La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha detenido hoy a cinco personas relacionadas con un pago de 10 millones de euros al excomisario José Manuel Villarejo para frustrar la extradición del empresario Ángel Pérez-Maura García, que ha sido uno de los arrestados, junto a su hermano Álvaro.
Los otros detenidos son el abogado Enrique Maestre Cavanna; y los empresarios Adrián de la Joya Ruiz de Velasco y Francisco Javier Soucheiron Marcet, CEO de la naviera catalana ‘Grup Marítim TCB’, de la que Ángel Pérez-Maura es vicepresidente
Esta operación, en la que también se han realizado se han realizado diversos registros en sus respectivos domicilios así como en el de algunas sociedades vinculadas a los hechos objeto de investigación., ha sido ordenada por la Fiscalía Anticorrupción.
Adrián De la Joya, está imputado en el caso de corrupción Lezo e investigado por presuntamente haber mediado en el pago de comisiones para adjudicaciones de obra pública. Su nombre también salió a relucir en la instrucción del caso Pequeño Nicolás, dado que se trataría de una persona próxima al comisario Villarejo.
PIEZA PIT DEL ‘CASO TÁNDEM’
Los hechos se enmarcan en la pieza ‘Pit’ del ‘caso Tándem’, que investiga los pagos que Villarejo habría recibido para intentar frustrar la extradición a Guatemala de Pérez-Maura en 2016.
Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, se investiga el pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al presidente y la vicepresidenta de la República de Guatemala, entre otros, para que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., a través de su filial en Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar la entrega de Pérez Maura.
También se investiga la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Manuel Villarejo y en particular, su mercantil A Pérez y Cia S.L., para impedir la detención y extradición de Pérez-Maura, «así como para obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España».
El expediente de extradición se abrió en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional el 27 de abril de 2016 y fue archivado hasta en dos ocasiones por falta de la documentación necesaria que debían enviar las autoridades guatemaltecas.
Finalmente, el empresario compareció en febrero de 2018 y se negó a ser extraditado argumentando, entre otras razones, que es nacional español.
La cuestión quedó en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tras una vista celebrada el 21 de mayo de aquel año, acordó denegar la entrega a Guatemala.
‘El Confidencial’ vinculó con este procedimiento de extradición al exjuez Baltasar Garzón y a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, como posibles intermediarios.
Ambos lo han negado y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha desvinculado a la ministra de este procedimiento de extradición.
La Fiscalía Anticorrupción señala en el comuniado que «al hilo de algunas informaciones publicadas», quiere hacer constar que «la investigación no atañe a la actual ministra de Justicia en funciones», Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional entonces, y de «quien no consta tuviera intervención alguna en el citado procedimiento de extradición».
Guatemala pidió la entrega de Ángel Pérez-Maura por los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho.
La Audiencia Nacional, cuando denegó su entrega por ser de nacionalidad española, afirmó que en España solo se le puede investigar por este último delito y abrió la puerta para poderle enjuiciar en territorio español.
