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El futuro digital de la Justicia

La autora de esta columna es Sofía Duarte Domínguez, directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia.
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El futuro de la Justicia será digital. En un mundo que ya depende para todo de la tecnología, aún es necesario hacer proclamas como ésta cuando se refieren a los juzgados y tribunales: los ciudadanos usuarios se asombran cuando se enfrentan a una administración cuya dotación informática parece menos eficiente que las equipaciones domésticas, mientras que los profesionales y operadores jurídicos han clamado por frenar su informatización porque se estaba convirtiendo en un grave lastre para el funcionamiento de órganos judiciales y fiscalías.

El sistema de papel cero entró en vigor el 1 de enero de 2016.

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No fue un proyecto afortunado ni pacífico, sino aventurado y poco meditado cuyo principal defecto consistió en la falta de diálogo con los profesionales de la Justicia, que sufrieron las deficiencias de algunas soluciones nada satisfactorias y carentes de garantías de integridad, seguridad y eficacia.

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Esa incomunicación con los órganos judiciales y fiscales, a los que se impuso el criterio ministerial sin conocer su realidad ni recoger su opinión, estuvo siempre condenada al fracaso.

Esa es la dinámica que era necesario revertir.

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Era el momento de tomar aire, testar el panorama y deshacer los caminos mal planteados.

En estos meses, la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos ha cursado visitas a las veintinueve sedes judiciales y oficinas fiscales del territorio ministerio para mantener reuniones con jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de Justicia y miembros de las juntas de personal.

Se ha recuperado así un modelo de relación que ha permitido detectar los problemas y carencias del proyecto de informatización judicial, pues son sus usuarios quienes mejor conocen los defectos del sistema y las posibles vías de mejora.

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Darles la voz ha permitido detectar las carencias a solucionar y diseñar los mecanismos para hacerlo.

La primera evidencia fue la necesidad de renovar la infraestructura informática que sustenta la actividad judicial de los 659 órganos judiciales unipersonales, 153 salas de audiencias provinciales y 89 salas y secciones de tribunales superiores del territorio ministerio, que han recibido 8.215 nuevos ordenadores personales, 4.313 escáneres multifunción, 4.400 pantallas y 2.600 equipos de trabajo móvil que facilitan el teletrabajo a jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de Justicia.

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Otro de los principales motivos de queja de los profesionales de la Justicia era el funcionamiento del sistema de gestión procesal.

Además de sostener la actualización de Minerva hacia nuevas versiones más eficientes, ha sido necesario diseñar su migración tecnológica hacia un entorno web que permitirá incorporar las últimas tecnologías y herramientas de monitorización e iniciar el cambio técnico de Uniface a Java para mejorar su velocidad y estabilidad.

Este proceso se prolongará hasta el 2021.

Hasta entonces, era ineludible renovar el 76 por ciento de los servidores que dan servicio al sistema de gestión procesal, lo que ha permitido a Minerva doblar su rendimiento y aumentar su capacidad catorce veces consumiendo para ello solo el 3 por ciento de la memoria disponible en la red, cuando ante necesitaba el 50 por ciento.

Gracias a estas innovaciones, cada juez o magistrado ahorra unas 45 horas de trabajo al año, 25 en el caso de los letrados la administración de Justicia, al haber desaparecido algunas de las causas que ralentizaban el funcionamiento de los equipos y la labor de los profesionales.

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EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

La piedra clave de todo este proceso es la estabilización y consolidación del expediente judicial electrónico (EJE), cuyos errores de diseño habían generado la desconfianza de los profesionales e impedía la ansiada desaparición del papel en juzgados y tribunales.

La decisión de calado ha consistido en desvincularlo del sistema Minerva y diseñar una aplicación independiente que permite crear un auténtico expediente digital con índice propio y cuya integridad viene garantizada por los letrados de la administración de Justicia, que ya se está testando mediante una experiencia piloto en Ciudad Real.

Para evitar las caídas de los sistemas que soportan este nuevo EJE y mejorar su rendimiento, hemos previsto la ampliación de la infraestructura de los centros de proceso de datos con 80 servidores de altas prestaciones, cinco cortafuegos de última generación y tres nuevos proxies que permitirán aumentar la capacidad y rendimiento de los sistemas.

En resumen, los expedientes judiciales entendidos como una sucesión foliada de hojas mejor o peor encuadernadas están a punto de pasar a la historia.

En el campo de las comunicaciones, se ha concluido la implantación de la versión 4.15 de LexNet, que amplía la información ofrecida al usuario y proporciona mejoras de la gestión de los documentos adjuntados en la comunicación, con una capacidad mejorada a 30 megabytes.

También facilita su uso por parte de colectivos como peritos judiciales, intérpretes, equipos psicosociales, comisiones de justicia gratuita, administradores concursales, registradores, notarios, policías autonómicas y todas aquellas entidades públicas que quieran adherirse al sistema de comunicación telemática judicial.

No hay que olvidar el desarrollo de la fiscalía digital, cuya puesta en marcha generó un grave desacuerdo con los miembros de la carrera fiscal. De nuevo, las visitas a las sedes fiscales y reuniones con sus miembros han permitido conocer su situación y recoger sus necesidades.

La evolución del sistema de gestión Fortuny a la versión 7.6 (ya testada en el proyecto piloto implantado en Castilla y León el pasado marzo) incorpora mejoras que facilitan a los fiscales la tramitación de los EJE de los que se les dan traslado.

Y ya está diseñada y en marcha la implantación de la nueva oficina fiscal en las sedes del territorio ministerio.

La lista de reformas acometidas es mucho más amplia. Todas las sedes judiciales disponen de un nuevo sistema de videoconferencia y videograbación más moderno con nuevos servidores de sala, cámaras digitales y sistemas de microfonía digital que incrementan la calidad de la imagen y el sonido captados. Nuevas conexiones wifi facilitan la conexión inalámbrica y permiten la movilidad.

También hemos reforzado los planes de formación (4.554 horas formativas impartidas, para lo que se han contratado a 63 formadores más) para capacitar a los usuarios el manejo óptimo de las soluciones tecnológicas implantadas.

Estas soluciones tecnológicas tendrán consecuencias en la oficina judicial, que será necesario revisar para generar nuevos protocolos funcionales y ajustar el nuevo modelo a las necesidades específicas de cada sede judicial, que no son homogéneas.

Ese proceso requiere mantener la estrategia de diálogo constante con todos los implicados, y se encuadra en el Plan de Calidad de la Justicia que ejecuta la dirección general para mejorar los estándares de satisfacción tanto de los ciudadanos como de los profesionales que prestan sus servicios en juzgados, tribunales y fiscalías.

El cambio del paradigma con el que el Ministerio ha abordado en esta etapa la modernización informática de la Justicia permite ahora vislumbrar con optimismo su futuro digital, imprescindible para incorporarla a la modernidad administrativa que evita la burocracia procesal o innecesarios traslados y tiempos de espera.

Y el EJE permitirá hacerlo incorporando a los procesos, con todas las garantías, nuevos medios de prueba como grabaciones o pruebas digitales que desbordan el marco de unos folios en un papel.

Son avances a disposición de las comunidades autónomas competentes en materia de justicia mediante la compatibilidad de las aplicaciones y la interoperabilidad de los sistemas.

No se trata solo de asegurar la eficacia del gasto público.

Desde el absoluto respeto a la autonomía territorial, este Ministerio no olvida el mandato constitucional de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los tribunales, separado y alejado de las influencias, interferencias y control de otros poderes ejecutivos del Estado o de las comunidades autónomas.

Estamos ya en condiciones de dotar a la Justicia de un modelo administrativo propio del siglo XXI que asegure su independencia y garantice en todo el territorio nacional una homogénea prestación del servicio público que presta.

Es un proyecto ambicioso pero cauto, sometido al control de los propios profesionales a los que va dirigido, que deben participan en su desarrollo.

Y el objetivo último es asegurar la mejor tutela judicial efectiva de ciudadanas y ciudadanos.

Para ello, el futuro de la Justicia debe ser digital, y no caben pasos atrás en ese camino.