los condenados lo aprovecharon para adquirir y reformar inmuebles en Valencia.
En la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia conocida hoy, los magistrados también fijan dos años de cárcel para el empresario Augusto César Tauroni por malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación administrativa y con un delito continuado de falsedad documental en concurso con cohecho y blanqueo. Asimismo, le impone una multa de 40.000 euros.
Tauroni también fue condenado a seis años de prisión en el anterior juicio vinculado a este mismo caso.
En total, por estas piezas se han sentado en el banquillo de los acusados 24 personas y el tribunal ha condenado a 22, deja fuera a Luis Fernando Castel –responsable del servicio externo que evaluaba los proyectos de cooperación para la Conselleria– y María Dolores Escandell –exjefa de Servicio de la Conselleria–.
La condena más elevada en este asunto ha sido para el administrador de una sociedad, José Luis Mezquita, para quien se han fijado cinco años y medio de prisión; seguido del presidente de Fudersa, Rafael Barrera, condenado a tres años.
La Audiencia también ha condenado a dos años y nueve meses de prisión al exjefe de área de Solidaridad Marc Llinares; y a un año y medio de cárcel al ex director general de Cooperación Josep María Felip; a la representante legal de Beconsa, Rosa Castelo; a los secretarios de la Fundación Entre Pueblos –posteriormente Hemisferio– Luis Freire y José Bollaín; y al representante legal de una mercantil Alberto Pampín.
La misma pena de año y medio de cárcel se fija para el trabajador de Caaz y Expande, Jesús Urquiza; la trabajadora de Hemisferio María Isabel Castillo; a Alfonso Navarro, presidente de Hemisferio y Arcmed; a Miguel Angel Climent, administrador de varias sociedades; a otro administrador, Felix Sanz; y a Arturo Tauroni.
Así mismo, el tribunal impone un año de cárcel para Carlos Andrés Chust, representante legal de Chust Alzira; seis meses de prisión a la ex secretaria general de la Conselleria Tina Sanjuán; y tres meses de cárcel para la mujer de Tauroni, Alina Indiekina; y para el presidente de Esperanza sin Fronteras, Fernando Darder.
Junto a estas penas de prisión, el tribunal acuerda que los condenados paguen multas de distinta cuantía y entre 15.000 y 200.000 euros de manera individualizada a la Generalitat Valenciana en concepto de responsabilidad civil.
También ordena decomisar los dos apartamentos adquiridos por Tauroni en Miami, además de su yate y el dinero que existía en distintas sociedades intervenidas por proceder del blanqueo de capitales.
