El titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid, Tomás Martín Gil, ha admitido a trámite la denuncia del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados contra el constructor David Marjaliza por un presunto delito de aprovechamiento del secreto en relación al ‘chivatazo’ del caso Púnica.
La denuncia, presentada por Granados y el guardia civil José Luis Caro Vinagre, también condenado, se dirige contra Marjaliza, la que fue su secretaria Ana María Ramírez y su presunto testaferro Eduardo de la Plana.
Los acusan de haber aprovechado la información policial que el propio Granados le dio para destruir documentos (hasta «tres carros» de supermercado en «una noche de niebla») y ocultar fondos sin que fuesen acusados por ello, como sí pasó con Granados y Caro.
En un auto dictado el pasado 1 de mayo, el juez expone que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y ordena incoar diligencias previas de investigación.
Ha citado a declarar a Granados y a Caro el próximo 23 de mayo.
El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel impuesta a Granados por la Audiencia Nacional, por un delito agravado de aprovechamiento de secreto relacionado con el chivatazo que le dio un guardia civil sobre las investigaciones a las que estaba siendo sometido en la denominada ‘Operación Púnica’.
El agente que dio el aviso, José Manuel Talamino, fue condenado a dos años de cárcel, y José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excendecia, a año y medio de prisión y a cuatro de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
El único que recurrió en casación fue Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero de Presidencia e Interior madrileño, y exsecretario general del PP de Madrid.
Granados ya cumplió dos años y medio de prisión preventiva por el caso ‘Púnica’, que aún se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional.
LOS HECHOS SE REMONTAN A SEPTIEMBRE DE 2014, DURANTE LAS FIESTAS DE VALDEMORO
Dentro de la investigación por delitos de corrupción de la llamada ‘operación Púnica’, el agente José Manuel Rodríguez Talamino recibió la orden de colocar en la localidad madrileña de Pinto una cámara oculta en la puerta de las oficinas de otro de los investigados, David Marjaliza.
La noche del 5 de septiembre, durante las fiestas de Valdemoro, el agente alertó a Granados de que la UCO estaba actuando en Pinto y que vigilaba la sede de Éboli, donde se encontraba el despacho de Marjaliza.
Granados comunicó a su amigo Marjaliza la investigación de la que estaba siendo objeto por el pago de comisiones irregulares, una versión que el propio empresario defendió en calidad de testigo durante la vista oral.
Dijo que su exsocio le mandó quemar “en un día de niebla” todos los documentos que él guardaba en sus oficinas del edificio Éboli de Pinto. Entre estos documentos citó una libreta con pagos en negro a cargos políticos regionales.
Tras el soplo, el tribunal de la Audiencia Nacional señaló que hubo dos “consecuencias inmediatas”: la retirada del dispositivo de videovigilancia que se había colocado en las puertas de las oficinas de Marjaliza y la “adopción de cautelas” por parte de Marjaliza y su exsocio al conocer la existencia de esta operación.
La sentencia de la AN precisaba que se frustró la posibilidad de grabar a “concejales, asesores y exconcejales” que acudieron a su despacho.
Este juicio fue el primero de la trama Púnica.
En él, tanto el expolítico popular como los dos acusados negaron que se filtrara esa información.
Granados dijo que Rodríguez Talamino le había hablado de una operación de la Guardia Civil de carácter económico, pero que en ningún momento le nombró a Marjaliza ni le desveló el contenido de la misma.
El tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo relató en su sentencia que la utilización de la información recibida se tradujo directamente en un “beneficio económico” para Granados y Marjaliza, “mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos”.
Señaló que Granados, además de pedir a Marjaliza que destruyera la documentación que lo relacionaba con sus negocios, escondió el dinero que poseía en metálico (casi un millón de euros) en casa de sus suegros; y que Marjaliza, por su parte, ocultó el que guardaba en metálico en su caja fuerte y lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria.
