«Algunas propuestas para un debate necesario pero ausente sobre Justicia y derechos humanos». Así se titula la publicación que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han hecho público para llamar la atención sobre un debate que está pasando desapercibido.
A lo largo de 40 páginas, JJpD expone su visión sobre la Justicia, el derecho a la vivienda y protección del consumidor, la violencia de género, las reformas penales y la política criminal, la ley mordaza, la movilizada humana, con especial referencia a menores extranjeros no acompañados, igualdad y reformas en materia laboral y Seguridad Social.
JJpD comienza haciendo referencia a la asociación europea de jueces que, para ellos, es referente, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, más conocidos por su siglas MEDEL, y su contribución al Foro de la Justicia, organizado por la Comisión Europea en 2013, en la que dijo que «las asociaciones judiciales tienen un papel esencial en el debate público que pretende reafirmar los valores del Estado de derecho y la primacía de los derechos fundamentales».
«A través de asociaciones judiciales independientes, jueces y juezas pueden cumplir con su deber de participar en el debate sobre el Estado de derecho, sin violar el deber de reserva al que están obligados», afirman.
DESCARGAR PROPUESTAS JJpD 28A
Para JJpD es, por lo tanto, esencial, primero, fortalecer la independencia judicial con un Consejo General del Poder Judicial situado fuera de la lógica de los partidos y que contribuya a recuperar la necesaria confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es la base.
Segundo, modernizar la Administración de Justicia sobre parámetros de calidad y eficacia; tercero, defender el derecho a la vivienda y la protección del consumidor, con referencia especial a la ley de inembargabilidad, la preservación de la vivienda familiar, el código del Consumidor, la dación en pago y la reforma de la segunda oportunidad son las claves de este epígrafe.
VIOLENCIA DE GÉNERO
En materia de violencia de género, JJpD apoya la aplicación del Convenio de Estambul, como respuesta integral con perspectiva de género y de derechos humanos a todas las manifestaciones de violencia de género.
Además de modificaciones legales recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género y el avance en la especialización de los órganos judiciales con competencia en violencia de género.
Propone, por otra parte, incrementar la atención y protección que se dispensa a menores perjudicados por la violencia de género.
Por otra parte, las reformas penales y la política criminal ocupan también un espacio importante entre las propuestas.
Desde JJpD apoyan que se elabore una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), sobre la base del Anteproyecto del PSOE del año 2011, además de la derogación de aquellas reformas introducidas en materia penal incompatibles con un modelo de convivencia fundado en la dignidad de la persona.
La asociación progresista de jueces, plantea, además, reducir las penas de prisión, la reforma de los CIES, la modificación del artículo 324 de la LECRIM, derogando los plazos establecidos, y la supresión de la Ley Seguridad Ciudadana.
También denuncian la sistemática incorporación al clausulado de las reformas penales y procesales de disposiciones adicionales del siguiente tenor: “Previsión de costes: Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.
REVISAR EL RÉGIMEN DE AFORAMIENTOS
Por último lugar en este apartado, plantean revisar el régimen vigente de aforamientos y despenalizar la cooperación al suicidio.
La ley mordaza también tiene su protagonismo en el texto, aunque breve: proponen derogar la ley “por una norma mas respetuosa con los derechos fundamentales».
La aprobación del reglamento de la Ley de Asilo también tiene su lugar. JJpD está a favor de implementar visados de carácter humanitario y garantizar los derechos humanos en los procedimientos de retorno (expulsión, devolución, rechazo) están entre las propuestas para una movilidad humana con especial referencia a los menores extranjeros no acompañados.
También quieren ratificar la Carta Social Europea revisada en 1996 y el Protocolo adicional de 1995, así como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. Así como garantizar la libertad de movimientos de los solicitantes de asilo por el territorio del estado español y la protección de los menores extranjeros no acompañados y su tránsito a la vida adulta también es uno de sus objetivos.
