El ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el guardia civil en excedencia José Luis Caro, entienden que Marjaliza se benefició del chivatazo incurriendo en un delito de aprovechamiento o de revelación del secreto.
Granados y Caro, condenados ambos en firme por el ‘chivatazo‘ que el primero recibió cuando comenzaron las investigaciones sobre él en el caso Púnica, han denunciado por ello al constructor David Marjaliza.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido presentada en los Juzgados de Instrucción de Madrid y se dirige también contra la que era secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez.
También apuntan a su presunto testaferro, Eduardo de la Peña, basándose en la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y confirmada después en el Tribunal Supremo que condenó a Granados y Caro por ese chivatazo, la única pieza del caso Púnica que se ha juzgado.
Para la defensa de los denunciantes, es inexplicable que habiendo quedado probado en ambas instancias que Granados avisó a Marjaliza de que le habían puesto vigilancia en la puerta de su oficina y constando asimismo que éste se lo comunicó a su secretaria y a De la Peña.
Según los denunciantes le iban a ayudar a destruir documentación —«tres carros» de papeles que ardieron «un día de niebla»— ninguno de ellos fuese imputado ni juzgado por el mismo delito de revelación de secretos.
Adjunta por ello a la denuncia la transcripción tanto de las conversaciones telefónicas que acreditaron en el juicio del chivatazo cómo circuló entre ellos la información, como los extractos de la sentencia que dieron por probada la destrucción de documentos.
Se recogen también los fragmentos en los que se da por acreditado que tras la información recibida, Marjaliza «ocultó el dinero que tenía en metálico guardado en su caja fuerte».
Aseguran que «lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria», tal y como él mismo reconoció en el juicio en el que participó como testigo, no como investigado.
«OCULTÓ EL DINERO Y DESTRUYÓ LA DOCUMENTACIÓN»
«La utilización de la información recibida se tradujo directamente en un beneficio económico para el recurrente Granados Lerena y para el no acusado Marjaliza mediante la ocultación del dinero que poseían en metálico y su inicial sustracción a la investigación concreta y avanzada a la que supieron que estaban siendo sometidos», decía la sentencia del Supremo.
Para la defensa de Granados y Caro, «a pesar de todo ello, no han procedido los órganos de justicia a dirigir la investigación contra las demás personas que, por el principio de igualdad de armas procesales, deberían haberse visto sentadas en el banquillo de los acusados» junto a ellos.
«Marjaliza, con la ayuda de la señora Ramírez y el señor De La Peña obtuvo para sí mismo provecho económico, además de ventajas frente a la investigación y el desarrollo del proceso seguido en su contra», sostiene la denuncia.
El escrito incide en que «ocultó el dinero y destruyó la documentación» limitando la eficacia de la investigación contra él.
La defensa de Granados y Caro piden por ello que se les impute a los tres un delito de aprovechamiento del secreto, obteniendo Marjaliza y facilitando Ramírez y De la Peña, «beneficios y ventajas de la revelación recibida».
En caso de no apreciarse este tipo penal, propone el de revelación de secretos. Se pide, en todo caso, que los tres sean llamados a declarar como investigados.
EP.
