El Parlamento Europeo dio ayer un paso histórico al aprobar por una mayoría aplastante la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción (conocidos en inglés como «whistleblowers»), tras haber sido negociada a tres bandas durante las últimas semanas entre el propio Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo.
La votación se produjo casi «al final del partido», con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, el 26 de mayo próximo.
591 europarlamentarios votaron a favor, 29 en contra y 33 se abstuvieron.
Ahora solo queda que la Directiva sea respaldada por los ministros de los 28 países de la Unión, cosa que parece estar hecha.
A partir de ese momento, los 28 estados miembros, entre los que se encuentra España, tendrán dos años para aplicarla.
Un estudio llevado a cabo por la Comisión ese mismo año de 2017, estimó que la falta de protección de los “whistleblowers” solo en el campo de la contratación pública está provocando unas pérdidas, en la Unión Europea en su conjunto, de entre 5.800 y 9.600 millones de euros.
Entre las medidas que contempla la Directiva están la creación de canales seguros para que los “whistleblowers” puedan denunciar tanto dentro de la organización -ya sea pública o privada por encima de 50 empleados- como a las autoridades.
También se les proporcionará un alto nivel de protección contra cualquier tipo de represalias y requerirá a las autoridades de los 28 países que conforman la Unión que informen adecuadamente a los ciudadanos y capaciten a los funcionarios sobre cómo tratar este tipo de denuncias cuando sucedan.
Precisamente ese miedo a las represalias es lo que impide que potenciales “whistleblowers” denuncien.
Descargar: Propuesta_directiva_europea-ingles
PROHIBIDAS LAS REPRESALIAS
La Directiva prohibe de forma expresa cualquier tipo de represalia contra los «whistleblowers» e introduce medidas de protección para evitar que sean suspendidos, degradados, intimidados o que sufran cualquier otra forma de represalias.
También se protege a quienes ayuden a los denunciantes, como facilitadores, colegas y familiares.
De acuerdo con la nueva Directiva, los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuita sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.
Asimismo, también se contempla que durante los procedimientos judiciales, los denunciantes de corrupción también pueden recibir apoyo financiero y psicológico.
La principal impulsora de la Directiva ha sido la eurodiputada socialista francesa, Virgine Roziére, quien, tras, esta última votación declaró: «Escándalos recientes como los de LuxLeaks, los Panama Papers y los del Fútbol han contribuido a arrojar luz sobre la gran precariedad que sufren hoy en día los denunciantes».
«En vísperas de las elecciones europeas, el Parlamento se ha unido para enviar una señal clara de que ha escuchado las preocupaciones de sus ciudadanos y ha presionado para que se establezcan normas sólidas que garanticen su seguridad y la de las personas que deciden hablar«, añadió.
Según Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, “La nueva Directiva va a suponer un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer. Y en España hemos de pasar del concepto chivato, demasiado vigente en el pasado, al de denunciante, como ciudadano cumplidor de sus deberes éticos y sociales”.
“Es realmente importante que esta norma supranacional proteja tanto a los denunciantes del sector privado, como a los de las instituciones públicas, ya que tanto las empresas de más de 50 empleados o 10 millones de euros de ingresos, como las instituciones públicas regionales o locales con más de 10.000 habitantes, tendrán la obligación de establecer canales confidenciales de denuncias”, añade.
En la actualidad, sólo diez países de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) ofrecen una protección jurídica completa.
En los demás países, la protección es sólo parcial o se aplica a sectores o categorías de empleados específicos.
