Rifirrafe entre PSOE y Ciudadanos a cuenta de los emolumentos del turno de oficio en el debate sobre Justicia
Juan Carlos Campo, candidato del PSOE por Cádiz, en los minutos preliminares, mientras le colocan el micrófono bajo la mirada atenta de María Jesús Moro (PP), a la izquierda, Victoria Rosell (Unidas Podemos), Alejandro Ruiz (Ciudadanos) y Pedro Fernández (Vox). Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Rifirrafe entre PSOE y Ciudadanos a cuenta de los emolumentos del turno de oficio en el debate sobre Justicia

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23/4/2019 01:30
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Actualizado: 23/4/2019 00:23
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Madrid es una de las 12 Comunidades Autónomas que tiene transferidas las competencias de Justicia y, con ellas, el pago del turno de oficio. Desde el pasado mes de noviembre los letrados que sirven en ello cobran a mes vencido en vez de con un retraso de 4 meses como ocurría antes.

Sin embargo, a pesar de ello, la asistencia jurídica gratuita sigue teniendo una carga altamente explosiva.

Prueba de ello fue el rifirrafe que protagonizaron ayer los representantes del PSOE –Juan Carlos Campo– y Ciudadanos –Alejandro Ruiz– durante el debate sobre Justicia que tuvo lugar ayer por la tarde en la Biblioteca del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Fue una pequeña chispa lo que disparó el conflicto.

Campo, magistrado en servicios especiales, exsecretario de Estado de Justicia y portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en la última Legislatura, opinó que los bajos emolumentos que percibe el turno de oficio no tiene nada que ver con la dignidad de los ejercientes. 

«Hay que subir los emolumentos del turno de oficio, estoy de acuerdo. La dignidad, no hay que confundirse, es otra cosa», dijo Campo.

Y añadió: «Hay que recordar que antiguamente el turno de oficio se ejercía de una forma altruista por los abogados, como una forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad les había dado».

Alejandro Ruiz, candidato de Ciudadanos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Su opinión, malinterpretada, no gustó a algunos de los miembros de la Asociación por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), sentados al fondo, que se sintieron personalmente agredidos, los cuales contestaron «¡Bajaos el sueldo vosotros!».

A lo que Campo respondió que «No se debería hablar de la indignidad de la retribución sino de la necesidad de luchar por una mejor retribución».

La intervención del número 3 de la lista del PSOE por Cádiz fue aprovechada por Ruiz –abogado del turno de oficio y secretario de Organización de Ciudadanos en Castilla-La Mancha– para cargar con cierta agresividad contra Campo.

«Usted no tiene ni idea de lo que supone para un abogado joven empezar a ejercer su trabajo, cobrando una mierda», le espetó.

«Las cantidades son irrisorias y se cobran tarde y mal», agregó, haciendo una referencia clara a su turno de oficio, de Guadalajara, Comunidad de Castilla-La Mancha, territorio Ministerio, donde han habido problemas en los últimos meses para cobrar.

«Dignidad es cobrar a fin de mes», añadió. «El turno de oficio no puede estar cobrando lo que cobra».

María Jesús Moro, candidata del PP, y exportavoz de Justicia en el Congreso. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Una afirmación con la que ninguno de los intervinientes –María Jesús Moro, portavoz del PP en la Comisión de Justicia en la última Legislatura–, y Pedro Fernández, candidato de Vox al Congreso por Zaragoza y abogado de la acusación popular en el juicio contra los 12 enjuiciados por el proceso separatista catalán, se mostró en contra.

Al contrario.

Cuando eso ocurrió, hacía un buen rato que la quinta interviniente, la candidata de Unidas Podemos por Las Palmas, la magistrada en servicios especiales, Victoria Rosell, se había ido porque perdía el avión.

Fue el momento más caliente de un debate que duró casi tres horas.

Un debate que, en determinados momentos, daba la impresión de no acabarse nunca y de ser interminable.

Había sido organizado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y por la Brigada Tuitera y fue moderado por la abogada Elena Sáenz de Jubera, que hizo un esfuerzo personal por cubrir todos los asuntos importantes.

REPROCHES A CUENTA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

El debate comenzó pasadas las cinco de la tarde, con la intervención del decano del ICAM, José María Alonso, quien hizo una pequeña introducción para pasar la batuta de la moderadora.

Como era de esperar, el primer asunto que se trató fue el de la independencia judicial y, de forma específica, el del nombramiento de los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, desde 1985, son nombrados por el Congreso y por el Senado.

Algo que fue muy criticado por Alejandro Ruiz que salió como Cristiano Ronaldo en el partido en el que la Juventus consiguió la eliminación del Atlético de Madrid en el partido de vuelta de la Champions: revolucionado y dispuesto a marcar un gol cuanto antes.

Ruiz afirmó que el poder judicial estaba intervenido por los partidos políticos, que no existía la división de poderes porque el Ejecutivo interviene en el CGPJ y en el Ministerio. 

«Aquí todo lo controla el poder político. Lo de la elección de Marchena como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo fue llamar estudio a la gente a la cara», afirmó con rotundidad.

Antes, María Jesús Moro, en un tono moderado y conciliador, recordó que lo que existía era una falsa percepción de independencia judicial. Y recordó la fallida Estrategia Nacional de Justicia que fracasó porque los partidos se salieron de la subcomisión que la había estado gestado casi durante un año. 

Moro recordó que habían tratado de cambiar el sistema de elección de los 12 vocales jueces, que lo habían conseguido en el Senado, donde tenían mayoría, pero que luego el Congreso lo tumbó. «Y lo llevamos ahora en nuestro programa».

Campo, por su parte, haciendo honor a la frase de «lo evidente es lo que nadie ve hasta que alguien lo explica con claridad», señaló que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) no exigía que los 12 vocales jueces fueran elegidos por sus 5.500 compañeros mediante voto secreto y directo sino que lo recomendaba.

«El matiz es muy importante», dijo. Y reprochó a Ciudadanos de «no tener ni idea de lo que quiere. En 2015 llevaba en su programa la supresión del CGPJ y a los 6 meses cambió de criterio».

Como Moro, apoyó la idea de mejorar el CGPJ, si bien no compartía que la elección fuera de esa forma.

«El CGPJ es un órgano político, que hace política judicial. Por eso tiene que seguir siendo elegido por el Congreso y por el Senado, de una forma mejorada», manifestó. 

La candidata de Unidas Podemos, Victoria Rosell, durante una de sus intervenciones. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Rosell, por su parte, opinó que entre 1980 y 1985 se había probado el sistema corporativo y desde entonces el parlamentario: «Cada Consejo ha hecho mejor al anterior. Quizá ha llegado el momento de probar otro sistema, que es la elección ciudadana».

Un sistema alternativo que se ha probado en Bolivia.

Pedro Fernández explicó que la alternativa de Vox pasaba por cambiar el CGPJ por un Consejo de la Judicatura formado por otros profesionales del derecho y cuyos miembros deberían tener 20 años de ejercicio profesional.

Asimismo, puso sobre la mesa una propuesta novedosa: la devolución de las competencias de Justicia, transferidas a 12 de las 17 Comunidades Autónomas, al Estado.

Y la desaparición del Tribunal Constitucional y su sustitución por una Sala Sexta en el Supremo, formada por magistrados profesionales. Muy al estilo de cómo figuraba en la Constitución republicana de 1931.

Pedro Fernández, el candidato de Vox y uno de los abogados de la acusación popular que está interviniendo en el juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Entre los asistentes se encontraban el magistrado Jesús Gavilán, el viceconsejero de Justicia de la CAM, Enrique Nuñez, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, el decano, Alonso, la consejera de Justicia de la CAM, Yolanda Ibarrola, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

FISCALÍA 

Sobre la Fiscalía, el representante del PSOE se reafirmó en la necesidad de que el fiscal general del Estado siguiera siendo nombrado por el Gobierno.

«Así lo establece la Constitución en su articulo 124. Porque la política criminal es responsabilidad del Gobierno. La Fiscalía es autónoma que no independiente», aseveró.

Moro incidió en la necesidad de aprobar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el que se potencie las competencias del Consejo Fiscal.

«Podría estudiarse, sí, un mandato superior para el fiscal general del Estado que no coincida con el del Gobierno», indicó.

Ciudadanos, en su intervención, reivindicó que el fiscal general del Estado fuera elegido por el Parlamento, que sea independiente y que tenga 20 años de antigüedad en la carrera fiscal. 

Plano general de los intervinientes en este debate, el segundo sobre la Justicia que se celebra estas elecciones. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Rosell también hizo hincapié en la necesidad de una reforma del Estatuto Fiscal y de la aprobación del nuevo reglamento que sustituya al preconstitucional vigente (en el mismo se contempla que la actual fiscal general del Estado pase a ser fiscal de Sala del Supremo cuando termine su mandato, en vez de regresar a su destino como fiscal de a pie en Sevilla).

Abogó, de la misma manera, por la supresión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece plazos para la instrucción.

Fernández abogó porque el fiscal general del Estado sea elegido por los suyos: el Consejo Fiscal.

MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA, ASIGNATURA PENDIENTE 

De la miriada de asuntos que se tocaron también figuró el de la modernización de la Justicia.

Una asignatura pendiente de la democracia, en opinión de Campo.

«El modelo actual ya no puede tirar más. Hay que definir qué justicia queremos. Los juzgados ya no tienen sentido. La solución está en los tribunales de instancia. Son necesarias reformas normativas, organizativas y tecnológicas», dijo con rotundidad.

Una línea en la que coincidió Moro: «El proceso de digitalización y modernización es imparable. Y los tribunales de instancia, esenciales».

Lo mismo que Rosell, si bien declaró que no se ha avanzado lo suficiente.

 

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