La Justicia española deniega la extradición del líder opositor de la República de Benin, Komi Koutché
Komi Koutché, exministro de Finanzas y Desnacionalización, en una foto tomada cuando ostentaba esa cartera, hace tres años.

La Justicia española deniega la extradición del líder opositor de la República de Benin, Komi Koutché

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24/4/2019 06:15
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Actualizado: 24/4/2019 10:56
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La Audiencia Nacional ha denegado la extradición a Benin de Komi Koutché, exministro de Economía y Finanzas de ese país africano y líder de la oposición al Gobierno actual, por considerar que el tribunal que lo reclama – el Tribunal para la Represión de las Infracciones Económicas y del Terrorismo (CRIET)– se creó por una ley posterior a los hechos y que en el nombramiento de sus magistrados existe una «cierta intromisión del Gobierno a través del Consejo Superior del Poder Judicial».

«Ello reviste especial gravedad cuando como en este caso la persona reclamada es un activista político, porque contribuye a temer que, como alega la representación del reclamado, nos podamos encontrar ante un procedimiento que busca perseguir a un adversario político«, dice el auto que suscriben los magistrados Concepción Espejel, Ángel Hurtado y Manuela Fernández (esta última, ponente), que compusieron el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal que ha tomado esta decisión.

Koutché, de 42 años, había sido arrestado el 14 de diciembre de 2018 por la Policía Nacional en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas por una orden internacional de detención emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Cotonou, Benin, a través de Interpol, nueve meses antes, el 4 de abril. Una orden que había sido retirada dos días más tarde de su emisión y, por lo tanto, no válida.

En la misma se incluía la petición de entrega al fiscal especial ante el CRIET.

Cuando fue detenido en Madrid, Koutché se dirigía a París para tomar parte en un acto de la oposición beninesa. 

A  Koutché se le acusa de los supuestos delitos de  de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, abuso de función, enriquecimiento ilícito, corrupción en la contratación pública y blanqueo de capitales durante su gestión como director del Fondo Nacional de Microfinanzas entre 2013 y 2016.

Las autoridades de Benin estiman que dichas «negligencias financieras» sumarían un total de 237.820.000 euros.

SU EXTRADICIÓN LA PIDE UN TRIBUNAL «AD HOC» 

El político, que antes había sido ministro de Comunicación (2012-2015) durante el Gobierno anterior, del presidente Thomas Boni Yayi, se negó a ser extraditado y entró en prisión hasta el 17 de enero de 2019.

Ese día se acordó su libertad provisional sin fianza.

Durante la vista de extradición, que se celebró el pasado 11 de abril, Koutché declaró que su seguridad física y su integridad se ve amenazada por el actual presidente de Benín, Patrice Talon, y su partido político, ya que habían implementado «La Criet», «un tribunal ‘ad hoc’ que no respeta los principios de los derechos humanos» y que ya ha condenado a varios miembros de su partido político por causas que ya habían sido juzgadas en cortes ordinarias.

La defensa de Koutché ante la Audiencia Nacional ha estado a cargo de los abogados españoles Luis Chabaneix y Jaime Sanz de Bremond. 

La CRIET fue creada el 2 de julio de 2018, dos años después de que él dejara el Gobierno.

Sus miembros son nombrados por el Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) entre magistrados en funciones o jubilados.

De la misma manera, el presidente Talón modificó la ley que regula la composición del CSPJ –en la misma fecha– para que, de sus 16 miembros, 9 no fueran juristas: Él mismo, como presidente de la República, el ministro de Justicia y Legislación, el fiscal general del Estado, el ministro de Trabajo y Función Pública y el ministro de Economía y Finanzas, y cuatro personalidades nombradas a dedos por él, aumentando así la presencia –y la injerencia– del Ejecutivo en el Poder Judicial.

LA CORTE AFRICANA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LOS PUEBLOS DECLARÓ ILEGAL LA LEY DE LA CRIET 

Aunque el Tribunal Constitucional de la República de Benin, con la que España no tiene tratado de extradición, dio por válida la ley que creó el  CRIET, sin embargo, la Corte Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos –equivalente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos– en una resolución de 29 de marzo pasado, estimó que dicho país había infringido con la mencionada ley «el derecho a la igualdad entre las partes, el derecho a ser juzgado por jurisdicción competente, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a servirse de elementos de prueba, el derecho a la defensa, las garantías de independencia de los tribunales, el derecho a la doble instancia, y el respeto del principio ‘non bis in ídem'». 

La sentencia denegatoria de la extradición sigue esa misma línea argumentativa. Esta es la almendra central de la decisión del tribunal español.

La República de Benin se halla en el oeste de África. Limita con Togo al oeste, por Nigeria al este y por Burkina Faso y Níger al norte. Su capital  Porto Novo pero el gobierno está en Cotonú, la ciudad más grande del país. Tiene una población de un poco más de 9 millones de personas.

Fue colonia francesa, conocida con el nombre de Dahomey, hasta el 1 de agosto de 1960.

Desde 1990 es una democracia al estilo europeo. Sin embargo, desde la victoria, en 2016, del presidente Talon, la división de poderes y el libre juego político democrático se ha visto fuertemente restringido, mostrando claros signos autoritarios.

La persecución de la oposición, muchos de cuyos líderes han tenido que irse al exilio, es una prueba de ello. El último caso ha sido este de Komi Koutché.

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