La ex jefa de servicio de gestión de los programas de Cooperación de la extinta Consejería valenciana de Solidaridad, Dolores Escandell, negó ayer que tuviera conocimiento de las presuntas irregularidades en el fallido hospital en Haití.
Preguntada por el fiscal por el concurso por el que se adjudicó este proyecto, ha afirmado que «en ningún momento he podido pensar que se adjudicara para que alguien detrás se llevara un porcentaje de dinero».
Así lo ha manifestado la ex alto cargo del departamento que dirigía el exconsejero de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts –el parlamento autonómico valenciano– Rafael Blasco en la segunda jornada de comparecencias de los acusados de este proceso.
En él se juzgan las piezas dos y tres del caso, las presuntas irregularidades en subvenciones y en el fallido hospital de Haití.
Escandell es una de las procesadas que no ha alcanzado pactos de conformidad y, por tanto, ha sido la primera en prestar declaración de los siete acusados que está previsto que lo hagan.
En la última jornada, Blasco, la que era su cúpula en este departamento y los principales empresarios que se sientan en el banquillo reconocieron los hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción les acusa, esto es, el fraude en las ayudas a ONG y el hospital de Haití.
Esta funcionaria –que ha explicado que «no le tocaba» el proyecto del hospital de Haití pero le pidieron que se implicara personalmente– ha respondido a un largo interrogatorio del fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco.
Entre otras cuestiones, le ha interrogado acerca de la adjudicación del proyecto del que iba a ser el hospital que Solidaridad iba a levantar en Haití tras el terremoto que asoló este país.
Sobre este concurso, Dolores Escandell ha asegurado a la acusación pública que pensaba que la entidad Esperanza Sin Fronteras disponía de «la suficiente capacitación técnica» para afrontar el proyecto.
Ha asegurado que «en ningún momento» pensó «que se adjudicara para que alguien detrás se llevara un porcentaje de dinero».
«COLABORADOR VOLUNTARIO»
Preguntada por el papel que desempeñó el presidente de esta entidad, Fernando Darder,–también procesado en esta causa– explicó que este intervino para «conseguir los terrenos en Haití».
Pero dijo que lo hizo «como colaborador voluntario», en nombre de la Generalitat porque así se le había asignado y por orden del ex director general José María Felip.
Asimismo, señaló que el hecho de que después Darder participara en el concurso para la adjudicación del proyecto no le extrañó porque se presentaba Esperanza Sin Fronteras y no él personalmente.
En este sentido, también afirmó que antes de la adjudicación del proyecto del hospital, no sabía que Darder había intervenido en la oficina técnica.
También dijo desconocer por qué había empresarios como Arturo Tauroni en las reuniones técnicas de la Conselleria.
Sobre Arturo Tauroni, relató que este envió un correo a otra de las acusadas, la ex secretaria general de Solidaridad, Tina Sanjuán, para que «modificaran parte del proyecto técnico del concurso del hospital de Haití».
«LLEGABAN ELECCIONES»
Preguntada por la circunstancia de que la Abogacía de la Generalitat recomendara que el plazo para presentar los proyectos al concurso de la construcción del hospital fuera de más de 30 días, la ex jefa de servicio de la Consejería de Solidaridad sostuvo que «había interés en que fuera de 30 días porque llegaban elecciones y querían que estuviera adjudicado antes de que acabara la legislatura».
De hecho, a preguntas de las defensas, respondió que este sí era un «proyecto estrella desde el punto de vista humanitario y político».
La acusada relató cómo, desde que comenzó a publicarse en la empresa información relativa a los pisos que el empresario Augusto César Tauroni podría haber adquirido con fondos de cooperación, se restringió el acceso a los expedientes y se prohibió que se sacara documentación de la Conselleria.
LLINARES Y TAURONI TENÍAN UNA TIENDA DE DONUTS
La segunda en declarar fue María Isabel Castillo, administrativa de una de las fundaciones implicadas en la trama, Hemisferio.
Contó que fue contratada por esta entidad pese a que, reconoció, no tenía ninguna experiencia profesional en el sector de la cooperación y previamente trabajaba en una empresa de plásticos.
Castillo apuntó que se enteró de que Arturo Tauroni, que dirigía Hemisferio, conocía a Blasco y al entonces jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares y, de hecho, admitió que cree que la creación de la fundación tuvo relación con que ambos mantuvieran una amistad.
Según dijo, Llinares y Arturo Tauroni tenían una tienda una donuts antes de que el primero comenzara a trabajar en la Conselleria.
Asimismo, contesto a preguntas del fiscal que, en realidad, Augusto César Tauroni era quien realmente mandaba en la fundación, pese a que no figuraba con ningún cargo.
También afirmó que este empresario facturaba a la fundación a través de una empresa cuya sede social estaba en EE.UU.
INTERCAMBIO DE PAQUETES
También explicó la administrativa que mantenía contacto con la entonces secretaria personal de Blasco, dado que le enviaban a intercambiar «paquetes» con ella en la sede de la Conselleria o frente a la casa de los caramelos que se encontraba junto a Les Corts.
Dijo que estos paquetes eran de distinto tamaño y que desconocía su contenido.
En otro momento del interrogatorio, se le preguntó por si la Fundación dejó de recibir dinero cuando Blasco cesó como conseller, a lo que en principio dijo que no.
Sin embargo, el fiscal le recordó una conversación con su marido –Fernando Cañete, empresario que facturaba a las organizaciones– en la que decía que tendrían que «montar otro chiringuito», por lo que al final ha admitido que «se cerró el grifo económico» con la salida de Blasco.
También le recordó el Ministerio Público un correo que recibió la propia Castillo en el que se decía «cinco para ‘el conill’ y 3.200 para ‘la negra'» en referencia a un sobre que tenía que llevar a la secretaria de Blasco.
La extrabajadora de Hemisferio reconoció este correo y admitió que ‘el conill (el conejo)’ es como conocían al exconseller, mientras que ‘la negra’ era la presidenta de una de las entidades adjudicatarias de Solidaridad.
Castillo ya reconoció durante la instrucción del caso que en un mail le ordenaron pagar 5.000 euros a Blasco.
