El presidente de la PMcM (Plataforma multisectorial contra la morosidad), Antoni Cañete, ha manifestado su pesar ante, en líneas generales, “la falta de concreción de los partidos políticos mayoritarios en materia de morosidad en sus respectivos programas electorales”.
Sin embargo, la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, señalaba que en el futuro Marco Estratégico de la Pyme, aprobado el pasado Consejo de Ministros se introducirían medidas antimorosidad.
Cañete señalaba que “Hemos constatado que ni el PSOE, ni el Partido Popular ni VOX han incluido medidas antimorosidad y, por su parte, Podemos únicamente ha citado que habrá plazos máximos de pago, pero sin concretar más».
«El único partido mayoritario que las ha incorporado ha sido Ciudadanos, al igual que otras formaciones de ámbito territorial, tales como ERC y Junts per Catalunya”.
En el caso del partido de Albert Rivera se puede leer en el programa electoral de Ciudadanos el establecimiento de medidas contra la morosidad, entre ellas un régimen sancionador para quienes incumplan los plazos legales de pago.
Una de las reivindicaciones de los empresarios que Bruselas ve con buenos ojos para frenar esta lacra que ha supuesto el fin de muchas pymes y actividades de autónomos.
Al mismo tiempo, la formación naranja se compromete a diseñar «un verdadero mecanismo de segunda oportunidad», flexibilizando los requisitos para acceder al perdón judicial de las deudas a todos los deudores de buena fe y permitiendo que este perdón se extienda a las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
PMcM agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es).
Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
La morosidad la sufren los autónomos
A nivel de autónomos, desde la Asociacion de Trabajadores Autónomos (ATA) se insiste en que la morosidad sigue siendo preocupante al cierre del primer trimestre de 2019.
Cabe destacar que las tres administraciones (local, regional y nacional) incumplen los periodos de pago legales que se establecen en 30 días.
La media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas y central en el primer trimestre de 2019 se fijan en 39 días y la media de la administración local duplica es periodo de pago establecido por ley y abona sus facturas en 60 días.
En el primer trimestre de 2019 los autónomos en Cantabria han tenido que esperar 90 días para cobrar sus facturas.
Esta comunidad es la que más tarda de media en pagar a sus proveedores, triplicando el periodo que marca la ley.
La Comunidad Valenciana es la segunda que más tarda en pagar con 53 días de media, y en tercer lugar e incumpliendo los plazos que marca la Ley, las regiones de Murcia e Islas Baleares (49 días de media).
Aún por encima de lo que marca la Ley (30 días de plazo) esperan los proveedores de Extremadura (46 días de media), Cataluña y Castilla-La Mancha (43 días de medias), La Rioja (42 días), Aragón (38 días) y Asturias (32 días).
Por debajo de 30 días están el resto de comunidades autónomas. Destacan por pronto pago (23 días de espera) Castilla y León, Galicia y Madrid.
Para Lorenzo Amor, presidente de ATA, “tanto en la administración pública como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos medios de pago con los autónomos. La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación”.
Para Amor, al igual que se señala desde el mundo de la empresa “no nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley».
«La morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión de gestores, buenos y malos. Y parece que sólo cuando hay castigo estos malos gestores reducen la mala práctica de financiarse a través de la deuda contraída con pequeños proveedores”.
Por su parte, desde la PMcM, “reivindicamos que la voluntad mostrada en el Marco Estratégico de la PYME se refleje en los respectivos compromisos electorales con las mismas medidas antimorosidad, que son las necesarias para acabar con esta lacra: promoción de códigos de buenas prácticas e implantación de un sistema arbitral de morosidad y un régimen sancionador, que multará a las empresas morosas”.
“Precisamente estas medidas están contempladas en la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, cuya tramitación la aprobó el Pleno de la Cámara por unanimidad hace casi dos años, por lo que es de vital importancia que los partidos políticos realicen un último esfuerzo en este sentido”, solicita Cañete.
Todos los puntos claves de esta Ley se encuentran en las recomendaciones que ha realizado recientemente la Comisión Europea para luchar en los estados miembros contra la lacra morosidad, que es especialmente grave en España, según su último análisis.
Sin embargo, se ha concluido una legislatura y la ley antimorosidad no se ha aprobado.
